María Elodia Almirón, doctora en Ciencias Jurídicas y especialista en materia de Derechos Humanos, en entrevista con la 970 AM habló sobre la audiencia pública que se celebrará en San José de Costa Rica en el marco de la denuncia presentada por Juan Arrom y Anuncio Martí.

Al respecto, explicó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) se encargará de analizar todas las pruebas que fueron presentadas por las partes (denunciantes y Estado paraguayo), posteriormente se pasará a la parte de los alegatos en la que escuchará a los involucrados en el pleito y finalmente se encargará de dictar la sentencia definitiva.

Almirón resaltó que la presencia de autoridades nacionales -incluyendo la del presidente de la República- no tiene ninguna incidencia en el caso, pues básicamente lo que se requiere es la participación de los representantes legales del gobierno en la audiencia, dado que los mismos tendrán a su cargo representar al Estado paraguayo.

Respecto al monto solicitado por Arrom y Martí en concepto de reparación económica (alrededor de US$ 63 millones), indicó que el tema pecuniario también se discute entre otros varios temas, aunque no es lo más prioritario. Como ejemplo, mencionó que las partes afectadas pueden pedir US$ 100 millones y la Corte Interamericana al final puede decidir darles solo US$ 20.000.

“Allí se discute todo tipo de daños, uno de ellos es el daño material que puede ser cuantificable de acuerdo a los parámetros establecidos por la CorteIDH”, acotó la experta en Derechos Humanos.

Sobre el mismo punto, Almirón sostuvo que no existen antecedentes de reparaciones económicas por “montos siderales”. En el caso de Paraguay, la cifra más elevada que se vio obligado a pagar el Estado fue por el incendio en el Instituto de Reeducación del Menor Panchito López, ocurrido en el año 2001, donde la condena fue de US$ 3 millones.

La profesional del derecho aclaró que, en este caso en particular, la Corte Interamericana de Derechos Humanos no tratará los casos de secuestro de los que se acusa a Juan Arrom y Anuncio Martí sino más bien de las prácticas de tortura cometidas por parte del Estado paraguayo (a través de la Policía Nacional). Por ende, la competencia de esta instancia supranacional no abarca los derechos de los secuestrados ni el caso del secuestro en particular.

“Es un debate que se ha instalado y es un tema muy sensible porque guarda relación con uno de los primeros secuestros cometidos en Paraguay (el de María Edith Bordón de Debernardi), pero ese tema no está metido dentro del debate procesal”, expresó Almirón a la 970 AM.

Por lo tanto, se puede precisar que lo que se analizará en esta audiencia es si es que el Estado paraguayo respetó o no lo establecido en la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos -también conocida como “Pacto de San José de Costa Rica”-, la cual fue aceptada y refrendada por nuestro país y los demás Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA).

“Cuando hablamos de violaciones de derechos humanos no la cometen particulares sino sólo los Estados, a no ser que se hablen de instrumentos específicos. Se debe analizar la figura del Estado como el principal garante de los derechos fundamentales de las personas pero también como sujeto de derecho público que puede violentar en forma directa el ejercicio de los derechos fundamentales de los individuos”, explicó.

Al ser consultada sobre la posibilidad de que, en caso de emitirse un fallo en contra del Estado, Paraguay decida denunciar a la CorteIDH o “salirse” del Pacto de San José, Almirón aclaró que esa decisión tendría que analizarse no solo a nivel del Poder Ejecutivo sino también en el Congreso Nacional. Entre uno de los procedimientos que se deberían llevar a cabo para concretar esa salida se encuentra la convocatoria a un referéndum para consultar el tema con la ciudadanía.

Países como Perú, República Dominicana o Venezuela han llegado a recurrir a esta instancia luego de estar en desacuerdo con algunos fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, según recordó.

En entrevista con la radio 650 AM, el juez Darío Báez señaló que la causa contra Patricia Samudio y su esposo José Costa Perdomo, “era muy simple”.

“Ambos terminaron condenados, con 4 años la señora Patricia y el señor José con 3 años y 9 meses, por el famoso caso de agua tónica de Petropar. Muy pocas veces tenemos tanta claridad desde el principio. El Ministerio Público creyó conveniente y presentó todo el argumento que existía, pero ya desde el principio era demasiado evidente que estas compras nunca se hicieron. Desde el principio era muy claro que nunca se realizaron estas compras y únicamente se utilizaron documentaciones para cumplir con lo que hace a las carpetas. Finalmente, es una compra disimulada con documentos”, señaló.

La condena se dio en torno al caso de sobrefacturación por la compra de “agua tónica” y otros insumos, ocurrido en un contexto de pandemia por el Covid-19 en mayo del 2020, que tuvo un perjuicio patrimonial de G. 359.700.000. Ese dinero fue a parar a una cuenta de una empresa privada con el único fin de cubrir una deuda que tenía el esposo de la titular de Petropar.

“Todo el tiempo estamos teniendo juicios de corrupción pública, pero este es mucho más ofensivo porque en ese momento de desesperación de cada paraguayo prácticamente, aprovecharon estas personas para poder pagar sus propias deudas”, cuestionó el magistrado.

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Por su parte, el fiscal Silvio Corbeta calificó el fallo como ejemplificador, ya que se trata de un caso muy grave en perjuicio al Estado en un momento de pandemia donde las personas eran afectadas en todos sus aspectos, al igual que la economía del país.

“La hipótesis del Ministerio Público quedó probada, que el dinero fue a parar a una cuenta de una empresa privada a los fines de cubrir una deuda. Mientras la gente se moría, se fraguó el hecho, con el único fin de enriquecerse. La empresa proveedora transfirió a un acreedor por instrucciones de José Costa y efectivamente actuó como pasamano del dinero de la institución para un beneficio patrimonial de saldar una cuenta de un pagaré”, expuso.

La constitución de esta región en zona roja, de alta movilidad de agrupaciones narco, empujó al gobierno a definir una mayor presencia, permanente, en el departamento que está siendo azotado por una guerra de pandillas que disputan territorios para producción de marihuana, y de pistas clandestinas para trasporte de cocaína.

La idea general de la nueva estrategia de seguridad para Canindeyu, contempla el uso de unidades especializadas en combate, inteligencia y el uso de nuevas tecnologías de control y detección de actividades irregulares.

La gran extensión del departamento, amplias zonas boscosas, lo convirtieron en escenario ideal para operaciones de grupos criminales. Entre estos resaltan que existen seis bandas, dos de las cuales: la liderada por Felipe Santiago Acosta, alias Macho, y la otra comandada por Benicio Silva, alias Silva hu, son las que disputan por la hegemonía.

En el caso del fugitivo Acosta, ahora se sabe que cuenta con el apoyo de una banda de sicarios, supuestamente liderada por Selva Portillo Rodas, alias ña Selva.

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La parte delantera de una camioneta donde se encuentra el motor, ardió en llamas esta mañana, pero gracias a la rápida acción del personal del Cuerpo de Bomberos Voluntarios, se logró sofocar las llamas antes de que el rodado sea consumido completamente por el fuego.

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De acuerdo al informe policial, se trata de una camioneta de la Marca Ford modelo Escape de clor negro, chapa UAE 592, propiedad de María Elena Barrios (47), de nacionalidad argentina, domiciliada en el barrio San Roque de Ciudad del Este.

La afectada manifestó a los intervinientes que minutos antes del incidente dejó su vehículo estacionado, poco después el guardia del recinto le avisó que su rodado se incendiaba.

Rápidamente se dio aviso a los bomberos voluntarios que lograron evitar que el fuego consuma por completo el automóvil.

Por el momento se desconoce cómo se originó el incendio, por lo que se procederá a la revisión para encontrar la causa.

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