Tacumbú: Lo que implica la Comisión de Crisis que activó el Gobierno

A raíz del conflicto generado en la cárcel de Tacumbú, el Gobierno de Santiago Peña activó la Comisión de Crisis. La normativa establece disposiciones generales para la seguridad interna. Los alcances de la misma, en esta nota.

La Comisión de Crisis se encuentra estipulada en la Ley de Defensa Nacional y Seguridad Interna para controlar la situación de motín generada en la penitenciaría de Tacumbú en la tarde del martes.

Una de las medidas dispuestas por la Ley 1.337/99 es la movilización de fuerzas militares, que se encuentran como segundo anillo de protección en las inmediaciones del centro penitenciario tomado por el clan Rotela.

El artículo 54 de la mencionada ley permite la utilización de las Fuerzas Armadas: “El Ministerio de Defensa Nacional dispondrá, en caso de requerimiento de la Comisión de Crisis, que las Fuerzas Armadas de la Nación apoyen las operaciones de seguridad interna mediante la afectación de sus servicios y arsenales, intendencia, sanidad, remonta y veterinaria, y elementos de ingeniería militar y de comunicaciones, para lo cual se contará en forma permanente con un representante del Estado Mayor Conjunto en el Centro de Planeamiento y Control del Viceministro de Seguridad Interna”.

En tanto que, en su artículo 56 establece que el Presidente de la República puede decidir el empleo transitorio de elementos de combate de las Fuerzas Armadas dentro del ámbito territorial por decreto, y además de la Policía o de la Prefectura General Naval.

La comisión está integrada por el Ministro del Interior (en calidad de presidente), el Viceministro de Seguridad Interna, el Comandante de la Policía y el Prefecto General Naval. Además pueden incorporarse el Ministro de Defensa Nacional (como copresidente), y el jefe de Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de la Nación.

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Peatón muere arrollado en Caacupé: conductor no detuvo la marcha

Un peatón murió luego de ser atropellado por un vehículo en la ciudad de Caacupé, Cordillera. El conductor responsable del accidente huyó sin hacerse cargo.

Esta madrugada se registró un accidente de tránsito con derivación fatal sobre la calle 8 de Diciembre del barrio San Miguel de Caacupé.

Resultó víctima de este suceso Federico Almada, de 34 años de edad, domiciliado en vida en la compañía Potrero Po’i de la mencionada localidad cordillerana.

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El informe señala que el hombre murió luego de haber sido arrollado por un vehículo, cuyos datos se desconocen debido a que el conductor involucrado no detuvo la marcha y se dio a la fuga.

Tras ser alertados del hecho, acudieron al lugar bomberos voluntarios, quienes trasladaron al accidentado Hospital Regional de Caacupé, donde se constató su deceso.

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El cuerpo de Almada presentaba múltiples lesiones. El médico forense Dr. Luis Gómez diagnosticó como causa de muerte un politraumatismo de cráneo severo.

Acudieron al sitio del percance agentes de la Comisaría 1era de Caacupé y del Departamento de Criminalística de la Policía Nacional.

Incendian vivienda en comunidad indígena de Minga Porã: acusado es un adolescente

Un incendio consumió una vivienda en una comunidad indígena del distrito de Minga Porã, Alto Paraná. Las sospechas indican que el siniestro fue provocado de forma intencional.

En la jornada de ayer se registró un incendio de vivienda en la comunidad indígena Arroyo Azul de la colonia San Martín, en jurisdicciónd el distrito de Minga Porã.

El domicilio afectado pertenece a Cristian Gómez Araujo, indígena Ava Guaraní, quien encontró su hogar siendo consumido por las llamas al regresar.

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Según manifestó a la Policía, había salido de su domicilio para hablar con su concubina vía telefónica, ya que la misma se encuentra acompañando a su hijo que se encuentra internado en el Hospital de Trauma de Asunción.

En ese interín, una persona fue hasta la casa y provocó las llamas de forma intencional, haciendo que la vivienda quede reducida a cenizas.

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La víctima acusa como autor del siniestro a un adolescente de 16 años, identificado con las iniciales R. R., quien justamente fue el que días antes hirió con un machete a su hijo a la altura de la cabeza.

Tomaron intervención en el hecho agentes de la Subcomisaría 25ª. Así también, el caso fue comunicado a la Fiscalía para la investigación de rigor.

Estancia en litigio: ARP rechaza los ‘ocultos intereses’ de supuestas organizaciones

La Asociación Rural del Paraguay (ARP) denunció que existen intereses ocultos en la acción judicial entablada por parte de organizaciones contra los encargados de la Estancia Faro Moro.

La Asociación Rural del Paraguay (ARP) informó que tomó conocimiento del inicio de un juicio de amparo constitucional contra la Estancia Faro Moro, situada en el distrito de Filadelfia, departamento de Boquerón, en representación de algunas comunidades indígenas Ayoreo. El objetivo de la acción es detener el desarrollo agro ganadero en dicho inmueble, con el argumento que afectan el hábitat de grupos Ayoreos, supuestamente en situación de aislamiento voluntario.

Ante la gravedad de la denuncia, los representantes de la ARP contactaron con los responsables del establecimiento ganadero, quienes manifestaron que nunca tuvieron problemas con las comunidades indígenas de la zona y tampoco noticias de supuestos grupos de Ayoreos “en aislamiento voluntario”. Mencionaron que la estancia en cuestión lleva operando hace más de 30 años en la zona, sin que hayan existido conflictos con las comunidades indígenas Ayoreo, siendo incluso miembros de dicha comunidad trabajadores de la propia estancia.

De acuerdo con un comunicado difundido por la ARP, “los representantes del establecimiento ganadero exhibieron todos los documentos presentados por sus abogados en el juicio de amparo, que demuestran que la empresa realiza las actividades en la estancia, en cumplimiento de toda la normativa paraguaya que les habilita al desarrollo de pasturas y la producción agropecuaria en dicho establecimiento, contando con la licencia otorgada por el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), así como la autorización del Instituto Forestal Nacional (INFONA)”.

La ARP recordó que está firme ante la defensa de la propiedad privada (C.N. Art. 109), como también al cumplimiento de la legislación paraguaya avaladas en los permisos y autorizaciones correspondientes, por lo que no apañará a productores que trabajen al margen de la ley, quienes serán responsables de sus actos, pero así también, defenderá a aquellos productores agropecuarios que, en cumplimiento de la normativa nacional, se encuentran trabajando y aportando al desarrollo del país, creando fuentes de trabajo.

Por todo esto, la asociación indicó que rechaza “los intentos de supuestas organizaciones que, so pretexto de defender los derechos y las legítimas aspiraciones de las comunidades indígenas, sean utilizados para llevar adelante sus ocultos intereses. Esto crea incertidumbre a la producción agropecuaria, a los inversionistas y al sufrido productor nacional que, en pleno cumplimiento de la ley, ve amenazado su patrimonio y su futuro”.

Finalmente instan a las autoridades administrativas y judiciales a rechazar estos intentos, dando la seguridad a los productores paraguayos que desarrollan sus actividades en cumplimiento de las normas vigentes, que sus derechos no serán vulnerados.