La exigencia para recuperar esas tierras mal habidas durante la dictadura de Stroessner ha cobrado actualidad estos días tras las denuncias presentadas por varios gremios agroganaderos contra tres senadores por supuestamente alentar las ocupaciones de los campesinos sin tierra.

La denuncia empresarial ha tenido un efecto bumerán, al sacar a la palestra el informe de 2008 de la Comisión de Verdad y Justicia (CVJ) sobre las víctimas de la dictadura, creada por ley y que en uno de sus apartados reseñó la lista de personas y extensiones adquiridas de forma fraudulenta.

Alrededor de 7.800.000 hectáreas, la mayor parte repartidas entre 1954 y 1988, y cerca de un millón de ellas entre 1989 y 2003.

Esta extensión representa el 32,7% de las tierras productivas y el 19,3% del territorio de Paraguay, país con la distribución de tierra más desigual de América Latina, según organizaciones como Oxfam.

DE STROESSNER A SOMOZA

El propio Stroessner, así como su consuegro, el general Andrés Rodríguez, que participó en el golpe militar que le derribó y fue el primer presidente tras la dictadura, figuran en esa lista.

Y dirigentes del Partido Colorado, sustento político del régimen, entre ellos el secretario privado de Stroessner y padre del actual mandatario del país, Mario Abdo Benítez, también de esa formación.

Junto a militares, empresarios y el exdictador nicaragüense Anastasio Somoza, refugiado en 1979 en Paraguay, donde años después murió en un atentado, y que consiguió unas 8.000 hectáreas.

“TIERRAS REGALADAS”

Las tierras fueron prácticamente “regaladas” a actores que no tenían derechos de beneficiarios, dijo a Efe Alberto Alderete, titular del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) durante el Gobierno de Fernando Lugo (2008-2012), de la agrupación de izquierda Frente Guasu.

Alderete indicó que se trató de un proceso resultante de la degeneración del original, una reforma agraria propuesta para América Latina por el Gobierno de John Kennedy tras el éxito a la revolución cubana.

“Fue una política de Estado porque fue planificada de forma masiva y se empezó a repartir tierras a precios irrisorios. Muchos de esos lotes fueron revendidos, compraban a precio fiscal y vendían a precio de mercado”, explicó.

Esa ilegalidad fue contemplada cuando el Gobierno de Nicanor Duarte Frutos (2003-2008), del Partido Colorado, interpuso varias demandas, que antecedieron a otras presentadas en los correspondientes juzgados de primera instancia por el posterior Gobierno de Lugo.

Sólo cinco de ellas tuvieron recorrido legal, y en fallos contra el Estado, al ser rechazadas con el argumento de que la Procuraduría no tiene potestad para presentar esas demandas.

Lo que a juicio de Alderete es anticonstitucional al designar la Carta Magna a ese ente como el impulsor de esas acciones.

No obstante, catalogó como una “luz de esperanza” el fallo de la Corte Suprema de hace un año, que ratificó esa potestad y que según Alderete “podría “tener un efecto cascada”.

A su vez, señaló a esa decisión como la causante de las denuncias de la Asociación Rural del Paraguay (ARS) y la Unión Industrial del Paraguay (UIP) contra tres senadores.

“EL VIEJO PODER”

Esos grupos denunciaron a los legisladores, dos del Frente Guasu y uno del Partido Democrático Progresista, por uso indebido de influencia en apoyo de actos de ocupación ilegal campesina.

Los senadores habían visitado los terrenos de la ganadera Pindó, en el departamento de Canindeyú, para escuchar las reivindicaciones de decenas de familias campesinas que ocupan ese predio desde hace años y piden que se proceda a la expropiación.

La ARS y la UIP presentaron denuncia ante la Fiscalía, así como una petición al presidente del Congreso para la pérdida de investidura de los senadores.

Hugo Richer, uno de esos dos senadores del Frente Guasu, dijo a Efe que esas iniciativas son la muestra de una transición forjada en la “impunidad de las tierras mal habidas” y al amparo del “viejo poder”.

Recordó, además, las políticas por la recuperación de tierras del Gobierno de Lugo, destituido por un juicio parlamentario promovido por el Partido Colorado.

Ello tras la muerte en 2012 de 17 personas durante un desalojo campesino en unas tierras en litigio entre el Estado y la familia de Blas Riquelme.

Un histórico dirigente del Partido Colorado durante la dictadura de Stroessner, Riquelme aparece también en el informe de la CVJ como adjudicatario fraudulento a través de persona interpuesta.

La investigación de la muerte de los militares que arrastrados por el raudal hasta el arroyo Lambaré el pasado 2 de noviembre, está prácticamente varada por errores de la propia justicia, según denuncian familiares de la Fuerza Pública.

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Durante una entrevista en la radio Universo 970/Nación Media, la representante de los familiares, Nelly Cortesí, lamentó que hasta el momento no hay ningún castigo a los supuestos responsables de la desaparición de los sargentos.

El próximo 2 de mayo se cumplen 6 meses que los sargentos Alexis Sosa y Domingo Ríos, quienes circulaban en una camioneta rumbo al domicilio de un general, fueron arrastrados por el raudal. El vehículo terminó en el arroyo Lambaré, debido a que, la desembocadura no contaba con una valla de protección.

Ese hecho fue motivo para que, en diciembre, el jefe comunal sea imputado por homicidio culposo e intervención peligrosa en el tránsito terrestre.

Cortesí explicó que desde ese diciembre, la justicia envió 4 notificaciones para avanzar con la imputación del intendente, pero todas fueron comunicadas con “error”, las cuales frenaron el proceso.

“Notificar mal en cuatro ocasiones ya está de más, me parece que es una falta de respeto a la memoria de los militares fallecidos. No hay avances en la investigación, lastimosamente la justicia no está actuando como debería”, expresó Cortesí.

La imputada está identificada como Érika Melgarejo González (28), quien se encuentra privada de libertad y enfrenta cargos por los delitos de producción de riesgos comunes y amenaza de hecho punible.

El hecho ocurrió en una residencia donde funciona un consultorio odontológico ubicado en el kilómetro 5,5 del referido barrio de la capital del Alto Paraná, propiedad de la Dra. Myrian Vanesa Cabral González.

Según la investigación, la presunta autora llegó al lugar con un recipiente en mano que contenía combustible, tras cerciorarse de que nadie estaba dentro del local, derramó el líquido inflamable y le prendió fuego. Todo el movimiento de la sospechosa quedó registrado en la filmación del circuito cerrado del local.

La dueña del lugar, quien pudo observar a través de las grabaciones lo que estaba ocurriendo, acudió rápidamente hasta el sitio, donde fue agredida por la atacante, quien además la amenazó. La afectada alertó a los agentes policiales de la jurisdicción, quienes fueron al sitio y procedieron a la aprehensión de Melgarejo.

El asunto tendría como trasfondo una venganza contra los padres de la doctora Cabral, quienes tiempo atrás le habían alquilado una habitación a Melgarejo -que funciona al costado de la clínica odontológica- y luego la desalojaron por algunos problemas.

Los decomisos se realizaron en comercios y supermercados de Capiatá, según informaron desde el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES).

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Aparentemente, los locales intervenidos no cumplían con las medidas establecidas por la Ley de Pesca y Acuicultura para comercializar productos pesqueros. Igualmente, hallaron como piezas de animales silvestres, tampoco sin los permisos.

Se decomisaron aproximadamente 130 kilos de surubí pintado que, según el Mades, serán donados a entidades benéficas para su consumo.

La intervención fue llevada a cabo por técnicos de la dirección de Pesca y Acuicultura y la dirección de Fiscalización Ambiental del Mades.

Desde la institución recuerdan que la venta de animales silvestres y pescados sin medidas está sujeta a sanciones administrativas y penales.

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