Al parecer del reconocido abogado Ricardo Preda, los encargados de elaborar el proyecto de ley de emergencia sanitaria, presentado por el Ejecutivo, carecen en absoluto del conocimiento básico de la normativa penal. “Se juntaron entre cuatro paredes, sin una formación jurídica profunda y sin práctica en el derecho penal”, alegó.

En entrevista con el canal Gen y radio Universo, el letrado indicó que el proyecto genera mucha confusión, especialmente en las penas establecidas para los funcionarios que comentan un hecho indebido con las vacunas contra el Covid-19.

“No estoy en desacuerdo en establecer medidas administrativas ante el incumplimiento de las disposiciones sanitarias. Debemos prever sanciones en el ámbito administrativo pero no debe ser de manera genérica y hay que establecer el órgano competente para aplicarlas”, sostuvo.

En ese sentido, Preda no considera oportuno que el Ministerio de Salud se encargue ahora de realizar sanciones o sumarios administrativos, cuando en realidad debe abocarse a prever insumos, camas, gestionar vacunas, entre otros.

También argumentó que el Código Penal ya establece el hurto, sustracción y robo, figuras que son introducidas en este nuevo proyecto de Ley que será debatido en el ámbito legislativo.

Por último aclaró que su crítica va más hacia el lado jurídico y práctico, no desde lo ideológico. “No creo que haya una idea autoritaria en el Estado, sería asignar más crédito de lo que tiene. Es simplemente una torpeza jurídica, antes que una idea autoritaria. No pensaron en un algo autoritario. Es darle mucho crédito ya”, puntualizó.

#APunto

Conversamos con el abogado Ricardo Preda, acerca del proyecto de Ley planteado por el Poder Ejecutivo, donde se estipulan sanciones a casos de vacunaciones VIP.

https://t.co/fYMaekk5tL
@Universo970py pic.twitter.com/J1WF0apHFz

— GEN (@SomosGEN) May 6, 2021

A meses de concluir una administración, el Instituto de Previsión Social apura de forma llamativa una licitación de lavado y planchado que pretende adjudicar por un plazo de 10 años, por un valor de 67 millones de dólares.

Al respecto, el secretario general del Sindicato de Profesionales del IPS, Sergio Lovera, denunció que el manejo de este caso es totalmente irregular, al igual que otros como limpieza y seguridad y uso del combustible.

“Es una aberración, al firmar por 10 años un contrato, están comprometiendo el fondo de jubilación, el artículo 25 dice que el uso indebido de fondos jubilatorios es un crimen de lesa humanidad”, expresó Lovera, en una entrevista con radio Universo 970 AM – Nación Media.

Al respecto, anunció que presentará un amparo constitucional, con el objetivo de frenar la licitación en curso y evitar así que se concrete el llamado.

“Teniendo disponibilidad, solamente pueden comprometer el 20 %, esto es descabellado y es un asalto a mano armada”, denunció Lovera.

Puntualizó que Vicente Bataglia es el que se ocupa de las licitaciones y que, el verdadero presidente es el director de recursos humanos, que es el que decide todo.

Los agentes fiscales Fabiola Molas e Isaac Ferreira lograron la elevación a juicio oral y público del “Caso Navis”, que investiga un esquema criminal conformado por ciudadanos paraguayos y un ucraniano, quienes se dedicaban a la comercialización y el tráfico internacional de drogas peligrosas (cocaína clorhidrato), aproximadamente desde el año 2019.

El juez Gustavo Amarilla tomó la decisión con relación a los acusados Fernando Enrique Balbuena Acuña, Reinaldo David Delvalle Mendoza, Julio Antonio Acevedo Hauron, Julio Alejandro Acevedo Spaini, Viktor Melnyk por tenencia, comercialización, tráfico de drogas peligrosas y asociación criminal en calidad de autores, mientras que el procesado Críspulo Monzón Acosta fue acusado por tenencia de drogas peligrosas en calidad de coautor y asociación criminal en calidad de autor.

Según las investigaciones, las sustancias eran recepcionadas en pistas irregulares para su ingreso al territorio nacional y desde aquí su acondicionamiento para el envío mediante cargas lícitas en contenedores, que fue la principal modalidad utilizada por los mismos. La base de operaciones estaba en la ciudad de Eusebio Ayala y la droga supuestamente tenía a Europa como destino final.

Cabe resaltar que estas personas estaban encargadas de la organización y logística para preparar el alijo de cocaína, coordinar los transportes y la recepción del cargamento en nuestro país, para su posterior envío al extranjero.

La estructura criminal, tanto la asentada en nuestro país como la establecida en el exterior, hacía uso de aplicaciones de mensajería encriptada, para proteger mensajes, llamadas y comunicación entre la aplicación y los servidores (threema, signal, entre otros) logrando con ello ocultar la información respecto a las actividades ilícitas.

Es noticia hoy: Gobierno pagará subsidio al transporte, excepto “casos sospechosos”

Evodio Arrúa Garcete, de 51 años, relató a los agentes policiales de la comisaría 1° que se encontraba a bordo del automóvil sobre la avenida Mcal. José Félix Estigarribia (frente al local nocturno After Sunset) del barrio Boquerón, a la pesca de pasajeros.

En ese momento, se acercaron tres jóvenes y le solicitaron el servicio hasta la avenida Rgto. Sauce y Capitán Mirada del barrio San Agustín.

Lea: Gobierno pagará subsidio al transporte, excepto “casos sospechosos”

Una vez en la citada dirección, el que estaba sentado en la parte trasera tomó del cuello al conductor, allí los demás lo obligaron a descender de su rodado.

Evodio fue despojado de su vehículo y de todas sus pertenencias, como G. 300.000 que fue la recaudación del día, un teléfono celular y sus documentos personales.

El hombre indicó que el vehículo robado es de la marca Toyota, modelo Vitz, color plomo, con chapa BHJ-799 Py, pertenece a su hija Liz Dahiana Arrúa Samudio.

El hecho se comunicó al Ministerio Público para su intervención.

Lea más: Conductor se salva de milagro tras vuelco de su vehículo