Un grupo de socios investigadores de la Sociedad de Economía Política del Paraguay (SEPPY) llevó a cabo un minucioso trabajo de investigación en los últimos meses con el fin de analizar el desempeño del jefe de Estado.

Como resultado de este trabajo se dio a conocer el “Informe de Gestión del primer año de gobierno de Mario Abdo Benítez”, el cual contempla varios aspectos que hacen a la administración del presidente de la República en estos primeros 12 meses.

La parte inicial del informe recuerda que las elecciones generales del año pasado en las que resultó ganador Abdo Benítez fueron catalogadas por diversos sectores como “fraudulentas”, esto en base a varias denuncias de supuesto fraude electoral, a lo cual se le suma la crisis interna dentro del Partido Colorado. Ambas situaciones “presagiaban una gestión con escasa legitimidad y poco que esperar por parte de la sociedad”, señala.

Así también, manifiesta que este primer año de gobierno “fue incluso peor de lo esperado”, atendiendo a las diversas dificultades que se fueron registrando desde el inicio. “A su fragilidad de origen se sumó un gobernante sin capacidad de liderazgo, sin un programa de gobierno con algo distinto que ofrecer a la sociedad, y con colaboradores en el gabinete de muy pobre gestión”, reza parte del texto.

El documento de la SEPPY también hace mención a la crisis suscitada a raíz de la firma del acuerdo energético y afirma que “las gestiones en torno a la energía de Itaipú llevadas adelante por el gobierno pueden ser catalogadas como una ‘traición a la patria’, por los términos absolutamente favorables al Brasil, en contra del Paraguay, plasmados en el Acta Bilateral del 24 de mayo pasado”.

“La crisis política desatada mantiene en jaque a Mario Abdo, dejándolo aún más debilitado”, indica el informe de gestión de gobierno.

Al hacer un análisis sobre el ámbito rural, manifiesta que este primer año de gobierno del presidente de la República “ha significado la continuidad del mismo modelo productivo, de tipo agroexportador extractivista, así como de las políticas públicas ejecutadas por el gobierno anterior, favorables al sector de los agronegocios”. Asimismo, reitera que la histórica demanda de acceso a la tierra por parte de la población campesina e indígena sigue sin ser parte de la agenda de los gobiernos de turno.

Entre otras cosas, hace mención de los varios desalojos y enfrentamientos que se fueron produciendo a lo largo de los últimos meses, teniendo nuevamente a este sector de la población como principal afectado.

En lo que respecta a la situación de los pueblos indígenas, los investigadores de la Sociedad de Economía Política del Paraguay resaltan que el gestión de Abdo Benítez y la de otros gobiernos anteriores desde el 1870 “no pasa del asistencialismo y de la defensa de la propiedad privada sobre lo que anteriormente constituían territorios indígenas”. Con ello, remarcan la crítica situación de este colectivo en cuanto a la cuestión de la tierra.

Sobre la maquila y la industria en nuestro país, el informe detalla que en lo que va de este gobierno (de julio del 2018 a inicios de abril del 2019) se han sumado 19 nuevas empresas, totalizando unas 188 empresas maquiladoras que operan actualmente en el país. En este caso, todas se encuentran orientadas al mercado brasileño.

Pese a ello, cuestiona este modelo de negocios promovido desde el Estado al asegurar que “más que un motor de desarrollo, la industria de maquila representa un proceso de anexión de parte de la economía paraguaya al Brasil y una falsa alternativa de desarrollo, cuyo crecimiento se sustenta en bajos salarios, malas condiciones laborales, entrega de los recursos energéticos al capital extranjero y la compresión del presupuesto nacional”.

El documento también analiza la situación de la clase trabajadora y manifiesta que la informalidad, el desempleo, los bajos salarios y la persecución a dirigentes sindicales han sido los hechos que marcaron el primer año de gobierno de Mario Abdo Benítez. En este apartado, se incluyen números y estadísticas que demuestran el panorama delicado por el que atraviesa el ámbito laboral.

“Posiblemente, el único evento positivo registrado durante este gobierno fue la aprobación del 100% del salario mínimo para el trabajo doméstico, como resultado de la incansable lucha de cientos de mujeres que se emplean en este sector para poder sostener a sus familias”, refiere el informe de SEPPY.

En cuanto a las relaciones económicas internacionales, asegura que el gobierno demostró tener iniciativa para la apertura de nuevos mercados, como en el caso de Turquía, además del existente con Rusia, con miras a la zona euroasiática, y hacia Bolivia, en nuestra región. Mientras, busca avanzar hacia el establecimiento de las relaciones diplomáticas con China Popular, sin cortar la histórica relación con Taiwán.

Igualmente, destaca que el valor total de las exportaciones de bienes -que había mostrado signos de moderada recuperación en el año 2018- volvió a dar “señales de alarma” en el primer semestre de este año. En lo que se refiere a las importaciones, en 2018 se recuperó y superó el valor total importado de 2014, vinculado con las partidas destinadas a la reexportación bajo el régimen del “turismo de compra”, cuyo destino principal es el Brasil.

El informe también señala que el crecimiento acelerado y excesivo de la deuda pública del país (con la emisión de bonos soberanos) fue objeto de duros cuestionamientos por parte del movimiento político que ocupa el gobierno de turno (Colorado Añetete), sin embargo, al asumir el mandato aceptó continuar con la política de crecimiento de esta deuda bajo el mismo concepto.

SEPPY analizó la cuestión tributaria durante el primer año de gestión de Abdo Benítez, haciendo mención al proyecto de ley de “De modernización y simplificación del sistema tributario nacional”. Al respecto, expresa que, tras pretender convertirse en una reforma impositiva, terminó siendo una reforma administrativa, sin cambiar la estructura de financiamiento del Estado.

Sobre el mismo punto, destaca la desigualdad en la distribución de los ingresos y los problemas para alcanzar el monto del salario mínimo, además de la incapacidad de un gran sector de la población para adquirir “lo mínimo para vivir” (canasta básica).

En cuanto a los derechos humanos, el documento afirma que en tan solo un año, el actual gobierno realizó desalojos en más de ocho asentamientos, dejando en la calle a más de 11.000 personas en distintos puntos del país. Asimismo, habla sobre la situación generada por la expulsión campesina de sus tierras, hecho que agudiza la crisis general que se vive hoy día.

“Por estas y otras acciones, además de los ineludibles antecedentes del actual Presidente del Paraguay, nos parece imposible que un gobierno de estas características respete y defienda los DDHH, y es necesaria la reacción ciudadana en defensa de la democracia, de los DDHH, porque el acuerdo general de la sociedad paraguaya, expresado en la Constitucional Nacional vigente así lo exige”, reza el texto.

El informe también aborda la muerte de reos en cárceles a consecuencia del funcionamiento de carteles del narcotráfico en el interior de las mismas, a lo cual se le suman los altísimos niveles de hacinamiento, tratos inhumanos, crueles y degradantes, además de tortura, sobre una población controlada por la masiva proliferación de drogas.

“En suma, podemos decir que el primer año de gobierno de Mario Abdo Benítez permite avizorar un escenario conflictivo, de profundización de la crisis socioeconómica, y de la necesaria organización y lucha por la reivindicación de los derechos humanos”, finaliza el informe de la SEPPY.

Además de los bidones de combustible transportados por la avioneta que capotó esta madrugada, en la escena del percance también hallaron dinero en efectivo.

Los fiscales Laura Ávalos y Andrés Arriola, de la Unidad de Filadelfia, confirmaron que los billetes son de la moneda norteamericana y que el fuego los dejó inservibles.

Los intervinientes pidieron la copia del circuito de seguridad del aeródromo. En el plan de vuelo encontraron que Tobías Vargas aparece como el propietario, pero este dato será contrastado con la Dinac.

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De hecho, el director de aeronáutica, José Luis Chávez, informó que la aeronave figura a nombre de Climarco SRL, pero que estaba en proceso de transferencia.

La avioneta siniestrada es de la marca Beechcraft, tipo Sierra B24R, año 1974, serie N° MC.248, matrícula ZP-THW. La máquina estaba al día en su mantenimiento, en regla con sus documentaciones y contaba con seguro.

El calcinamiento de la aeronave fue de un 90 %. Los fallecidos son Luis Alberto Franco Báez de 37 años, alias, “El señor de los cielos”, domiciliado en Saltos del Guairá, quien sería el piloto, y Carlos Alberto Morínigo Mendoza de 43 años, residente en Capiatá, pero oriundo de Horqueta.

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A la intensificación de las acciones contra la distribución de drogas se añadió otra intervención en zona del Km 7 lado Monday, donde se detuvo a un hombre de 35 años, quien se valía de un local de comidas y juegos para la distribución de chespi. Se trata de Fernando Rotela.

El informe de la SENAD refiere que en los últimos días un local de comidas fue puesto bajo la lupa de un seguimiento impulsado por la Oficina Regional de Ciudad del Este en conjunto con el Ministerio Público, encabezado por el fiscal Elvio Aguilera.

El lugar presentaba particularidades en las que se observaron movimientos de comercialización de drogas por parte del detenido.

El personal encargado del operativo desbarató el punto de tráfico con un allanamiento e incautación de 45 dosis de crack y dinero en efectivo.

Usar como fachadas para la venta de droga este tipo de negocios posibilita recurrir a los deliverys para distribuir la droga encargada por los clientes.

Luis Alberto Franco Báez (37), oriundo de Salto del Guairá, es el fallecido en el accidente aéreo registrado este viernes en Boquerón, Loma Plata.

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El hombre se hacía llamar “El señor de los cielos” y “Vaka resa”. Los fiscales Lorenzo Lezcano, Julio César Yegros e Israel Villalba llegaron a investigarlo por tráfico de drogas, pero no encontraron elementos que confirmen las sospechas.

Franco Báez también registra antecedentes por transgresión de la ley de armas y presunto lavado de dinero. En el año 2016 lo arrestaron con 30 proyectiles de arma de grueso calibre.

Asimismo, el 10 de julio pasado lo detuvieron por una denuncia que presentó su concubina por violencia intrafamiliar, pero posteriormente lo liberaron.

El otro fallecido es Alberto Morínigo Mendoza, 43 oriundo de Horqueta, pero con domicilio actual en Capiatá.

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