Según lo estudiado, las principales instituciones donde fueron detectadas irregularidades por la Contraloría General de la República son Instituto de Previsión Social (IPS), Ministerio de Obras Públicas y Comuniones (MOPC), Ministerio del Interior, Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de Educación y Ciencias, Petropar,  Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac), Fuerzas Armadas, Aduanas y varios municipios.

“Se ratifica lo informado por la Contraloría General de la República al Congreso de la Nación respecto a las observaciones que guardan relación con normativas incumplidas y con desprolijidades administrativas que pueden ser mejoradas con un mejor aprovechamiento de los recursos públicos que se ponen a disposición de las entidades y organismos del estado”, expresó el presidente de la comisión, el senador Dionisio Amarilla.

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En referencia al manejo dentro de la Aduana, el senador Amarilla, cuestionó una alianza pública – privada, ya que, según lo manifestado por el exdirector, Julio Fernández y el equipo actual de Aduana permite una dinámica más acelerada en cuanto a la actualización del software. “Esta alianza pública-privada entre el centro despachante de Aduanas y la dirección Nacional de ingresos Tributarios tiene que ser debatida, tiene que formar parte de la agenda legislativa, y si la mayoría considera que debe continuar esta dinámica bueno aceptar a la misma, pero nosotros vamos a informar al respecto al Senado la Nación”, puntualizó.

Por otra parte, la Contraloría General de la República reportó que administrativamente en el balance del Ministerio del interior aparecen en la cuenta obras civiles, proyectos que aparentemente fueron ejecutados por un orden de los 80 mil millones en años anteriores. “Tenían que formar parte oficialmente del patrimonio institucional, más por la falta de actualización y de cumplimiento de la dinámica contable las mismas están con esa cuenta en particular” dijo el presidente de la Bicameral.

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Durante la reunión mantenida en la fecha comparecieron ante la Bicameral el exministro del Interior, Federico González, el actual senador y exministro de Desarrollo Social, Mario Varela, el exdirector de Aduanas, Julio Fernández y el expresidente de la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de ANDE, Andrés Ramírez.

REUNIÓN RESOLUTIVA

Para el lunes 20 de noviembre la Bicameral prevé una reunión resolutiva, para lo cual fueron convocados el ministro de Economía y Finanzas Carlos Fernández Valdovinos, el contralor general de la República, Camilo Benítez y el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández a fin de conocer las acciones que se están tomando desde las mencionadas instituciones en referencia a los informes de irregularidades detectados en varios entes públicos durante el 2022.

“Preguntaremos al contralor sí que seguimiento hacen a sus denuncias e indicios de hechos punibles y por sobre todas las cosas al fiscal general de Estado qué grado de avances tienen respecto esas denuncias del informe elevado por la contraloría del año 2022”, puntualizó el senador Dionisio Amarilla.

La Junta Municipal de Asunción aprobó ayer el balance financiero correspondiente al ejercicio 2025. La votación sumó trece voluntades a favor frente a diez votos que mantuvieron la postura del rechazo. El documento contempló los primeros cuatro meses de Óscar Rodríguez, el periodo de intervención de Carlos Pereira y el cierre de año bajo la administración de Luis Bello.

Este dictamen favorable surgió tras el rechazo técnico ocurrido el pasado 10 de mayo. Durante el debate, los ediles opositores señalaron inconsistencias sobre el destino de Gs. 512.000 millones en bonos para infraestructura y el uso de la Cuenta Única Municipal, calificado anteriormente como irregular.

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Por su parte, la Intendencia justificó la escasa ejecución de mejoras viales y pluviales por las limitaciones de tiempo de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas y el proceso de intervención estatal que alteró los procesos de gestión.

Representantes sindicales acompañaron la sesión bajo la premisa de que la falta de aprobación ponía en riesgo el pago de salarios y la operatividad de los servicios básicos.

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Con esta aprobación, la Municipalidad recupera su principal credencial ante el sistema financiero. La Intendencia ahora posee vía libre para solicitar préstamos destinados a cubrir el déficit temporal de caja y asegurar los compromisos operativos.

Los 16 concejales a favor fueron: Arturo Almirón, Carlos Ozorio, César Escobar, Marcelo Centurión, Nasser Esgaib, Daniel Ortiz, Juan José Arnold, Miguel Sosa, Gabriel Calonga, Karina Acuña, Carlos González, Jesus Lara y Mariano Cáceres.

La decisión destraba la entrega de nuevos camiones recolectores de basura, pues los bancos exigían el balance aprobado como requisito contractual para finalizar la compra de los activos

De acuerdo al Cronograma Electoral establecido para los comicios municipales, a partir de este jueves 16 de julio queda habilitada la propaganda electoral en todos los distritos del país.

La misma se podrá efectuar hasta las 23:59 hs del jueves 1 de octubre, conforme al Artículo 290 de la Ley Nº 7135/23 “Que establece el Código Electoral Paraguayo”.*

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Siguiendo con el cronograma elaborado por la Justicia Electoral, se fijó este viernes 17 de julio como fecha límite para que los Tribunales Electorales de las organizaciones políticas remitan por nota el Informe Final generado por el SINAFIP.

Se trata puntualmente del informe de cumplimiento de la presentación de Rendición de Cuentas de candidatos y movimientos internos, derivados de las internas partidarias de julio pasado.

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En las elecciones municipales previstas para el domingo 4 de octubre, un total de 263 distritos elegirán a sus próximas autoridades municipales, entre ellas intendentes y miembros de las Juntas Municipales.

Los candidatos electos ejercerán sus funciones durante el período 2026-2031.

El gerente de la empresa Ombú SA, Gilberto Enciso, declaró ante el Tribunal de Sentencia y aportó datos sumamente comprometedores sobre la estrecha relación entre el entonces secretario de Estado del Gobierno abdista y el presunto narcotraficante brasileño Marcus Vinicius Espíndola.

El testigo confirmó que el empresario brasileño y el exministro del Interior mantuvieron conversaciones en reiteradas oportunidades sobre licitaciones públicas del Estado.

Según detalló el directivo, la firma buscaba convertirse en proveedora de chalecos antibalas y adjudicarse contratos para la reparación de vehículos blindados de las fuerzas de seguridad, siendo Giuzzio y el viceministro de Seguridad, Pablo René Ríos, los enlaces directos de Marcus Vinicius dentro de la institución pública.

El gerente de la firma admitió que la estructura empresarial se encontraba en pleno proceso de preparación para participar activamente de las licitaciones estatales. Estas gestiones y el intercambio de información estratégica entre el empresario y el exministro cesaron de manera abrupta únicamente cuando Marcus Vinicius fue detenido por la justicia debido a sus vínculos con el narcotráfico.

Durante su comparecencia, el testigo también reveló que la empresa realizó trabajos de mantenimiento a una camioneta táctica Dodge Ram del Ministerio del Interior, además de efectuar retoques a otros vehículos oficiales del Estado y elaborar presupuestos de servicios. Sobre estos trabajos, el gerente manifestó desconocer si la institución pública llegó a realizar algún tipo de pago por los arreglos efectuados.

Sobre el polémico viaje familiar que realizó el exministro al Brasil, el gerente de la firma ratificó que Giuzzio utilizó una camioneta de la empresa Ombú SA para sus vacaciones familiares, vehículo que le fue facilitado de forma directa por el propio dueño de la firma.

Para formalizar la entrega de la camioneta, el exministro firmó un pagaré meramente simbólico por el valor de 700 dólares, el cual jamás fue cobrado por la empresa proveedora.

Al ser abordado por los medios de comunicación tras culminar la audiencia judicial, Arnaldo Giuzzio evitó responder con claridad si llegó a pagar por el uso del rodado, y solo argumentó que el documento firmado constituía un compromiso de pago.

El exministro también intentó restar importancia a los intercambios de mensajes telefónicos que lo vinculan con el esquema del presunto narcotraficante.

Las audiencias de este juicio oral proseguirán durante la siguiente semana con la continuidad de la declaración de Gilberto Enciso ante el tribunal juzgador integrado por los magistrados Adriana Planás, Yolanda Morel y Mathías Garcete.