Superintendencia de Salud dará 30 días a establecimientos para que presenten habilitación

Los servicios sanitarios tanto públicos, privados y mixtos deben contar con la certificación que garantice el cumplimento de indicadores mínimos de calidad para funcionar como tales. La dependencia sanitaria apunta a que en los primeros 100 días todos los establecimientos presenten sus documentaciones.

Como primera medida de gestión del doctor Jorge Rodas como nuevo titular de la Superintendencia de Salud será solicitar a todos los establecimientos sanitarios, tanto públicos como privados y mixtos, el certificado de habilitación para su funcionamiento.

Dentro de los primeros 30 días se solicitará que se presenten los certificados de habilitación y como plan dentro de los primeros 100 días de gestión, que todas las instituciones estén habilitadas, afirmó el superintendente designado.

“Si encontramos que muchas instituciones no han podido cumplir, vamos a conversar armónicamente; como plan de los primeros 100 días, pedir que todas las instituciones estén habilitadas. No es posible que prestemos servicios a nuestros conciudadanos en un espacio no habilitado. Contar con el certificado significa un cumplimiento de los indicadores mínimos de calidad con los que debe funcionar el servicio”, agregó.

Al asumir el cargo, el doctor Rodas afirmó que es un reto atendiendo la delicada situación del sistema sanitario. “En un momento en que la salud del país está en estado de emergencia, me responsabilizo de una institución que tiene la función de velar por la calidad del servicio de salud y por la calidad de la prestación de servicios de salud”, puntualizó.

Según la Dirección de Establecimientos de Salud Afines y Tecnología Sanitaria

 

En vez de poner orden, la Corte genera incertidumbre con Bestard y Wapenka

Hasta el momento continúa la indefinición en el caso de los ministros del TSJE Jaime Bestard y María Elena Wapenka, quienes ya cuentan con mandato vencido, debido a que la Corte Suprema de Justicia aún no se expidió para declararlos o no inamovibles.

Desde el pasado 22 de agosto, Jaime Bestard y María Elena Wapenka se encuentran con mandato vencido, motivo por el cual se debe realizar una convocatoria a concurso para cubrir dichas vacancias.

Adrián Salas, miembro del Consejo de la Magistratura, en entrevista con Radio Uno comentó que ya hace dos meses remitieron al Senado un pedido de informe para tener datos de cómo fueron designados ambos ministros del TSJE.

Según explicó, este pedido fue realizado a la Cámara Alta debido a reclamos de diversos sectores y a raíz de que “se presta a confusión” el tema del fenecimiento del mandato, en el sentido de determinar si es que realmente Bestard y Wapenka ya son o no inamovibles.

Salas aseguró que ambos ministros ya habían recurrido a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para que sean declarados inamovibles de sus cargos, pero la máxima instancia judicial aún no se expidió sobre el asunto, lo cual impide tener certeza en el caso.

La misma Constitución Nacional establece que los ministros del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) serán removidos de la misma forma que un ministro de Corte -explicó-, entonces la cuestión radica en que si el Consejo de la Magistratura hace un llamado para cubrir esos cargos estaría incurriendo en un gasto importante, pero con el riesgo de que finalmente todo quede nulo.

“Si se presentan los interesados y de por ahí la Corte declara la inamovilidad de los ministros, se produce una cuestión muy incómoda [...] La Corte no tiene plazo para expedirse, pero si no se pronuncia, se hace el llamado y ya se conforma la terna ahí se produciría una situación irreversible, sería un descalabro”, afirmó Salas a la 650 AM.

Finalmente, confirmó que el CM no cuenta con la resolución de designación de Jaime Bestard y María Elena Wapenka, pero si allí dice que efectivamente fue por un plazo de 5 años, entonces necesariamente se debe hacer la convocatoria, a menos que la Corte Suprema de Justicia se expida y declare la inamovilidad de ambos.

 

MEC aparta a docente acusada de desvestir a su alumna

El Ministerio de Educación y Ciencias separó del cargo a la docente denunciada por supuestamente ir hasta la casa de una alumna y traerla de vuelta al colegio para sacarle la ropa en busca de un dinero extraviado. Las autoridades investigan el hecho.

María Belén Noguera, docente de una escuela subvencionada de Caaguazú, fue separada del cargo luego de ser denunciada por sacarle la ropa a su alumna de ocho años.

Desde ayer la profesora ya no ingresa a las aulas y en su reemplazo ubicaron a otra maestra que se encargará de continuar con el desarrollo del programa.

A través de la Dirección de Niñez y Adolescencia del MEC, la niña afectada recibirá asistencia psicológica por lo acontecido, como parte del seguimiento al que se comprometió en el caso la cartera estatal.

Según la denuncia formulada por la madre de la víctima, la maestra en cuestión se dirigió a la casa de la menor de ocho año, la trajo de regreso a la escuela y una vez allí le sacó la ropa.

La explicación de la profesora fue que lo hizo para buscar 800.000 guaraníes que habían desaparecido en el aula y que suponía, podrían estar en poder de la alumna.

Paralelamente al equipo técnico del MEC, la Fiscalía también inició una investigación para determinar lo que ocurrió y la presunta responsabilidad de la maestra.

 

Contralor urge que traten el juicio político en su contra

El contralor general de la República, Enrique García, pidió que de una vez traten el juicio político en su contra pendiente desde marzo pasado y dijo que en su momento responderá a las acusaciones que lo salpican.

Enrique García está acusado de producción de documentos no auténticos y uso de documentos públicos de contenido falso, hechos supuestamente cometidos cuando se desempeñaba como asesor Jurídico de la Municipalidad de Asunción.

En tal sentido, desde marzo se viene anunciando un juicio político en su contra, sin embargo, hasta ahora el tema continúa pendiente, por lo que el propio contralor pide finiquitar el caso.

“No estoy analizando libelo acusatorio, cuando lo tenga en mano, cuando sea la ocasión de la audiencia, vamos a debatirlo”, comentó García y aclaró que hasta el momento no le remitieron nada.

El caso se remonta al año 2016, cuando la empresa Ivesur le ganó una demanda a la Municipalidad de Asunción, sobre una indemnización por daños por no exigir la Inspección Técnica Vehicular (ITV) a los rodados que ingresaban a la capital.

En aquel entonces la condena a la comuna fue el pago de G. 8.000 millones por dicha indemnización, más G. 10.000 millones por los intereses acumulados. A pesar de la exhorbitante cantidad, García nunca presentó una apelación para salvar a la Municipalidad de semejante gasto.

Cuando el caso salió a la luz y se cuestionó la inacción, se exhibió una supuesta apelación extemporánea con una firma que no correspondía a ningún funcionario, es decir, era falsa.