En contacto con HOY, la Cap. Ppal. Sandra Barrios expresó su posición respecto al artículo que habla deuna reciente auditoría financiera en el CBVP(donde se menciona su nombre) y afirma que no tiene vinculación alguna con las irregularidades allí mencionadas.

En ese sentido, se desmarcó de Rafael Valdez, anterior presidente del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay, y sostuvo que en ningún momento apañó los supuestos hechos de corrupción de los que se acusa al mismo, además de no estar ligada a la causa penal abierta en su contra.

Barrios indicó que durante todos estos años en los que viene desempeñándose como tesorera del CBVP nunca ha recibido denuncias en su contra o ha sido procesada, por lo que su nombre y su gestión están limpios.

A su criterio, detrás de la publicación en la que se menciona su nombre estaría Gustavo Céspedes, asesor del candidato a presidente del CBVP Carlos Torres Alujas, aparentemente con el fin de desprestigiarla a días de que se celebre la Asamblea Nacional y se elijan las nuevas autoridades, esto teniendo en cuenta que ella también es candidata a la Presidencia del CBVP.

La tesorera también afirmó que las personas que realizaron la denuncia de manera pública mintieron, puesto que habrían ocultado documentos a los responsables de efectuar la auditoría en el Cuerpo de Bomberos.

Los períodos mencionados en la publicación de nuestro medio fueron fiscalizados por la Contraloría General de la República, ente que realizó algunas observaciones tras hacer la revisión de todos los documentos pero ninguna de ellas del tipo que se publicó, señaló.

Sobre el punto, mencionó que el pasado 10 de abril fueron devueltos al Departamento de Contabilidad del CBVP un total de 25 biblioratos que habrían llevado y guardado “en una caja bajo llave”, según sus propias expresiones, sin hacer entrega a los auditores de la Consultora CEO.

Uno de los documentos facilitados por Barrios a nuestra redacción confirma que el capitán Emilio González retiró 36 biblioratos de la institución correspondientes a los periodos 2017, 2018 y 2019 en fecha 5 de abril del 2022, devolviéndolos tres días después y dejándolos en “una caja cerrada”.

“Los documentos que dicen haber encontrado como faltantes están respaldados y están ahora en contabilidad desde el día lunes cuando pudimos recuperar aquellos que Emilio González y Gustavo Céspedes tenían guardados a propósito”, expresó Barrios.

Respecto a los cheques sin respaldo documental, negó una supuesta “tragada” de recursos y afirmó que los cheques emitidos a nombre de Rolando Valdez corresponden a una devolución de préstamo sin intereses que él como voluntario hizo al CBVP para devolver dinero al Ministerio de Hacienda. “La institución recibe el desembolso de Hacienda y en el 2017 le fueron rechazadas facturas de gastos por no reunir los requisitos exigidos. Cuando se rechaza una factura, Hacienda exige que se devuelva el dinero, entonces Valdez realizó el préstamo para cumplir con ese requisito”, agregó.

En igual sentido, puntualizó que el cheque a nombre de Rubén Valdez era por un pago de servicios rentados realizados por trabajos de evaluación de riesgos y prevención de incendios efectuados en las cárceles luego de un incendio en la Penitenciaría de Tacumbú, comprobante que se encuetra adjunto dentro de esta publicación.

“Independiente del resultado de la auditoría, yo estoy como Tesorera Nacional desde el 2021 y durante mi gestión no existió ninguna irregularidad. Resulta indignante que me involucren malintencionadamente en esto solo para confundir al voluntario que va a elegir a sus autoridades este domingo”, reiteró en conversación con HOY.

Barrios lamentó la aparente mala intención de Emilio González y Gustavo Céspedes, quienes -dijo- retuvieron documentos para que la auditoría al CBVP tenga un resultado distinto al esperado.

Desde el Centro Educativo Arambé, ubicado en la ciudad de Luque, anunciaron el logro obtenido luego de una intensa campaña de recaudación de fondos.

Finalmente, lograron asegurar los recursos necesarios para cubrir los gastos y así poder participar del Mundial de Robótica, a realizarse este mes en la ciudad de Dallas, Texas (EE.UU.).

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Una comitiva de alumnos y docentes viajará la próxima semana a suelo norteamericano para ser partícipes, tal y como en años anteriores, de esta cita que congregará a otros estudiantes de diversos países del mundo.

Son 13 estudian­tes del Centro Educa­tivo Arambé los que representarán a Paraguay en el Mundial de Robótica, cada uno de los cuales requiere de un promedio de G. 17 millones para gastos de traslado, estadía y otros.

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Cabe recordar que la clasificación para el Mundial de Robótica, obtenida en diciembre del año pasado, se dio en las categorías de “VRC Middle School⁣” y “VRC High School”.

Para llegar a la meta, se organizaron una serie de actividades y eventos, incluyendo un Karu Guasu que se llevó a cabo el último fin de semana en el predio de la institución, ubicada en el barrio Brítez Cue de Luque.

Por 32 votos a favor y 26 en contra, Zully Vera derrotó a su contrincante de turno, Roberti González, decano de Economía, y fue nuevamente electa rectora de la Universidad Nacional de Asunción (UNA).

EN DESARROLLO.

Una auditoría interna del IPS, realizada en respuesta a denuncias de jubilados de la previsional, desembocó en una denuncia ante la Fiscalía contra los funcionarios Juan Emilio Cabañas Velázquez y Víctor Pablo Monges Rojas.

Para llegar a esta instancia, se procedió a la verificación de 25 solicitudes de préstamos presentadas en febrero y pendientes de aprobación.

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Los funcionarios del Departamento de Préstamos, según el informe, pidieron dinero a los jubilados a cambio de agilizar los créditos. Además, los certificados médicos no fueron emitidos por los doctores cuyas firmas figuran en los documentos, o al menos, los médicos niegan haber evaluado a los pacientes mencionados.

Durante las entrevistas hechas a dos de los jubilados denunciantes, ambos coincidieron en que recibieron la propuesta de agilización y de contactos con determinadas personas para obtener el dinero.

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Los antecedentes y datos recabados fueron remitidos a la Dirección Jurídica y posteriormente, con autorización del Consejo del IPS, se formuló denuncia contra los funcionarios mencionados.

Cohecho pasivo agravado y producción de documentos no auténticos, previstos en los artículos 301 y 246 del Código Penal son los hechos punibles denunciados.