Violeta Mendoza alquilaba un salón a Fretes Marín. En conversación con HOY comenta que ya desde el primer mes, en setiembre del 2018, Triana se comportó de manera irresponsable: “No me pagó todo lo que me tenía que pagar, ya comenzamos con el pie izquierdo”.

Cuenta que la señalada como estafadora acostumbra a hablar de sus problemas personales y de la “irresponsabilidad” de sus clientes que no aparecían a tiempo, a modo de excusa para no abonar a fin de mes. “Me pagaba a cuotas, cosa que me molestó mucho porque el alquiler se paga en una fecha pactada. Jamás pagó en tiempo y forma un solo mes, y se ofendía cuando le requería”.

Los reclamos fueron aumentando, hasta que Triana dejó de contestarle el teléfono. Conforme a esto, en diciembre le pidió que se retire de su propiedad pero ella se negó a salir y reaccionó hostilmente.

En base de engaños y maltratos, la aspirante política continuó ocupando el sitio hasta junio pasado, abonando solo hasta el mes de marzo

Cansada de tanto manoseo, acudió decidida a su propia casa a echarla pero fue respondida con agresiones físicas. “Hice una denuncia que no prosperó porque la fiscalía le pidió que saque todas sus cosas de mi casa pero se fue debiéndome tres meses de alquiler y más de un millón en concepto de energía eléctrica”.

Asevera que no pudo establecer un contrato de trabajo con la mujer porque no cuenta con IVA, debido a que tiene deudas y se encuentra en Informconf.

Tiempo después, Mendoza se topó con Fretes Marín y aprovechó el momento para reclamarle el dinero. “No tengo más nada que pagarte, ¿o no fue suficiente echarme de tu casa? Espero tu voto querida”, fue la respuesta que obtuvo de parte de la candidata a Juventud Colorada.

Agrega además que cada vez son más las personas que aparecen con una historia de estafa de parte de Triana.

La iniciativa fue impulsada por el Poder Ejecutivo e inicialmente expresaba que los dispositivos sean costeados por los procesados, sin embargo, ese punto fue modificado en Diputados donde se determinó que es el Estado debe ser el encargado en financiarlo.

Ese mismo punto fue motivo de debate desde el 2017, año en el que fue promulgada la ley, pero no era posible aplicarla.

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Las tobilleras serán implementadas con la finalidad de mejorar el sistema de control para aquellos que cuentan con prisión domiciliaria. Está destinado para que sea utilizado de manera general, no solo con feminicidas.

Según el ministro del Interior, Enrique Riera, existen los recursos para un plan piloto para el uso de las tobilleras, por lo que, había destacado la importancia de avanzar con la reglamentación.

La inversión inicial para el plan piloto es de de USD 3 millones e implicaría la compra de un mínimo de 100 y un máximo de 3.000 dispositivos.

“Hasta el momento se reporta una PPL fallecida de nombre Pedro Javier Cabañas Florenciano”, informó el Ministerio de Justicia.

La cartera estatal indicó además que la situación en la penitenciaría de está controlada y agentes penitenciarios proceden en este momento a una requisa en los diferentes pabellones.

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Disparos al interior del penal de Pedro Juan Caballero movilizó a policías y militares de la ciudad, encendiendo la alerta de las autoridades.

Los primeros estruendos se oyeron alrededor de las 15:20 de este miércoles, y siguieron por varios minutos en un escenario de tensión.

🚨 AHORA | Reportan un violento enfrentamiento entre miembros del Clan Rotela y el PCC en la Penitenciaría de Pedro Juan Caballero.

📌 Informes indican que habría dos fallecidos. Ya fueron enviados refuerzos policiales y antimotines en el lugar.

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— Universo 970 AM (@Universo970py) April 24, 2024

Los magistrados Laura Ocampos, Fabián Weisensee y Darío Báez dieron lugar al pedido de la defensa del exlegislador y declararon la extinción de la acción.

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La decisión fue tomada teniendo en cuenta la devolución del monto por el cual el exlegislador de Ybycuí fue imputado y la reparación social.

Cabe recordar que Rivas fue procesado por estafa al Estado. Según las denuncias, colocó a tres de sus caseros como funcionarios de la Cámara de Diputados desde junio del 2016 hasta febrero del 2017, por un monto de G. 45 millones.

Según informan, el exdiputado devolvió en total G 47.000.000, una suma superior por la cual fue procesado en cuanto a intereses.

En el marco de la causa, Reinaldo Chaparro, Lucio Romero y Nery Franco, caseros del diputado Tomás Rivas, fueron condenados a dos años de pena privativa de libertad con suspensión de ejecución de la condena y deberán reparar los daños causados al Estado paraguayo.