La Fundación Vencer reivindicó con especial énfasis en este 1° de mayo, el derecho humano de toda persona al trabajo, y no a cualquier trabajo, sino a aquel que dignifica y permite el desarrollo de las propias capacidades; el que se realiza con respeto a los principios y derechos laborales fundamentales, el que permite un ingreso justo y proporcional al esfuerzo realizado, el que se realiza sin discriminación, el que cuenta con protección legal y el que incluye el diálogo social.

Denunció además la violación sistemática de la Constitución Nacional, del Código Laboral, de la Ley 3940/09 y de la Resolución VMT 730/09 por parte de empleadores que mantienen la práctica ilegal de exigir el test de VIH para el ingreso, permanencia y promoción en los lugares de trabajo, y que dejan sin empleo a personas con VIH, profundizando el efecto del VIH en las personas y ampliando la brecha de pobreza que afecta la calidad de vida de las mismas.

En un estudio sobre el estigma y la discriminación en personas con VIH realizado por la Fundación Vencer en el 2022, se observa que el 18% están desempleados, 17% solo accedió a la educación primaria y el 28% no ha podido cubrir sus necesidades básicas en el último mes.

La fundación manifestó su satisfacción y agrado por la conformación de la Mesa Intersectorial Sobre VIH en el Lugar de Trabajo, donde participan representantes del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social, Instituto de Previsión Social, PRONASIDA y organizaciones civiles de personas con VIH y/o que trabajan en la temática, liderada por la Fundación Vencer, como actores involucrados en la Respuesta Nacional al VIH, a los efectos de lograr desarrollar e implementar políticas públicas con el fin de erradicar practicas discriminativas hacia las personas que viven con VIH en el ámbito laboral.

Exigió finalmente a las autoridades competentes a que cumplan la Ley 3940 sobre VIH y todo el ordenamiento jurídico relacionado con el derecho laboral de las personas con VIH, sancionando a las empresas públicas y privadas que siguen exigiendo el test de VIH como condicionante al ingreso, permanencia o promoción dentro del ámbito laboral, así como acciones de discriminación a los/as empleados con VIH.

La Fundación Vencer, así como las organizaciones civiles que trabajamos por los DDHH de las personas con VIH, estaremos expectantes y vigilantes al cumplimiento del rol del Estado como garante del cumplimiento del derecho de todas las personas a un trabajo digno, libre de violencia y discriminación.

En conversación con periodistas, Javier Fernández, asesor jurídico de la administradora de electricidad estatal, indicó que la operación se encuadra en el plan de lucha contra la piratería eléctrica, que ocasiona ingentes pérdidas al ente.

“Procedimos al corte de las conexiones directas que se daban a través de los conductores principales dejando el lugar sin energía eléctrica, posterior de ello conversamos con los directivos del asentamiento y nos dijeron que se van a acercar a las autoridades para ver si encuentran una solución para que se les pueda proveer del servicio”, expresó el funcionario.

Dijo que son más de 200 personas los ocupantes el inmueble de manera irregular, y que estaban conectados a la red eléctrica de maneera ilegal.

“Nos acercaron un mapa donde se encontraban supuestamente las viviendas de los funcionarios de la ANDE (presuntos autores de la piratería colectiva). En algunos casos si encontramos efectivamente viviendas, pero no pudimos identificar a los dueños, pero sí pudimos constatar que estaban conectados directamente. Según declaraciones de los vecinos serían realmente funcionarios de la ANDE, pero no nos consta eso. En otros puntos que teníamos localizados se trataron de patios baldíos, por lo que no correspondía la denuncia que se hizo”, acotó.

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Con esto quedan sin efectos las demandas por difamación y calumnia, que tenían dichos actores políticos, que se sumergieron en una seguidilla de acusaciones verbales en las que resaltaban, en gran parte, alusiones a cuestiones íntimas.

La “guerra” la había desatado la parlamentaria liberal, que en redes sociales afirmó una supuesta relación extramatrimonial qué afectaba al jefe comunal asunceno, ademàs de que supuestamente Nenecho consumía drogas. La réplica de este se tradujo en un comentario que aludía a la presunta relación íntima que mantuvo con Amarilla. En idas y venidas de epítetos, ingresó luego la senadora Valiente, demandando a su colega por difamaciòn.

Cuando todo indicaba que las querellas llegarían a instancia de definición en el ámbito judicial, amistades comunes de los implicados intermediaron para llegar a conciliación.

Cabe indicar que entre las exigencias de resarcimientos, había requerimientos de fuertes sumas de dinero como reparación ante daño moral. Uno de estos montos era de indemnización de hasta 1000 millones de guaraníes.

Por otro lado cabe indicar que la senadora Amarilla se vio de nuevo envuelta en un fuerte cruce de acusaciones en el seno del parlamento. Está vez con su colega Javier Zacarías Irún, de quien dijo, habría utilizado fondos públicos para pagar estudios de su hijo en el exterior. El aludido reaccionó desmintiendo la acusación y retrucando que la legisladora se enriqueció ilícitamente gracias a almuerzo y merienda escolar.

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En la jornada de ayer, una comitiva fiscal y policial encabezó una serie de allanamientos en la ciudad de Minga Guazú, departamento de Alto Paraná.

Dichas diligencias se llevaron a cabo en el marco de la investigación abierta tras la denuncia de explotación a menores de edad por parte de supuestas monjas pertenecientes a la que denominan como Congregación “Hijas de la Virgen de Caacupé”.

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Las autoridades están tras los pasos de una falsa religiosa imputada por trata de personas, identificada como Rufina Salinas Acuña (54), quien permanece en calidad de prófuga.

Los allanamientos, a cargo de los fiscales Vivian Coronel, Luis Trinidad y Diana Gómez, resultaron infructuosos, puesto que no lograron hallar a la mujer en ninguna de las viviendas visitadas.

Pese a ello, encontraron algunas evidencias que hacen suponer que Salinas estuvo en uno de estos lugares el día anterior, de acuerdo al informe del diario La Clave.

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En uno de los domicilios intervenidos, constataron la presencia de un adolescente en estado de abandono y con una enfermedad, quien es hijo de la propietaria. La misma será investigada igualmente por la Fiscalía en otra causa penal.

Rufina Salinas Acuña fue imputada junto con Olga Bogado Cubas (quienes se presentaban como religiosas) luego de haber sido denunciadas por una adolescente de 14 años, quien las acusó de someterla a trabajos forzosos, además de maltratos físicos y psicológicos.