Aproximadamente a las 10:00 de este viernes se produjo un incidente en la oficina de la Secretaría de Acción Social de la Gobernación de Alto Paraná.

Según datos proveídos a nuestra redacción, una persona que aún no pudo ser identificada aparentemente liberó un producto químico en el lugar, el cual se presume que sería gas pimienta.

Minutos después de producirse el hecho, algunos funcionarios empezaron a sufrir fuertes malestares además de sentir ardor en los ojos, lo cual refuerza la presunción del gas pimienta.

A raíz de esta situación, los trabajadores debieron ser evacuados del recinto, algunos inclusive llegaron a ser trasladados hasta el hospital de la zona para ser atendidos por los médicos.

Una de las funcionarias de la Gobernación de Alto Paraná comentó a HOY que el producto era tan fuerte que llegó a producirle vómitos y una sensación de falta de aire, lo cual hizo que entre en pánico y abandone rápidamente el lugar en el que se encontraba.

“Yo me fuí arriba a traer insumos para mi oficina, cuando salí afuera para ir en otra dependencia entró el gas pimienta por mi garganta y empecé a sentirme mal. Toqué una de las puertas, me abrieron y empecé a vomitar. Cuando me recuperé un poco salí por el pasillo y ahí peor me hizo, no sé cómo llegué hasta cerca de mi oficina, ahí mis compañeros me agarraron y me dieron de tomar leche”, expresó.

Asimismo, comentó que el efecto se pudo sentir en otras dependencias cercanas a la Secretaría de Acción Social, llegando incluso al piso superior, haciendo que una importante cantidad de personas se vean afectadas y tengan que verse forzadas a salir al exterior.

Agentes de la Policía Nacional acudieron a la sede gubernativa tras tomar conocimiento del incidente.

Hasta el momento se desconoce cuál fue el motivo por el que se liberó el producto químico y quién es la persona responsable de haber cometido el acto.

La causa está a cargo de los fiscales Yeimy Adle Monges, María Verónica Valdez y Silvio I. Corbeta Dinamarca, quienes sostienen que la administración municipal operó al margen de las normativas vigentes para direccionar fondos públicos.

Según la investigación fiscal, se detectó una estructura montada para eludir los mecanismos de control previstos en la Ley de Contrataciones Públicas. A través del Consejo Local de Salud, el esquema habría administrado de manera irregular más de G. 11.200 millones que debían destinarse a obras de infraestructura y mejoras operativas en el Hospital Regional de Ciudad del Este.

Entre las irregularidades documentadas por la fiscalía se confirmó un perjuicio patrimonial inicial de G. 757 millones, correspondiente a obras que no fueron ejecutadas o que presentaron costos sensiblemente sobrevalorados.

Las pesquisas revelaron un patrón constante de contrataciones direccionadas hacia empresas de fachada o firmas que carecían de la capacidad técnica mínima para llevar a cabo los trabajos adjudicados.

Uno de los hallazgos más relevantes en la acusación demuestra que una de las empresas beneficiadas con millonarios anticipos financieros operaba, en la práctica, como el estudio contable particular de una funcionaria de la propia municipalidad.

El caso pasa ahora a manos del Juzgado Penal de Garantías, que deberá fijar la fecha para la audiencia preliminar donde se resolverá si la causa se eleva a la etapa de juzgamiento público.

El avance en el esquema de fundaciones dentro del denominado Tramo 11 permitió habilitar de forma progresiva el montaje de la infraestructura superior.

Hasta la fecha, el frente de obra registra la ejecución acumulada de 100 pilotes, 57 encepados, 44 pilas y 11 dinteles distribuidos a lo largo del trayecto. Cada uno de estos pilotes cumple la función de transferir la carga de la plataforma elevada hacia los estratos más resistentes del suelo, mediante un proceso especializado que abarca la preparación del terreno, la perforación, el armado de estructuras de acero y el vertido de hormigón.

A pesar de ser elementos que permanecerán ocultos bajo la superficie, estas bases resultan críticas para garantizar la estabilidad, capacidad estructural y vida útil del viaducto. El desarrollo de las tareas mantiene protocolos de control técnico estricto y ensayos continuos, ajustados a las exigencias del Manual de Carreteras y las normativas viales vigentes.

Una vez finalizada, la autopista elevada dispondrá de dos calzadas con dos carriles por sentido, estableciendo una conexión directa entre las avenidas Ñu Guasú y Silvio Pettirossi con la ruta PY02, además de facilitar los accesos hacia Areguá, Ypacaraí y San Bernardino.

Esta obra, que contempla un trazado de 3,6 kilómetros e involucra una inversión total de USD 180 millones bajo la modalidad de Alianza Público-Privada (APP), busca transformar la movilidad diaria de más de 250.000 personas en uno de los corredores con mayor densidad vehicular del departamento Central.

Según detallaron los investigadores, la estructura logística desmantelada pretendía aprovechar la masiva concurrencia de personas durante las festividades locales para distribuir la droga a diversos puntos del Departamento Central.

Durante las incursiones a cinco viviendas, los agentes intervinientes confiscaron cocaína, marihuana y crack en dosis preparadas para su venta, junto con dinero en efectivo que ascendería a unos USD 1.500.000, presuntamente derivado del comercio ilícito y el lavado de activos.

Además del estupefaciente y el dinero, la comitiva policial incautó tres automóviles, entre ellos una camioneta Toyota Fortuner del año, motocicletas utilizadas para la distribución en la vía pública, armas de fuego, equipos electrónicos y dejó un inmueble bajo medida de incautación.

En una primera instancia, doce personas fueron demoradas en los lugares intervenidos; sin embargo, tras el cotejo de datos, ocho de ellas, señaladas preliminarmente como consumidoras, quedaron libres y comparecerán como testigos, mientras que cuatro presuntos integrantes directos de la banda permanecen detenidos.

Las investigaciones continúan abiertas para dar con el paradero del supuesto cabecilla de la organización criminal, quien no se encontraba en los inmuebles durante las intervenciones.