En la jornada de ayer trascendió la noticia de que la Secretaría Nacional de Cultura (SNC) declaró oficialmente como “Patrimonio Cultural Inmaterial del Paraguay” a la sopa paraguaya, el locro, el vori-vori y el jopara.

A través de la Resolución Nº 592/2017, la institución estableció la pertenencia de los mencionados platos típicos, así como “sus recetas, conocimientos, prácticas y saberes que se transmiten de generación en generación y se documentan los elementos materiales e inmateriales asociados a ésta” como manifestación cultural de nuestro país.

Fernando Griffith, ministro de la Secretaría Nacional de Cultura, en entrevista con Radio Uno habló al respecto y manifestó que “se sienten contentos de poder contribuir con la defensa del patrimonio cultural del Paraguay”.

“El patrimonio gastronómico es tan importante como el musical o el histórico. El proceso es un poco más fácil, pero de igual forma se deben revisar documentos históricos, bibliografías, pedir la opinión de expertos, por eso 4 de las 200 o 300 recetas que pertenecen a Paraguay recién están en esa lista”, manifestó a la 650 AM.

El titular de la SNC mencionó que apenas el 2% de todo el patrimonio cultural del Paraguay está catalogado, por lo que considera que aún hay mucho trabajo por hacer y existen varias cuestiones que siguen pendientes.

Griffith resaltó el trabajo conjunto que realizan con la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI) ya que, además de las declaraciones de patrimonio cultural inmaterial, también se debe poner énfasis en la protección de la propiedad intelectual.

El ministro de Cultura indicó que la declaración de patrimonio cultural inmaterial tiene un efecto no solo legal, sino también político, sobre la protección de estas comidas típicas paraguayas. “Al hacer esto nosotros ponemos una muralla sobre estos productos en términos legales, esto le pertenece a Paraguay”, explicó.

Adelantó que ya están en tratativas para declarar al “pohâ ñana” (remedios yuyos / plantas medicinales) como “patrimonio mundial inmaterial”, aunque primeramente se debe seguir un largo proceso que incluye la visita de expertos del exterior, consultores, miembros de la UNESCO, además de una etapa de investigación, consulta literatura científica, entre otros.

La carga estaba consignada a la firma de remesas SAGA’S SA, procedente de Miami y consistía en un total de 19 bultos que sumaban 814 kilos. Mediante el perfilamiento de riesgo realizado por el equipo de Visturía y Resguardo de la DNIT, fue seleccionada una caja de 11,23 kg que aparentaba contener cremas corporales.

El paquete estaba destinado a un ciudadano identificado como Ramón Valiente, con origen en San Francisco, California, informó la DNIT.

El escaneo no intrusivo reveló la imagen de material orgánico dentro del bulto, motivo por el cual se procedió a la verificación física correspondiente. En su interior se detectaron 7,8 kilos de una sustancia vegetal sospechosa.

La intervención se realizó con apoyo de agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) y de Lala, el can antidrogas, que reaccionó de forma positiva ante la presencia de estupefacientes.

La sustancia fue entregada bajo acta al personal de la Senad para su análisis, custodia y procedimiento judicial correspondiente.

Según la denuncia presentada ante el Ministerio Público, se habrían comprado hamacas por un precio de hasta G. 1.258.000 cada uno y camisas de ao po’i a G. 1.021.000.

Asimismo, se habrían comprado pines de plata que fueron regalados a más de 50 autoridades extranjeras, cuyo valor oscilaría en G. 30.000, pero la Defensoría del Pueblo habría pagado G. 600.000.

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Estiman que el perjuicio patrimonial rondaría los G. 1.400 millones (Mil cuatrocientos millones).

La denuncia presentada por la activista social, Francisca Duré de Bernal (bajo patrocionio de la abogada Elva Rubira) fue realizada en contra del defensor del Pueblo, Rafel Ávila y los funcionarios Rebeca Miranda y Pedro Santacruz, quienes ocupan altos cargos administrativos en la institución.

Hamacas y camisas de oro: presentan denuncia contra el defensor del Pueblo.

Se solicitó la urgente imputación de los denunciados.

Cabe mencionar que, la jueza de garantías Diana Carvallo ya solicitó a la Cámara de Diputados el desafuero de Ávila por desacato judicial.

Lo que empezó como una simple solicitud verbal acabó a los tiros en el barrio Acaray de Ciudad del Este, departamento de Alto Paraná.

El protagonista de este episodio es Alcides Ramírez Esquivel (28), quien fue víctima de un amedrentamiento, con amenaza incluida, por parte de una turba.

Según el reporte, un grupo conformado por entre seis a ocho personas participaba de una fiesta en una casa quinta ubicada a pocos metros de la vivienda del afectado.

Debido a la polución sonora y las molestias ocasionadas en el vecindario, Ramírez fue hasta el lugar para pedir a los presentes que bajen el volumen de la música, a fin de dejarlo descansar.

Dicho pedido generó el disgusto del grupo, que siguió al hombre hasta su residencia para amedrentarlo, efectuando disparos al aire con intenciones de asustarlo.

Tras el incidente, los autores huyeron a bordo de una camioneta Kia Sportage de color blanco y un automóvil Toyota Vitz de color oscuro, sin llegar a ser identificados plenamente.

La Policía Nacional ya tomó conocimiento de lo ocurrido y se encuentra investigando el hecho, a fin de dar con el paradero de estos inadaptados.