El domingo 18 de diciembre del 2022 serán las internas partidarias simultáneas y  el domingo 30 de abril del 2023, las elecciones generales, según lo establece el cronograma electoral.

El lanzamiento oficial de la convocatoria será este lunes a las 11:00 en la sede del Tribunal Superior de Justicia Electoral, con presencia de Mario Abdo Benítez y representantes del Poder Legislativo y del Judicial.

En la ocasión darán detalles de los comicios internos que se celebrarán a fin de año y los generales del 2023.

El artículo 154 de la Ley No. 834/96 del “Código Electoral Paraguayo”, estipula que el periodo electoral nacional se hará en el mes de abril o mayo del año respectivo.

Con este acto ya queda descartada la posibilidad de habilitar a un cambio de día de las elecciones, como pretende el proyecto con media sanción de Diputados. El argumento fue que las internas coinciden con la final de la Copa del Mundo.

Enrique Riera, ministro del Interior, habló sobre el funcionamiento del Consejo Nacional de Inteligencia (CNI) , un órgano clave para la seguridad del país, que tiene como misión coordinar la evaluación de amenazas, mejorar la capacidad de anticiparse a posibles riesgos y reforzar el sistema democrático del país ante posibles desestabilizaciones.

Según detalló, el CNI está compuesto por ministros responsables de los ámbitos de seguridad y tiene como objetivo principal la protección de la estabilidad democrática del país. Explicó que el consejo es fundamental para el seguimiento de eventos potencialmente peligrosos, especialmente aquellos que podrían desconocerse en el momento pero que, a través de un monitoreo minucioso, pueden ser identificados a tiempo.

“Lo que hacemos es evaluar los acontecimientos, muchos de ellos desconocidos”, señaló el ministro en entrevista con Gen/Nación Media, destacando la importancia de la coordinación interministerial y la recopilación de información para prevenir cualquier tipo de amenaza. Indicó que en esta instancia, se analiza el cruce de datos provenientes de diversas fuentes, tanto abiertas como cerradas, para identificar actividades desestabilizadoras que puedan estar ocurriendo dentro o fuera del país.

Asimismo, dijo que uno de los ejes más destacados del trabajo del CNI es el monitoreo constante de la actividad digital y las fuentes abiertas, que se convirtieron en un clave vehículo para la propagación de ideas o movimientos potencialmente peligrosos. Riera mencionó que hay señales de intentos de desestabilización mediante convocatorias en redes sociales, en las cuales se intenta reunir personas con el fin de realizar manifestaciones que desafían a las autoridades legales.

“Hay gente que en algún momento dado prometió reunirse en cierto horario en ciertos lugares, convocó gente para reemplazar las autoridades establecidas. Estamos ya en el límite de la apología del delito”, explicó el titular del Interior, haciendo énfasis en la necesidad de estar atentos a cualquier intento de subvertir el orden constitucional. Aunque muchas de estas alertas resultan ser falsas o sin fundamento, el CNI se asegura de procesarlas para generar una respuesta adecuada y prevenir cualquier riesgo.

El ministro también subrayó la importancia de la cooperación internacional en temas de inteligencia. Como ejemplo de ello, destacó la creciente colaboración con Israel, en la que Paraguay trabaja de cerca con las autoridades de seguridad de ese país para fortalecer las capacidades en materia de prevención de riesgos. Esta cooperación es parte de una estrategia más amplia para mejorar los sistemas de inteligencia y coordinarse con otros países en la lucha contra amenazas globales.

“Estamos trabajando en niveles de cooperación más avanzados con Israel, particularmente en el área de seguridad. A través de ellos, podemos aprender lecciones valiosas sobre cómo gestionar la inteligencia en situaciones de alta tensión”, afirmó Riera. La cooperación también incluye el intercambio de información relacionada con movimientos radicales y la identificación de posibles amenazas en las fronteras, particularmente ante la creciente preocupación por la actividad de grupos extremistas como Hamas.

En esa línea, también reflexionó sobre el caso de Israel y su tragedia del 7 de octubre, cuando un ataque sorpresivo de Hamás dejó millas de víctimas. Este evento generó un fuerte cuestionamiento sobre la eficacia de los sistemas de inteligencia, pues muchos observadores señalaron que hubo señales claras que no fueron procesadas adecuadamente.

Por otra parte, el ministro hizo mención de los esfuerzos conjuntos con Estados Unidos, especialmente en la lucha contra el ciberdelito. En este sentido, dijo que Paraguay está fortaleciendo su capacidad para proteger sistemas clave ante ataques cibernéticos, algo que cobra una relevancia creciente en la era digital.

“Es un tema complejo, pero es necesario. Nosotros en Paraguay estamos comprometidos a no repetir los errores que se vieron en otros países, como el caso de Israel”, indicó Riera, resaltando la importancia de contar con sistemas de inteligencia capaces de procesar la información correctamente y reaccionar con rapidez ante cualquier eventualidad.

Finalmente, indicó que el Consejo Nacional de Inteligencia juega un papel crucial en la protección del sistema democrático de Paraguay. A través de la coordinación entre distintos ministerios y con el respaldo de la cooperación internacional, el país busca anticiparse a cualquier amenaza que pueda comprometer su estabilidad política y social.

Las actividades de monitoreo, la evaluación de riesgos y la prevención de desestabilizaciones son algunas de las funciones más importantes del CNI , que se mantiene alerta ante las posibles amenazas tanto internas como externas.

El Estado paraguayo, a través de la Procuraduría, presentó una demanda contra el Consorcio Siderúrgico Paraguayo (Cosipar), conformado por las empresas Cerro Lorito S.A. y la Cooperativa Multiactiva de Trabajadores de Aceros del Paraguay Ltda.

En el marco de esta acción, recurrió a la Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial (CIAC) para la conformación de un tribunal arbitral, a fin de analizar el caso que involucra a la otrora empresa estatal Acepar, que en la década de los ‘90 fue entrega a Cosipar para su administración.

Te puede interesar: Mujeres detenidas tras intento de ingresar municiones a la penitenciaría de CDE

Según explicó el procurador Marco Aurelio González, este arbitraje fue solicitado hace mucho tiempo, ante la falta de resolución del caso en instancias judiciales. “Se olvidaron de cumplir ciertos requisitos y por eso el Estado ha demandado en arbitraje”, indicó en entrevista con la 730 AM.

La solicitud puntual es que se anule la cesión al mencionado consorcio y que las acciones de Acepar vuelvan a pertenecer al Estado paraguayo, además del pago de una indemnización.

“En el compromiso de venta, había muchas obligaciones que estaban a cargo de los que compraron Acepar, como inversiones, ciertos cuidados, el deber de mantener unas pólizas e informes”, añadió el procurador.

Leé también: Fallecidos en pensiones: Registro Civil aboga por modernización tecnológica y legislativa

El mismo sostuvo que las expectativas de ganar el arbitraje “son altas”, en vista a todas las pruebas que certifican el incumplimiento del compromiso asumido años atrás con el Estado.

En la actualidad, Acepar se encuentra declarada “en bancarrota” y bajo administración judicial, mientras se resuelva la cuestión del arbitraje.

El director del Registro Civil, Roberto Zarza, se refirió al problema de la inclusión de personas fallecidas en las listas de beneficiarios de la pensión para adultos mayores, una situación que, según explicó, tiene raíces profundas en las deficiencias estructurales del sistema y la legislación vigente.

Zarza subrayó que la ley que regula el Registro Civil, la Ley 1.266 del año 1987, es la base de muchas de las dificultades actuales. “Es una legislación de 37 años que ya no responde a las necesidades del siglo XXI”, afirmó al canal GEN.

Según la normativa, los familiares de una persona fallecida tienen solo 24 horas para registrar la defunción, un plazo que resulta poco práctico, especialmente en áreas rurales o durante momentos de duelo. “En esas circunstancias, es improbable que las familias cumplan con este requisito, lo que provoca que muchos casos queden sin registrar”, agregó.

Por otro lado, Zarza destacó que solo el 50% de la base de datos del Registro Civil está informatizado, lo que complica aún más la posibilidad de cruzar información con otras instituciones, como Identificaciones o el Ministerio de Salud. Esto ha llevado a que las denuncias ciudadanas sean la principal vía para detectar errores en las listas de beneficiarios.

Para abordar estos problemas, Zarza propuso dos pilares fundamentales:

1. Actualización legislativa: Reformar la normativa del Registro Civil para adaptarla a los tiempos actuales y eliminar la carga excesiva sobre los ciudadanos.

2. Modernización tecnológica: Implementar sistemas interoperables que permitan el cruce de datos en tiempo real entre instituciones como el Registro Civil, Identificaciones y el Ministerio de Salud.

“El Registro Civil debe ocupar un lugar prioritario en la estructura institucional del país. La nación se construye con identidad, y con ella fortalecemos la ciudadanía y la democracia”, manifestó Zarza.

Aunque reconoció avances en áreas como la implementación del expediente electrónico y la bancarización de servicios, Zarza insistió en que estas medidas no son suficientes sin una inversión integral en tecnología y una reforma legislativa. “Actualmente, trabajamos con bases de datos heredadas que ya no funcionan. Es hora de tomar en serio este tema”, remarcó.