El gerente de prestaciones económicas del IPS, Pedro Halley, confirmó que los despedidos no entran en el subsidio que aplicar el IPS, pues la ley de emergencia nacional solamente establece dos causas.

La primera es el cierre total de la empresa, es decir, cuando una compañía cesa sus actividades. “Yo empleador cierro, no trabajo más, entonces no hay un despido, sino que desaparece una de las partes del contrato y por lo tanto no puede haber contrato”, aclaró Halley en entrevista con Gen.

Argumentó que en ese caso no existe una decisión de la patronal de desvincular a un colaborador por causa justificada o no, sino que es la empresa la que desaparece. Muy por el contrario, cuando se produce un despido, donde por ejemplo, una fábrica sigue funcionando, pero resuelve echar a uno o más de sus empleados y por lo tanto debe pagarle preaviso, indemnización, aguinaldos proporcionales, entre otras cosas con las que el afectado no queda sin ingresos de manera inmediata como sí sucede con los suspendidos.

La segunda razón para que el IPS conceda este subsidio especial es cuando alguien sufre la suspensión de su contrato por hasta 90 días (pueden ser 30, 60 u otra cantidad dentro del tope). Aquí también le corresponde este beneficio de manera proporcional a los días no trabajados, es decir, no necesariamente cobrará el monto total.

En ambos casos el subsidio va dirigido a quienes ganen hasta dos salarios mínimos, pero hay una propuesta de elevar ese techo hasta tres, ya que al principio se calculaba que los cesados serían unos 320.000, pero la curva se estancó en los 100.000, lo que da un amplio margen para hacer un segundo pago y para abarcar un universo más grande. Esta posibilidad se confirmará o descartará en la reunión del Consejo Directivo del IPS el próximo lunes.

LOS QUE YA NO RECIBIRÁN EL SEGUNDO PAGO

En el marco de la cuarentena inteligente, muchas empresas que decidieron suspender sus actividades volvieron a abrir y reincorporaron a sus empleados que también estaban cesados de forma temporal, por lo tanto, este mes les corresponderá volver a cobrar sus salarios y ya no el subsidio.

FORMAS DE ACREDITACIÓN

A los adjudicados les llegará un mensaje de texto comunicándoles la transferencia del dinero. Quienes tengan tarjetas de débito recibirán la acreditación en sus respectivas cuentas y por tanto podrán cobrar en cualquier cajero automático que corresponda a su red.

Sin embargo, quienes nunca tuvieron estas tarjetas deberán acercarse a cualquier sucursal del Banco Nacional de Fomento en días hábiles.

Los decomisos se realizaron en comercios y supermercados de Capiatá, según informaron desde el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES).

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Aparentemente, los locales intervenidos no cumplían con las medidas establecidas por la Ley de Pesca y Acuicultura para comercializar productos pesqueros. Igualmente, hallaron como piezas de animales silvestres, tampoco sin los permisos.

Se decomisaron aproximadamente 130 kilos de surubí pintado que, según el Mades, serán donados a entidades benéficas para su consumo.

La intervención fue llevada a cabo por técnicos de la dirección de Pesca y Acuicultura y la dirección de Fiscalización Ambiental del Mades.

Desde la institución recuerdan que la venta de animales silvestres y pescados sin medidas está sujeta a sanciones administrativas y penales.

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Vecinos de la zona dieron aviso a la Policía Nacional sobre la presencia de la recién nacida, tras escuchar el llanto de la misma.

Los uniformados se acercaron al lugar y constataron que aún tenía el cordón umbilical.

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La recién nacida fue derivada de inmediato al hospital distrital, donde se encuentra fuera de peligro y en estado de observación.

La interviniente es la fiscal María Angélica Insaurralde, quien se encargará de indagar a la madre.

Nelson Medina, asesor legal de la ANDE, comentó que hasta el momento 64 denuncias fueron formuladas en el Ministerio Público, pero durante los procedimientos no lograron que se allanen todos los lugares y las máquinas incautadas se devolvía nuevamente.

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En conversación con la radio Universo 970/Nación Media, explicó que están apuntando a nuevas alternativas jurídicas para sancionar y penalizar esta actividad que genera pérdidas millonarias a la institución y afecta al correcto suministro de la energía en el país.

“El problema de la ANDE no es el tema de la venta a las criptominerías que están legalmente constituidas, que sí pagan por el suministro eléctrico, tienen una tarifa diferenciada en dólares y es de conveniencia para la ANDE. Sino aquellas criptominerías en base a la sustracción de la energía electricidad cometiendo un hecho punible”, expresó Medina.

La ANDE no pudo recaudar G. 75 mil millones en un año con la instalación ilegal de las granjaminerías que utilizaron la energía y no pagaron por ella. Este millonario monto representa un daño económico a la institución.

Medina explicó que el cálculo del monto en juego se realiza con cada intervención, donde los técnicos verifican y realizan un promedio sobre el uso de la energía en la granja, allí se logran esos valores.

Esta mañana se llevó a cabo una audiencia pública en el Senado para debatir sobre el proyecto de ley que pretende prohibir la instalación de granjas de criptominería en nuestro país.

Plantean una restricción a la actividad de la criptominería y a la instalación de nuevas granjas de criptomonedas en nuestro país.

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