A través de su cuenta de Twitter, el senador luguista Miguel “Kencho” Rodríguez denunció que un sojero brasileño, a quien lo identificó como Banderley Matías, realizó amenazas de muerte a un grupo de indígenas de la comunidad Yvy ku’i Jovai – Plancha Julia, del distrito de Vaquería, Caaguazú.

El legislador compartió un video donde se observa al ciudadano brasileño hablar con un grupo de indígenas. Se escucha en la grabación que el sojero les da un plazo de 24 horas para abandonar el sitio, caso contrario iba a actuar. “Este va a ser el remedio de ustedes (alza su remera y enseña el arma que posee por la cintura), voy a traer 30 pistoleros acá, ese va a ser el remedio de ustedes”, amenaza y se retira a bordo de su camioneta junto con otras personas.

[ 1 ] Esta es la manera que los pueblos originarios sufren atropellos en sus tierras. Banderley Matías, sojero brasilero amenaza de muerte a lideres de la comunidad Yvy ku’i Jovai – Plancha Julia del distrito de Vaquería Caaguazu. pic.twitter.com/Lo03RGCXJI

— Miguel K Rodríguez (@miguelkenchor) March 25, 2021

El parlamentario señaló que dicha comunidad indígena tiene 60 años de ocupación en el sitio y que está compuesta por 50 familias, además cuenta con personería jurídica reconocida. “La violencia contra las comunidades indígenas debe cesar, y alcanzar en derechos”, resaltó.

Hasta el momento la Fiscalía ni la Policía Nacional se pronunciaron sobre este caso.

El Crio. Víctor Presentado, subjefe de la Comisaría 11 de Asunción, informó que, a las 3:30 de la madrugada recibieron el aviso del 011 sobre un asalto a mano armada en el local de Biggie situado sobre Denis Roa y Juan Manuel Frutos.

“Al llegar, nos recibieron con disparos e intentaron salir por la parte trasera, le tomaron como escudo a una empleada para huir, un hombre subió al auto, momento en que procedimos a su aprehensión e incautamos una pistola y una escopeta”, relató el comisario, en un contacto con Gen- Nación Media.

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El aprehendido fue identificado como Francisco Ramón Otazú Giménez, con antecedentes por homicidio doloso, robo agravado, reducción y otros hechos punibles.

Además, la Policía recuperó un vehículo de color negro que, según el chasis, presentaba denuncia de hurto en la Comisaría 15 de Barcequillo, San Lorenzo, por lo que, fue recuperado.

Los demás delincuentes huyeron a pie y se cambiaron de ropa por el camino para despistar a los policías y cada uno tomó una dirección diferente.

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El momento más esperado del año para todo trabajador es el del cobro del decimotercer salario, que equivale a la suma de todo lo percibido en el año, dividido entre 12. Se incluye horas extraordinarias, comisiones, etc.

Se excluye la bonificación familiar, reposo médico y el permiso por maternidad. Quienes necesiten un cálculo más exacto pueden utilizar la calculadora de aguinaldos, disponible en la página web del Ministerio del Trabajo.

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La fecha límite para pagar el aguinaldo es el 30 de diciembre del año en curso, según lo establece el Código del Trabajo. El empleador que pase esta fecha es pasible de una multa de hasta 10 jornales por cada trabajador, sanción que está a cargo del Ministerio.

Ante la falta de cobro, el trabajador puede hacer su denuncia a partir del 2 de enero del 2024 en forma presencial en la sede del Ministerio de Trabajo (Luis Alberto de Herrera esquina Paraguarí, Asunción) así como en las oficinas regionales del interior del país. Otras vías habilitadas son: denuncias online, o mediante llamada al 021- 729 0100, internos 551 y 552.

El aguinaldo es un derecho irrenunciable. Bajo ninguna circunstancia se puede negar el cobro de esta remuneración, incluso aunque el empleador acuse dificultades económicas o falta de utilidades. Ninguna carta ni documento puede acreditar la renuncia al aguinaldo. El aguinaldo es inembargable.

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El platal que se llevan de manera directa cier­tas organizaciones civiles, las famosas oene­gés, algunas que se jactan de anticorrupción mientras se alzan con miles de millo­nes en contratos entre las que aparece privilegiada una entidad satélite del Centro de Información y Recursos para el Desarrollo (CIRD), sugiere un alto grado de mer­cadeo gracias a la corrupción que se denuncia, por cierto, de manera muy selectiva.

Es así que la Federación de Entidades Vecinalistas del Paraguay (Fedem), mane­jada por un grupo de escra­chadores “anticorrupción”, se adjudicó G. 800 millo­nes en setiembre de 2021, es decir, en plena pande­mia, gracias a un contrato que le otorgó el Ministerio de Trabajo, Empleo y Segu­ridad Social (MTESS), con la administración de la exmi­nistra Carla Bacigalupo para la ejecución del proyecto “Formación y Capacitación Laboral para Comunidades de Escasos Recursos”.

Cabe remarcar que la Fedem funciona en una pequeña ofi­cina en la zona de Loma Pytã de la ciudad de Asunción, según constatamos con una visita de nuestro equipo. No se sabe de su estructura ni se ven mayores infraestructu­ras para la cantidad de cursos y especialidades que deman­daron los servicios contrata­dos consistentes en los cursos de cocina, albañilería, mecá­nica de motos y electricidad domiciliaria, que figuran en el contrato con el Ministerio de Trabajo. Además de este convenio hay otro de enero de 2021 firmado con el Sis­tema Nacional de Forma­ción y Capacitación Laboral (Sinafocal), también parte del MTESS para cursos de cocina, repostería, corte y confección, cajero en el marco del proyecto “Formación y Capacitación Laboral Online para Comunidades de Esca­sos Recursos”, cuyo monto no logramos identificar debido a que no se encuentra disponi­ble en el portal de rendiciones de cuentas de la Contraloría General de la República.

La Fedem es una de las orga­nizaciones que conforman la Coalición por la Legali­dad del proyecto Más Ciu­dadanía, menos corrupción impulsada por el Desarro­llo (CIRD) y que se dedican a talleres y protestas contra el nepotismo en el Estado, especialmente aquellos que involucran a sus corruptos favoritos. Así también entre las actividades de los antico­rrupción resaltan cuestiona­mientos a la falta de trans­parencia y la impunidad; sin embargo, no se inmu­taron ante la escandalosa repartija del dinero público entre el clan del presidente del CIRD, Agustín Carri­zosa Gubetich, ni la contra­tación de operadores políti­cos del movimiento político del expresidente Mario Abdo Benítez en las últimas cam­pañas electorales, a costa del sensible proyecto de Reacti­vación Económica Poscovid que costó G. 6.093 millones.

La hija de Carrizosa de nombre Paola Carrizosa Bradshaw; su pareja, María Berta Rojas Aveiro; su cuñada Marta María Rojas Aveiro; Carlos Francisco Alcaraz, hijo del coordina­dor del proyecto Más ciuda­danía, menos corrupción, Francisco Darío Alcaraz, inflaron sus bolsillos con proyecto poscovid.

El presidente de la Fedem Miguel Sanabria Irepa es un activo militante anticorrup­ción, se lo ve en redes sociales participando con aliados del CIRD como la oenegé Coor­dinadora de Abogados del Paraguay (Coapy), la Con­traloría Ciudadana Luque y Somos Anticorrupción.

Otros miembros de la privi­legiada oenegé Fedem con jugosos contratos en MTESS son Hugo Gualberto Váz­quez, Rubén Darío Esco­bar, Mariano Bareiro Soria, todos combatientes contra la impunidad y defensores de la Secretaría Nacional Antico­rrupción cuya eficacia genera muchas dudas.

Desde Nación Media con­tactamos con el presidente Sanabria, quien confirmó los acuerdos mencionados, pero dijo no recordar los montos de las transferencias recibi­das, dónde se desarrollaron los cursos y quiénes fueron los profesionales contra­tados para la ejecución de estos. Al ser consultado sobre la estructura con la que dis­pone la ONG, ya no obtuvimos respuesta.