“Ni para geniolito tenemos, menos para pagar por una terapia”, afirmó Rosa Cristaldo, hija de Manuela Cristaldo de 68 años, paciente internada en el Hospital de Loma Pyta y que desde el sábado requiere con urgencia su traslado a una unidad de terapia intensiva debido a una complicación pulmonar.

La hija explicó que si bien en el centro asistencial realizan los trámites en la búsqueda de un lugar en cuidados intensivos, la familia también se encuentra solicitando el servicio debido al estado de salud de su madre que empeoró en los últimos días.

“Su diagnóstico no es bueno, le cuesta respirar y estamos desesperados”, señaló la mujer. Además de no concretarse el traslado debido a la falta de disponibilidad de camas en el sector público, la familia está comprando todo tipo de insumos y medicamentos en forma diaria lo que les dificulta porque no cuentan con los recursos para compras diarias. “Tuvimos que comprar un medicamento que cuesta 150.000 guaraníes, sonda y también un termómetro”, detalló.

Solicitó la atención de las autoridades sanitarias para que su madre reciba el tratamiento adecuado y logre mejorar su salud. “La burocracia es tan triste en estos casos y mucho no podemos hacer”, agregó.

Este caso se suma al más reciente de una bebé que nació en forma prematura en el hospital de Paraguarí esperando un lugar en terapia neonatal, pese a los esfuerzos por mantenerla con vida tanto de profesionales como de los familiares, finalmente falleció.

Sobre los pedidos de traslado a unidades de terapia intensiva, el doctor David Cardozo, director del Servicio de Emergencias Médicas Extrahospitalarias (SEME) informó que recibe de 8 a 9 pedidos al día solo en terapia intensiva servicio que provee el trasporte sanitario y cuenta con Centro Regulador que maneja la disponibilidad o no de camas y la posibilidad de traslado de acuerdo al tipo de patología que padece el paciente. Aclaró que los pedidos de traslado deben salir del médico tratante del servicio que asiste al paciente y en el canal correspondiente no incluye los pedidos que realicen los familiares de pacientes.

Salud Pública registró un crecimiento del 59% en la habilitación de unidades de terapia, de contar con 194 unidades en 2013, el año pasado se cerró con 308 unidades distribuidas en 158 camas de UTI adulto, 69 UTI pediátrica y 81 UTI neonatales. De acuerdo a los estándares de la OMS, Paraguay requiere aún habilitar el doble de camas de unidades de terapia intensiva para cubrir las necesidades de la población.

Un llamativo hallazgo dejó desconcertados a habitantes de la zona de Loreto, en un terreno baldío situado sobre la Ruta PY22, a orillas del arroyo Saladillo.

Se trata de una especie de cementerio improvisado, donde fue hallada una gran cantidad de restos óseos de animales vacunos, principalmente cráneos.

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De acuerdo al informe del periodista de Nación Media, Ángel Flecha, cerca de 500 ejemplares muertos ya habrían sido depositados en este sitio, que se encuentra cubierto mayormente por árboles y malezas.

Las sospechas apuntan a “cuatreros” que operan en la zona como responsables de arrojar en este terreno los restos del ganado robado de diversos establecimientos.

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Desde la Asociación Rural del Paraguay (ARP) - Regional Concepción lamentan que los abigeatos continúen campantemente en el departamento, por lo que exigen una acción más contundente a las autoridades.

“Algunos directivos ya han tenido 100 casos en el año”, expresó a GEN Gustavo Ruiz, presidente del citado gremio local. El mismo teme que exista complicidad de la Policía Nacional con estos criminales.

Con el propósito de garantizar una jornada electoral transparente, la Justicia Electoral pone a disposición de la ciudadanía datos e informaciones relevantes para las votaciones de este domingo en Ciudad del Este.

Una de las aclaraciones principales tiene que ver con la cédula de identidad, siendo el único documento válido para sufragar, sin importar si está vigente o vencida. En este caso, no se podrá utilizar el documento digital de la app Portal Paraguay.

Un total de 237.223 electores están habilitados para votar al nuevo intendente de la capital del Alto Paraná. Unas 795 Mesas Receptoras de Votos, distribuidas en 23 locales de votación, se encontrarán a disposición de los mismos.

Para estos comicios, se prevén una serie de prohibiciones, incluyendo la portación de armas de fuego a menos de 200 metros de los centros de votación, la venta de bebidas alcohólicas desde 12 horas antes del inicio de las elecciones y el ingreso al cuarto oscuro con teléfonos celulares o cámaras.

Una vez culminada la votación y cerrados los locales electorales, a las 17:00 hs se prevé iniciar el escrutinio público y fiscalizado, que luego dará paso a la Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP).

En esta oportunidad, nuevamente se implementará el Programa “Voto Accesible”, que contempla los servicios de “Voto en Casa” para personas con discapacidad física severa o que por motivos graves de salud no puedan acudir a su local de votación, y el “Voto en Mesa Accesible” para adultos mayores o personas con dificultad para movilizarse, disponibles en todos los locales de votación.

Los ciudadanos esteños pueden consultar su local de votación ingresando al sitio padron.tsje.gov.py. Para informes, se encuentra habilitado el número 134, de la Oficina de Información y Respuesta Electoral (OIR), además del teléfono (021) 618 0111 (Centro de Atención al Ciudadano) y el WhatsApp +595216180111.

El documento tiene la intención de remediar la situación de re victimización que padecen ante la burocracia estatal, y en particular ante el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), quienes fueron declarados víctimas de violaciones de derechos humanos durante la dictadura stronista, entre los años 1954-1989.

La iniciativa apunta, exclusivamente, a las solicitudes de indemnización que ingresaron en plena vigencia de la ley Nº 838/96, el cual en su artículo 3 establecía que la Defensoría del Pueblo es el ente encargado de recibir y evaluar reclamos por indemnización.

Estipulaba, igualmente, que la duración del proceso no tenía que sobrepasar 90 días y que requería la revisión y dictamen de la Procuraduría General de la República (PGR). Sin embargo, establecía, con meridiana claridad, que su dictamen no eran vinculante para la decisión final de la Defensoría del Pueblo.

La exposición de motivos explica que la citada disposición fue modificada por la Ley Nº 4381/2011, la cual establece que la Defensoría del Pueblo debe enviar las pruebas a la Procuraduría General de la República para que emita un dictamen, en un plazo de 30 días. Dicho dictamen es un requisito previo para que la Defensoría del Pueblo resuelva sobre la calificación e indemnización.

Los proyectistas explican que hay casos que comenzaron cuando regía la antigua Ley 838/96, la cual permitía indemnizar a los hijos menores de las víctimas de la dictadura.

Sin embargo, la Procuraduría General de la República (PGR) emitió sus dictámenes recién en 2011, 2012 y años siguientes, oponiéndose a las solicitudes de indemnización.

Aducen que, a pesar de estos dictámenes negativos, la Defensoría resolvió aprobar las indemnizaciones. “El problema actual es que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), en lugar de proceder con los pagos, vuelve a enviar los expedientes a la PGR pidiendo un nuevo dictamen. Esto genera demoras innecesarias, ya que según la ley anterior, estos dictámenes no son obligatorios”, según entienden los legisladores.