Para el efecto, efectivos policiales de la Subcomisaría 01 del Barrio Arroyo Porã, distrito de Cambyretá, acudieron junto al Grupo de Operaciones Especiales (GEO), a cargo del Jefe de Prevención comisario Lucio Martínez.

El hecho se registró en el Pabellón “C” Planta baja, específicamente lugar de reclusión del Primer Comando da Capital (PCC), del Centro de Rehabilitación Social CERESO y fue comunicado por el Director del Penal, Gilberto Fariña Escobar.

El procedimiento de la cobertura de seguridad sobre el muro perimetral, fue realizado por la Policía Nacional junto con la Fuerza Armada y funcionarios de la penitenciaría.

Ministerio Público conforma equipo ante supuestas amenazas

Varias amenazas en diferentes cárceles del país, se hicieron eco por lo que el Ministerio Público conformó un equipo de trabajo con agentes fiscales, en caso de que se requiera tomar intervención y ejercer representación legal, según informó la fiscal general del Estado Sandra Quiñonez.

Los trabajos serán coordinados por la fiscal adjunta Gilda Villalba, quien trabajará en compañía de otros fiscales adjuntos de diferentes áreas, según el siguiente esquema de trabajo:

Penitenciaría de Tacumbú: fiscal adjunto Jorge Sosa y los agentes fiscales de la Unidad Especializada de Seguridad y Convivenicia de las personas, Eugenio Ocampos y
Juan Carlos Ruíz Díaz.

Penitenciaría de Emboscada: fiscal adjunto Roberto Zacarías y los agentes fiscales de Emboscada, Gedeón Escobar y Carlos Maldonado.

Penitenciaría de San Pedro del Ycuamandiyú: fiscal adjunto Federico Espinoza y los agentes fiscales Fani Aguilera y Jorge Encina de San Pedro y de Santa Rosa del Aguaray.

Penitenciaría de San Juan Bautista (Misiones): fiscal adjunto Federico Espinoza y los agentes fiscales Eduardo Alegre y Pedro Duarte.

Penitenciaría de Encarnación: fiscal adjunto Edgar Moreno y los agentes fiscales de Encarnación Enrique Díaz y María del Carmen Palazón.

Penitenciaría de Ciudad del Este: fiscal adjunto Edgar Moreno y los agentes fiscales Alcide Giménez y Cinthia Leiva.

Penitenciaría de Coronel de Oviedo: fiscal adjunta Gilda Villalba y los agentes fiscales Norma Ortíz y Fermín Segovia.

Penitenciaría de Pedro Juan Caballero: fiscal adjunto César González y los agentes fiscales Sandra Díaz y Katia Uemura.

Penitenciaría de Concepción: fiscal adjunto César González y los agentes fiscales María Esther Giménez y Leticia del Puerto.

Penitenciaría de Villarrica: fiscal adjunto Celso Sanabria y los agentes fiscales Carlos Alvarenga y Agustina Unger.

Vecinos de la zona dieron aviso a la Policía Nacional sobre la presencia de la recién nacida, tras escuchar el llanto de la misma.

Los uniformados se acercaron al lugar y constataron que aún tenía el cordón umbilical.

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La recién nacida fue derivada de inmediato al hospital distrital, donde se encuentra fuera de peligro y en estado de observación.

La interviniente es la fiscal María Angélica Insaurralde, quien se encargará de indagar a la madre.

Nelson Medina, asesor legal de la ANDE, comentó que hasta el momento 64 denuncias fueron formuladas en el Ministerio Público, pero durante los procedimientos no lograron que se allanen todos los lugares y las máquinas incautadas se devolvía nuevamente.

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En conversación con la radio Universo 970/Nación Media, explicó que están apuntando a nuevas alternativas jurídicas para sancionar y penalizar esta actividad que genera pérdidas millonarias a la institución y afecta al correcto suministro de la energía en el país.

“El problema de la ANDE no es el tema de la venta a las criptominerías que están legalmente constituidas, que sí pagan por el suministro eléctrico, tienen una tarifa diferenciada en dólares y es de conveniencia para la ANDE. Sino aquellas criptominerías en base a la sustracción de la energía electricidad cometiendo un hecho punible”, expresó Medina.

La ANDE no pudo recaudar G. 75 mil millones en un año con la instalación ilegal de las granjaminerías que utilizaron la energía y no pagaron por ella. Este millonario monto representa un daño económico a la institución.

Medina explicó que el cálculo del monto en juego se realiza con cada intervención, donde los técnicos verifican y realizan un promedio sobre el uso de la energía en la granja, allí se logran esos valores.

Esta mañana se llevó a cabo una audiencia pública en el Senado para debatir sobre el proyecto de ley que pretende prohibir la instalación de granjas de criptominería en nuestro país.

Plantean una restricción a la actividad de la criptominería y a la instalación de nuevas granjas de criptomonedas en nuestro país.

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Día tras día se intervienen locales e incautan máquinas tragamonedas que están instaladas de forma irregular, sin embargo, mientras esto ocurre, en otros sitios se instalan otras más haciendo que la actividad prolifere.

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Carlos Liseras, titular de la Conajza explicó que en todo el territorio del país la cantidad de máquinas tragamonedas que operan de manera clandestina es de 150.000. Un cifra altísima que preocupa a las autoridades.

En conversación con la radio Universo 970/Nación Media, indicó que estas máquinas crean adicciones en los niños y adolescentes, quienes se vuelven compulsivos con las apuestas, lo cual representa un peligro para su salud mental.

“Ellos pueden caer incluso en las garras de bandas criminales que venden estupefacientes al menudeo y arrastran a estos niños a que cometan hechos punibles. Es una situación lamentable la que estamos pasando”, expresó Liseras quien habló, además, sobre las acciones que emprendieron con el MINNA para frenar el flagelo.

Esta tarde, el MINNA, Ministerio Público y Conajzar formalizaron un acuerdo de cooperación para endurecer las medidas de protección de los niños, niñas y adolescentes ante la influencia de los tragamonedas.

Según Liseras, estas instituciones ya estaban trabajando en conjunto para combatir con la problemática y evitar que más niños caigan en el vicio del tragamonedas, pero el incremento de este negocio ilícito obligó a tomar otro camino.