En la localidad de San Joaquín, departamento de Caaguazú, la Escuela Básica María Mercedes Ramos de Vecbort, sufrió el derrumbe del techo de varias de sus aulas. Sucedió el Domingo de Pascuas.

A partir de allí, la gran noticia fue que el hecho no se haya producido en un día de clases, pues se pensó que se trató de algo espontáneo, debido a problemas de infraestructura. De hecho, las autoridades de la escuela solamente mencionaron que hace tiempo reclaman la reparación del techo.

Sin embargo, mediante testigos que grabaron el momento, se supo que un hombre cortó un viejo árbol del colegio con una motosierra, tras lo cual, el tronco cayó sobre el techo y provocó el desmoronamiento del mismo.

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Posteriormente, la licenciada Norma Ruiz, vicedirectora de la institución, reconoció que la Dirección dio la orden.

📍Caaguazú

Motosierrista echó un árbol y parte del techo de una escuela de San Joaquín, se vino abajo.

Los alumnos que acuden a la institución se salvaron porque el derrumbe ocurrió el fin de semana. pic.twitter.com/G4MuCQGhYc

— AhoraPy (@Ahora_Py) April 11, 2023

“Mandamos a limpiar porque vemos la necesidad de mandar limpiar, por eso mandamos a echar así los árboles, porque destruyen otras aulas, y sí, solamente un rasguño le hizo y ahí se produjo el derrumbe”, contó Ruiz, en entrevista con NPY.

Sin embargo, dijo que hace varios años vienen solicitando presupuesto para el mantenimiento de la infraestructura, pero no obtienen respuesta del MEC.

El director de Infraestructura del MEC, Víctor Villasboa, confirmó que se recibió el reclamo, pero aclaró que no existen recursos y que el presupuesto de este año es cero. No obstante, anunció un peritaje y una cuantificación de la reparación

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La reunión estuvo convocada y encabezada por el obispo de la Diócesis de Caacupé, monseñor Ricardo Valenzuela, en conjunto con el rector de la Basílica Santuario Nuestra Señora de los Milagros de Caacupé, el presbítero Rubén Darío Ojeda.

Durante el espacio, representantes de la Gobernación de Cordillera, la Policía Nacional y la Fiscalía expusieron sus primeras propuestas y planes de acción en un ambiente de cooperación y responsabilidad compartida.

Las instituciones participantes evaluaron experiencias previas e intercambiaron ideas para articular un plan integral que responda a la multitudinarias movilizaciones del próximo año.

Se acordó continuar con las mesas de trabajo interinstitucionales en dos próximas reuniones agendadas para el jueves 1 de octubre y el viernes 30 de octubre, ambas a las 9:00 horas, donde se concretarán los detalles logísticos y operativos finales.

La causa está a cargo de los fiscales Yeimy Adle Monges, María Verónica Valdez y Silvio I. Corbeta Dinamarca, quienes sostienen que la administración municipal operó al margen de las normativas vigentes para direccionar fondos públicos.

Según la investigación fiscal, se detectó una estructura montada para eludir los mecanismos de control previstos en la Ley de Contrataciones Públicas. A través del Consejo Local de Salud, el esquema habría administrado de manera irregular más de G. 11.200 millones que debían destinarse a obras de infraestructura y mejoras operativas en el Hospital Regional de Ciudad del Este.

Entre las irregularidades documentadas por la fiscalía se confirmó un perjuicio patrimonial inicial de G. 757 millones, correspondiente a obras que no fueron ejecutadas o que presentaron costos sensiblemente sobrevalorados.

Las pesquisas revelaron un patrón constante de contrataciones direccionadas hacia empresas de fachada o firmas que carecían de la capacidad técnica mínima para llevar a cabo los trabajos adjudicados.

Uno de los hallazgos más relevantes en la acusación demuestra que una de las empresas beneficiadas con millonarios anticipos financieros operaba, en la práctica, como el estudio contable particular de una funcionaria de la propia municipalidad.

El caso pasa ahora a manos del Juzgado Penal de Garantías, que deberá fijar la fecha para la audiencia preliminar donde se resolverá si la causa se eleva a la etapa de juzgamiento público.

El avance en el esquema de fundaciones dentro del denominado Tramo 11 permitió habilitar de forma progresiva el montaje de la infraestructura superior.

Hasta la fecha, el frente de obra registra la ejecución acumulada de 100 pilotes, 57 encepados, 44 pilas y 11 dinteles distribuidos a lo largo del trayecto. Cada uno de estos pilotes cumple la función de transferir la carga de la plataforma elevada hacia los estratos más resistentes del suelo, mediante un proceso especializado que abarca la preparación del terreno, la perforación, el armado de estructuras de acero y el vertido de hormigón.

A pesar de ser elementos que permanecerán ocultos bajo la superficie, estas bases resultan críticas para garantizar la estabilidad, capacidad estructural y vida útil del viaducto. El desarrollo de las tareas mantiene protocolos de control técnico estricto y ensayos continuos, ajustados a las exigencias del Manual de Carreteras y las normativas viales vigentes.

Una vez finalizada, la autopista elevada dispondrá de dos calzadas con dos carriles por sentido, estableciendo una conexión directa entre las avenidas Ñu Guasú y Silvio Pettirossi con la ruta PY02, además de facilitar los accesos hacia Areguá, Ypacaraí y San Bernardino.

Esta obra, que contempla un trazado de 3,6 kilómetros e involucra una inversión total de USD 180 millones bajo la modalidad de Alianza Público-Privada (APP), busca transformar la movilidad diaria de más de 250.000 personas en uno de los corredores con mayor densidad vehicular del departamento Central.