Paraguay no tiene una institución que controle los centros dedicados a rehabilitar a personas con consumo problemático de drogas, y ni siquiera el principal centro nacional cuenta con una habilitación para ello, admitió la directora adjunta de la Secretaría Nacional Antidrogas de Paraguay (Senad), Nancy del Valle, durante la presentación del informe de la OEA.

Los relatores del MEM puntualizaron además que no existen medidas alternativas a la cárcel para los adictos, que en su mayoría son sometidos a prisión preventiva, sumándose así al 70% de la población penitenciaria del país que permanece reclusa sin condena, según datos del Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura.

El texto del MEM, un organismo que pertenece a la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (Cicad), dependiente de la OEA, valora que Paraguay tenga una autoridad específica para la lucha contra las drogas, como es la Senad.

También destacó que exista una estrategia antidrogas nacional definida, un Observatorio Paraguayo de Drogas (OPD) e información sobre las áreas de producción de estupefacientes.

Los expertos del MEM, el peruano Martín Cubas y la panameña Sofía Kosmas, consideraron que en el país faltan estudios estadísticos sobre la demanda de droga, así como programas para la reducción de la demanda y para la rehabilitación de adictos.

El análisis del MEM pone en evidencia la carencia de un mecanismo que controle a las autoridades que se dedican a la erradicación de cultivos de droga, y la ausencia de estudios sobre cómo el narcotráfico afecta al medio ambiente.

Asimismo, sugiere que se redacte un protocolo para el desmantelamiento de laboratorios ilegales de cocaína y para la disposición segura de la droga incautada.

Para este fin solicitó que se promulgue una ley de extinción de dominio, que actualmente se discute en el Senado.

El proyecto a debate busca permitir que la Justicia incaute dinero, inmuebles y otras pertenencias que sean fruto del narcotráfico a cualquier persona que esté imputada por hechos relacionados con este negocio ilícito.

El texto, que aún no ha sido aprobado, prevé además que el dinero y bienes intervenidos sirvan para programas de rehabilitación de usuarios problemáticos de drogas.

El abogado Edgar González manifestó que su cliente es una persona trabajadora que dedicó toda su vida a la ropería y a la agricultura, como todas las familias de Villa Ygatimi.

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Desmintió que Selva Hũ forme parte de una organización mafiosa y que sea la persona que decide “quién vive y quién no”, teniendo en cuenta que la mujer es sindicada como líder de los sicarios en el departamento de Canindeyú.

“Ella es madre de familia y tiene a su cargo dos hijos que van a la escuela. Ella está nerviosa, con antidepresivos y temerosa. A ella se le involucra que está metida en homicidios. En portales. La Fiscalía da declaraciones sin aportar pruebas”, expresó el abogado González en conversación con radio Ñandutí.

Para la Fiscalía, Selva Hũ es sospechosa de ser la autora intelectual de la muerte de su padrastro y de otras personas en Canindeyú. Aparentemente, estaría vinculada al presunto líder narco Felipe Santiago Acosta, alias Macho.

La mujer está prófuga y días atrás, se ordenó su detención. Según Edgar González, esa acción es ilegal por lo que, presentó un Habeas Corpus preventivo ante la Corte Suprema de Justicia.

“Con irresponsabilidad dicen que tienen pruebas. Se basan en una orden de captura ilegal basado en un informe incompleto. Buscamos no eliminar la supuesta causa, sino que nos den la garantía procesal para que ella pueda presentarse ante la justicia sobre los supuestos hechos”, agregó el abogado.

En la noche de ayer se registró un incendio en un depósito situado en el barrio Las Carmelitas de Ciudad del Este, Alto Paraná.

Se trata de un tinglado que, a juzgar por las evidencias halladas, funcionaba como granja de criptomonedas, teniendo en cuenta que había varias máquinas mineradoras en el lugar.

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Tras recibir la alerta, acudieron al lugar bomberos voluntarios de Ciudad del Este, quienes trabajaron arduamente para poder sofocar el fuego.

Un total de 18 máquinas mineradoras de criptomonedas fueron afectadas por las llamas, de acuerdo al informe del diario La Clave.

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Dicha propiedad pertenece a Yselia Kronbauer (64), quien confirmó a la Policía que había alquilado el local a un brasileño de nombre Tiago Costa Márquez Varela (36). El mismo le había mencionado que utilizaría el espacio para la instalación de una carpintería.

El extranjero se encontraba en el depósito al momento de iniciar el siniestro, pero luego se fugó cuando llegaron los uniformados.

La intervención fue realizada de manera conjunta con técnicos de la Dirección Especializada de Delitos Ambientales, de la Municipalidad de Asunción y de técnicos del Instituto Forestal Nacional.

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Durante el allanamiento, verificaron la distancia entre el inmueble denunciado y el cauce hídrico del arroyo lambareño para determinar si el predio forma parte del bosque protector. También si la tala a ser realizada, correspondería al bosque protector referido.

Según los vecinos, el lugar ayuda a evitar que el cauce del arroyo Ferreira se desmorone en días de lluvias intensas, por lo que, piden frenar con la supuesta intención de talar los árboles,

La inspección incluyó la toma de puntos de georreferenciamiento, verificación del cauce hídrico y sus inmediaciones, a los efectos de corroborar el hecho denunciado. Por otra parte, los técnicos intervinientes manifestaron que se expedirán en los informes correspondientes, dando respuesta detallada sobre los puntos objeto de allanamiento.

Los intervinientes realizaron un cotejo con las documentaciones obrantes en el cuaderno de investigación fiscal, a fin de determinar si las autorizaciones emanadas de las autoridades administrativas se hallan conforme a los trabajos realizados hasta el momento y los que van a ser ejecutados.