En una conferencia de prensa realizada esta tarde, las tres hijas de Óscar Denis sentaron postura sobre la reciente visita de una delegación procedente de Argentina que tiene como objetivo ubicar el paradero de Carmen Oviedo Villalba o “Lichita”, hija de Carmen Villalba y Alcides Oviedo Brítez.

Las mismas dijeron estar preocupadas por “el daño a la institucionalidad en la lucha contra las violaciones de los derechos humanos en nuestro país”, cuestionando las atribuciones asumidas por el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP).

Beatriz Denis, quien fue la encargada de leer el documento, recordó que la hija de Carmen Villaba y Alcides Oviedo Brítez había sido reclutada por sus propios familiares para formar parte del EPP.

Asimismo, repudió el hecho de que el MNP haya solicitado al gobierno paraguayo que este grupo de extranjeros pueda cumplir su cometido “sin ser importunado por hostilidades u otras acciones de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC)”.

Las hijas del exvicepresidente -hoy en manos del EPP- recordaron que la ley no le confiere al Mecanismo de Prevención de la Tortura la atribución de reconocer como “misión humanitaria” a un grupo de extranjeros que incursionan en nuestro país y desean arrogarse funciones competentes a los organismos de seguridad.

Teniendo en cuenta este aspecto, las hermanas Denis sostienen que el reconocimiento otorgado a esta misión humanitaria de Argentina “resulta ilegal, ilegítimo y arbitrario”.

En la carta, afirman que la intención era “dotar al grupo extranjero de absoluta inmunidad para realizar todas y cada una de las diligencias que desearen”, sin la intromisión de los organismos de seguridad, suponiendo de antemano que serían víctimas de hostilidades de la FTC.

A través de su cuenta de Facebook, la Asociación de Pacientes con Cáncer y Familiares (APACFA) hizo un descargo relatando la dura realidad que se vive actualmente en nuestro país.

En dicho posteo mencionan que una vez diagnosticada la enfermedad, el paciente oncológico necesita iniciar un rápido tratamiento, ya sea quimioterapia, radioterapia o, en el peor de los casos, llegar a una cirugía, teniendo en cuenta la celeridad para este tipo de patología.

Justamente a partir de allí comienza el viacrucis para los pacientes con cáncer, señala APACFA, ya que la espera que puede ser de días, semanas o meses hace que la enfermedad vaya avanzando en el organismo, muchas veces a pasos agigantados.

“Necesitamos una verdadera reforma de la Salud Pública y eso no pasa por un mero deseo o un populismo barato de quienes deberían velar por el bien común de un pueblo”, expresa el post publicado en Facebook.

Desde la asociación reclaman el faltante de numerosos medicamentos en el Instituto Nacional del Cáncer (INCAN), situación que hasta pone en riesgo la vida de los pacientes oncológicos.

“¿Mientras qué hacen los pacientes que no tienen el poder adquisitivo para comprar medicamentos? Hay personas que diariamente deben consumir su hormonoterapia oral y no lo pueden hacer de manera sistemática porque el Estado no provee. Mientras aguardamos que se pongan de acuerdo de cómo harán las licitaciones, LA VIDA DEL PACIENTE no es prioridad”, expresa el pronunciamiento.

Desde el inicio de la pandemia, la situación de los pacientes con cáncer ha venido agravándose no solo debido a la falta de medicamentos e insumos sino también al descuido que ha sufrido este sector por parte del Ministerio de Salud Pública, que ha centrado su atención e inversión en todo lo referente al COVID-19, descuidando a otras patologías que igualmente requieren de interés de las autoridades.

En el documento se establece que la fecha tope para poner al día las documentaciones respectivas es el 10 de noviembre del 2021.

Basilio Núñez, uno de los proyectistas consideró que es necesario aprobar este proyecto en virtud de la crisis económica que sigue golpeando al país en torno a la pandemia.

Cabe resaltar que desde el 16 de julio, la Policía Caminera ya tiene la potestad de retener los rodados que en los controles no cuenten con sus documentos al día.

Se estableció un periodo de gracia del 1 al 15 de este mes, en la que los controles iban a ser solamente de concienciación, para luego proceder a la retención y multa correspondiente que es de 446.000 guaraníes.

Entre otras cosas, los proyectistas buscan perfeccionar los mecanismos de los documentos habilitantes, mejorar el sistema de verificación y que sea una exigencia la inspección vehicular.

La Cámara de Senadores tiene ahora el proyecto en su poder para estudiarlo y dar una respuesta definitiva.