La representante del Minis­terio Público que tomó el caso de Cuevas fue la fiscala Sonia Pereira, quien en sus conclu­siones finales habló mayor­mente de desprolijidades administrativas. Esto le dio pie al juez para desestimar la causa. A continuación la investigación del diario La Nación y Gen.

En una llamativa coinciden­cia,Cuevas nombró a gente cercana al juez e incluso a familiares de los agentes fis­cales que atendieron su caso una vez que se hizo presidente de Diputados.

El 30 de junio del 2018, Miguel Cuevas asumió en la Cámara Baja. En ese entonces, la investigación en su contra estaba como para definirse. Un día después de asumir, es decir, el 1 de julio, Cuevas hizo las primeras “movidas” y nombró como “director de Asuntos Legislativos” de la Cámara aAlex Damián Agui­rre Jara. Se trata de un fun­cionario que hasta mediados del año pasado estuvo traba­jando como funcionario judi­cial de la circunscripción de Paraguarí, justamente, bajo las órdenes del juez Cabriza, el mismo que terminó desesti­mando la causa contra Cuevas.

También en julio, el ex gober­nador de Paraguarí nombró con el cargo de “director de Proyectos enEstudio” a Juan Gabriel Espínola Vega, esposo de María Liz Alcaraz, asistente de la fiscala Sonia Pereira en Paraguarí, la agente que lleva adelante la investigación en el caso Cuevas. De hecho, la firma de Alcaraz aparece en las primeras pesquisas que hizo el Ministerio Público en la causa.

Otro elemento es que ninguno de los funcionarios hizo con­curso de oposición para acce­der a los cargos así como nin­guno de los 50 funcionarios más que nombró Cuevas desde que asumió en la Cámara de Diputados.

La causa contra Cuevas se ini­ció a partir de una denuncia planteada el año pasado por el concejal de Ybycuí Eze­quiel Cáceres (PDP) por un supuesto faltante de unos G. 40 mil millones en la gestión del actual presidente de Dipu­tados en su etapa de goberna­dor de Paraguarí, entre los años 2013 y 2017. Sin embargo, la fiscala Pereira no encontró dolo, sino “desprolijidades administrativas” en la causa y el juez Cabriza desestimó el caso el 2 de julio de este año, el mismo día que se dio trámite en su despacho y tres días des­pués de la asunción de Cuevas en la Cámara de Diputados.

Desde el departamento de RecursosHumanos de la Cámara de Diputados reco­nocieron que ambos funcio­narios llegaron con Cuevas, pero que podría haber movi­das que todavía no se hayan “registrado oficialmente”.Ayer se especuló que ambos funcionarios podrían ser tras­ladados, sobre todo después de varias preguntas que hicie­ron La Nación y GEN sobre la situación de ambos empleados del Estado.

CONOCIDOS

Según se puede ver en fotos que se compartieron en las redes sociales durante la cam­paña interna del Partido Colo­rado como también de Cuevas como candidato a diputado, aparecen en eventos políticos Espínola Vega y AguirreJara acompañando a Cuevas.

“ESTUVO CONMIGO”

El juez Cabriza habló para GEN y La Nación sobre este caso. Reconoció que conoce al funcionario Aguirre Jara, pero nada más de “vista”, ya que no recordaba qué función cumplía. Aunque reconoció que lo más probable es que haya sido algún secretario de su dependencia judicial. “Yo casi me enojé con él porque ni siquiera se despidió. Renun­ció acá y creo que estaba bus­cando ir a otro lugar”, dijo el magistrado.

Cabriza dijo no recordar la fecha exacta en la que Agui­rre Jara estuvo en su depen­dencia y agregó que tampoco sabía que fue nombrado en la Cámara de Diputados. “No sabía nada de dónde se fue, él primero quería seguir con nosotros, después quiso irse”, refirió el magistrado.

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REABRIR EL CASO

Ante las publicaciones que saltaron desde la semana pasada contra la gestión de Cuevas en la Gobernación de Paraguarí, la fiscala Pereira pidió que se revoque el pedido de desestimación del proceso contra Miguel Cuevas que firmó el juez Cabriza.

Las publicaciones de GEN y La Nación contra la gestión de Cuevas exponen situacio­nes muy llamativas, como por ejemplo la presencia de factu­ras comerciales con mismo número y timbrado, pero que fueron utilizadas por la gobernación para entregar a organizaciones campesinas como “aporte” para diferen­tes programas de desarrollo. Sin embargo, esos documen­tos comerciales no son reco­nocidos como originales por las casas comerciales que supuestamente expidieron esos comprobantes.

Posteriormente, se sumaron más denuncias contra la ges­tión de Cuevas en la gober­nación, como la que presentó el concejal de Ybycuí Eze­quiel Cáceres, que pidió ofi­cialmente que el Ministerio Público revise u ordene revi­sar todos los cheques emitidos por la gobernación durante la administración de Cuevas (2013-2017) entregados a orga­nizaciones de diferentes sec­tores, pero que no tienen con­sistencia a la hora de rendir cuentas sobre el dinero desem­bolsado. Solamente en el 2017 la gobernación destinó unos G. 2.000 millones para organizaciones sociales o civiles sin fines de lucro, según el balance.

Cerca de las 03:00 hs del miércoles se registró un hecho de asalto en el barrio San José de Ciudad del Este, departamento de Alto Paraná.

Resultó víctima de este suceso Bárbara Valeria Quiñonez Alfonso, de 25 años, quien había solicitado un viaje a través de la plataforma Bolt.

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De acuerdo al informe de CDE Hot, la joven pidió el servicio y minutos después llegó junto a ella un vehículo de la marca Toyota modelo Vitz de color negro.

Al abordar el rodado, la víctima se percató que en su interior estaban el conductor y un acompañante. Segundos después, apareció sorpresivamente otro tercer sujeto desde la valijera.

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Fue esta persona quien amenazó a Quiñonez con un arma blanca para exigirle la entrega de su aparato celular y el dinero que traía consigo, que asciende a la suma de G. 400.000.

Tras el hecho, los autores del asalto bajaron a la joven del vehículo y se dieron raudamente a la fuga. La posterior denuncia fue radicada ante la Comisaría 7ma de CDE.

El Ejecutivo tomó juramento a los nuevos embajadores ante el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Juan Ernesto Snead y ante los Emiratos Árabes Unidos, Carolin Konther López.

La ceremonia tuvo lugar en el Salón Independencia del Palacio de Gobierno, estuvieron presente también el vicepresidente de la República, Pedro Alliana, el ministro de Relaciones Exteriores, Rubén Ramírez Lezcano y otras autoridades nacionales e invitados especiales.

Tras el acto, Peña indicó a través de su cuenta de X, que encomendó a los nuevos embajadores a trabajar en el fortalecimiento del eje inserción de Paraguay en el mundo desde sus respectivas embajadas.

En la tarde del miércoles se llevó a cabo un allanamiento en una vivienda ubicada sobre la avenida Van Aaken de Presidente Franco, detrás del Centro de Salud local.

Dicho procedimiento estuvo encabezado por el fiscal Julio Paredes, en representación de la Fiscalía, y contó con acompañamiento de funcionarios de la ANDE.

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La intervención se desarrolló en el marco de una causa penal por el hecho punible de sustracción de energía eléctrica ligada a la minería de criptomonedas.

En el domicilio allanado incautaron 34 máquinas mineradoras instaladas y otras 29 que no estaban en funcionamiento, menciona el informe de Radio Concierto.

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Cabe mencionar que el dueño del inmueble no se apersonó en el lugar, pero sí su representante legal, el abogado Óscar Solaeche.

La ANDE, con apoyo del Ministerio Público, prosigue con su intensa campaña en contra de las conexiones clandestinas y robo de energía para criptominería, con permanentes intervenciones en distintos puntos del país.