La fiscal General del Estado, Sandra Quiñónez, sacó de la unidad adjunta de Ciudad del Este a Ricardo Merlo, bajo el argumento de una supuesta mejor organización, y lo derivó a la Fiscalía de Derechos Humanos de Asunción.

“Hace una semana conversé con la fiscal (Quiñónez) para regresar a la Capital, yo pedí mi traslado”, aseguró Ricardo Merlo en entrevista con la 730 AM y negó que existan motivos turbios detrás de esta movida.

No obstante reconoció que previamente hubo un allanamiento encabezado por el fiscal Miguel Vera, a una empresa que se dedica a las transacciones de bitcoins, aunque negó que el cambio guarde relación con esto.

Merlo adelantó que uno de los grandes desafíos en su nuevo puesto será preparar la contestación de la demanda de Juan Arrom y Anuncio Martí.

Recordó que en la Fiscalía siempre han existido traslados y lamentó que esto sea interpretado como si respondiera a una cuestión de “lucha contra la corrupción”.

“Instalar eso es atentar contra la gente que trabaja bien en el Ministerio Público, hay muchos fiscales que están haciendo bien su trabajo y no le temen a los desafíos”, dijo Merlo.

El fiscal Édgar Moreno fue designado en reemplazo de Ricardo Merlo.

Un conflicto familiar por la posesión de un terreno en el barrio Inmaculada, en Concepción, genera tensión entre dos ramas de la familia Cabrera. Una joven de 20 años denunció ser víctima de amedrentamiento y corte de suministro de agua potable por parte de su tío y su prima, en medio de un complicado proceso de sucesión que aún no se resuelve.

La denunciante, Larizza Cabrera, relató a un medio local que los problemas comenzaron tras la muerte de su padre, Víctor Cabrera Montiel, hace seis meses.

Según su relato, su tío, José Asunción Cabrera Montiel, y su prima, Mirna Cabrera González, intentan quedarse con la vivienda. La situación escaló el pasado martes cuando el suministro de agua potable fue cortado, pese a que Larizza y su madre residen allí junto a un niño de 1 año y 3 meses.

La joven asegura que la medida de corte contraviene una orden judicial de alejamiento vigente, y que sus familiares están impidiendo la reconexión del servicio. Contó que el terreno pertenecía originalmente a su abuela, quien falleció hace varios años, pero las disputas se intensificaron debido a la falta de un traspaso formal de la propiedad.

Por su parte, Mirna Cabrera González rechazó las acusaciones y ofreció una versión diferente de los hechos. Según ella, tanto Larizza como su madre no habrían contribuido al pago de los servicios de agua y luz, lo que llevó a una orden de desconexión en su contra. Además, argumentó que el terreno aún figura a nombre de la familia Jaquet y que la disputa forma parte de un litigio de sucesión que se prolongaría indefinidamente.

Este conflicto refleja una realidad común en muchas familias paraguayas, donde las disputas por la sucesión de bienes se complican por la falta de documentación legal clara y los procesos judiciales pendientes.

Según informó a Ñanduti Jorge Kronawetter, director de Migraciones, la visa de Xu Wei ya fue revocada, y se le concedió un plazo de 24 horas para salir del país.

En caso de que no cumpla con el plazo establecido, las autoridades procederán a buscarlo con apoyo de la Policía Nacional y lo escoltarán hasta el aeropuerto para concretar su expulsión. “Vamos a buscarlo y a expulsarlo si no colabora”, acotó.

“No esperamos mucha cooperación por su parte, ni siquiera quiso recibir la notificación. Además, en ningún lado consta que sea un diplomático”, declaró Kronawetter.

El visitante en cuestión violó los protocolos al asistir al Congreso Nacional donde manifestó que Paraguay debe romper relaciones diplomáticas con Taiwán para aliarse a China, hecho que fue calificado como intromisión a asuntos internos.

Con Xu Wei llegaron otros diplomáticos, con quienes no se registró ningún inconveniente similar, por lo que la medida solo fue aplicada con el hombre.

La comitiva china arribó al país únicamente para participar de la reunión de la Unesco, no estaban autorizados para asistir a ningún otro encuentro.

En la jornada de ayer se registró una nueva amenaza de bomba en la sede del Poder Judicial, ubicado en el barrio Sajonia de Asunción.

Luego de una evacuación de los funcionarios, jueces y visitantes de las dos torres del Palacio de Justicia, se realizó una minuciosa inspección que acabó descartando dicha versión.

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Pese a ello, el Ministerio Público inició una investigación para tratar de determinar el origen de la amenaza, siendo asignado para el efecto el fiscal Federico Delfino.

Según el periodista de Nación Media, Aldo Ynsfrán, las informaciones preliminares recolectadas dan cuenta de que la llamada de amanza fue realizada desde la cárcel de Emboscada.

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Con ello, se sospecha que el número de teléfono desde el cual se efectuó dicha comunicación pertenecería a una persona privada de libertad.

Se esperan mayores novedades conforme avance la investigación fiscal, principalmente para conocer la identidad de la persona responsable de tan grave amenaza.