El Directorio de la Comisión Nacional de la Competencia emitió en la fecha la Opinión del Directorio D/03/2022 sobre la Ley N° 6900/2022 “Por la cual se implementan medidas transitorias de contingencia para la comercialización del Diesel / Gasoil Tipo III y Nafta 93 octanos por Petróleos Paraguayos, a través de su red de estaciones de servicios habilitadas bajo el emblema «PETROPAR»; y se establecen medidas de racionalización del gasto público y otras, orientadas a la eficiencia de los procesos de compra pública para la provisión de combustibles derivados del petróleo”, en razón de una consulta de un operador del mercado de combustibles.

En su opinión, el Directorio de la CONACOM concluyó que, de la información pública a la que se ha accedido con referencia al proyecto de ley, no se acredita que el proyecto de ley cumpla con los principios de una regulación económica eficiente de proporcionalidad y neutralidad o no discriminación que justifiquen plenamente la intervención estatal, por lo que la misma devendría contraria a la Ley de Defensa de la Competencia.

El Directorio recomendó a los Poderes Legislativo y Ejecutivo realizar un estudio de impacto económico de la Ley N° 6900/2022, de manera a evaluar la necesidad y proporcionalidad de las medidas adoptadas; y, en su caso, proponer la modificación o derogación de la Ley en caso de constatarse que la misma no cumple con los principios para una regulación eficiente.

De acuerdo a los antecedentes, el 25 de marzo pasado, fue promulgada la ley mediante la cual se subsidian dos tipos de combustibles de Petropar, ante la escandalosa subida de los precios de los hidrocarburos. Esto ocasionó una drástica disminución de las ventas en los emblemas privados, ante la ida masiva a las estaciones de la petrolera estatal. Ante esta situación, los emblemas privados protestaron y colgaron las mangueras de las expendedoras de combustibles durante un determinado horario.

El procedimiento se realizó en el puesto de control de Vista Alegre. Según los intervinientes, un camión salió de un camino alternativo y con una maniobra brusca, terminó colisionando a la patrullera de la Prefectura Naval, lo que llamó la atención de los funcionarios quienes ordenaron al rodado que se detenga.

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El combustible estaba distribuido en 10 bidones de 1000 litros y, supuestamente, habrían ingresado desde Argentina. 

Los ocupantes del camión quedaron detenidos, y se calcula que la pérdida económica con esta incautación es de G. 220 millones.

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La complicada situación económica por la que atraviesan les obligó a recurrir a los pobladores de las comunidades donde realizan sus pasantías, y estos les asisten con comida para poder subsistir.

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La

Dra. Gloria Giménez en conversación con la 650 AM comentó que iniciaron sus funciones como pasantes el pasado 3 de abril, y el pago de sus salarios debe darse en la medida posible agilizando los trámites administrativos.

“Se debería de ver la manera de que estos trámites se agilicen porque es algo que se ve año tras año”, señaló la profesional.

Lo médicos, a través de una nota dirigida a las autoridades, se pronunciaron exigiendo el cumplimiento de la cláusula firmada en los contratos con el Ministerio de Salud, donde se establece el pago de la remuneración salarial correspondiente al trabajo realizado.

Piden respuesta inmediata a su pedido considerando las necesidades económicas por la que están atravesando 

Los allanamientos simultáneos se llevaron a cabo este miércoles en diferentes puntos de Ciudad del Este, como parte de una investigación sobre un presunto caso de “ordeñe” de combustible cometido por funcionarios de la municipalidad local.

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La Fiscalía informó que durante los procedimientos, se confiscaron diversas evidencias, incluyendo bidones, tambores, un motor utilizado para extraer combustible y otras pruebas relacionadas con el supuesto ilícito. 

La denuncia fue presentada por la Asesoría Jurídica de la institución comunal, revela que algunos empleados encargados de los vehículos municipales estarían desviando combustible a sus respectivas viviendas para uso particular. El descubrimiento de esta actividad ilícita se produjo a través de una auditoría y mediante el seguimiento de un sistema GPS.

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Conforme a la pesquisa, el perjuicio patrimonial para la municipalidad podría ascender a unos 60 a 70 millones de guaraníes mensualmente. Hasta el momento, no se realizaron detenciones con relación al caso. 

Sin embargo, los intervinientes notificaron a algunos de los presuntos implicados a través de sus familiares para que comparezcan mañana jueves ante el Ministerio Público a fin de prestar declaración indagatoria.