“La denuncia entró en la semana pasada y por el sistema aleatorio de sorteo cayó en mi unidad penal. El documento entregado es producto de una auditoria y firmada por cuatro auditores”, comentó la interviniente Marlene González en entrevista con el canal GEN.

La fiscala aclaró que de momento solo tiene en su despacho la Auditoría General de la Presidencia, ordenada por el entonces presidente de la República, Fernando Lugo, a la gestión de Efraín Alegre entre los años 2010 y 2011. Aún no recibió la segunda auditoría, hecha por la Contraloría General de la República en el 2009, que fue presentada por el senador Martín Arévalo esta mañana en la ampliación de su denuncia por lesión de confianza contra personas innominadas.

La investigadora indicó que uno de los auditores responsables del trabajo fue citado para la próxima semana, de modo a que preste una declaración testifical por el informe hecho a finales del 2011.

Consultada sobre si prescribió el caso al pasar más de 10 años, reconoció que pasó mucho tiempo pero aún no podía decir que está prescripto en esta etapa de la investigación.

“Lo que tenemos ahora es una auditoría a la vista y debemos cotejar con lo que vengan a decir los auditores, si hay pagos, cuándo se hicieron y hasta cuándo. Es un trabajo muy minucioso y arduo. Es un monto muy importante y debemos ver los tipos penales, las facturas, los pagos. Ha pasado mucho tiempo, uno de los auditores pidió tiempo porque debía recurrir a sus anotaciones”, dijo.

Sobre la posibilidad de convocar al exministro Efraín Alegre, la fiscal indicó que se verá en el transcurso de la investigación, porque primero debía muñirse de los elementos y luego pasar a la siguiente fase de la investigación.

Por último, refiriéndose de manera en general y no sobre el caso que le toca atender, la agente fiscal remarcó que se configura en un delito de omisión de parte de las autoridades que cajonean una auditoría donde se detectan irregularidades y por ende deben tener su responsabilidad.

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Esta mañana, el legislador Martín Arévalo fue a la Fiscalía para pedir que a la denuncia hecha por un aparente desfalco de 37 millones de dólares en el MOPC, se le sume otra por otra presunta tragada de 72 millones de dólares.

El primer monto fue pillado mediante una Auditoría General de la Presidencia, ordenada por el entonces presidente de la República, Fernando Lugo, a la gestión de Efraín Alegre entre los años 2010 y 2011.

Arévalo explicó a la prensa que la nueva cifra consta en una auditoría ordenada por la Contraloría General de la República, a cargo en ese entonces del liberal Augusto Airaldi, para evaluar la administración de Efraín en el año 2009.

“Estas dos auditorías revelan una malversación de 109 millones de dólares, monto que debe responder Efraín Alegre”, lanzó el congresista colorado.

El denunciante mencionó que en el marco de esta causa, la fiscal Marlene González de Ovelar ya ubicó a dos de los cuatro auditores que firmaron el primer documento del faltante de 37 millones de dólares. “Veo que convocó a los auditores que hicieron con trabajo, se les ubicó a dos de los cuatro firmantes, luego le llevarán a Efraín para escuchar su versión”, refirió sobre los siguientes pasos a seguir en esta investigación.

Las fuertes precipitaciones provocaron grandes raudales en varios puntos de la ciudad, especialmente, en la zona del arroyo San Juan donde hoy murieron dos mujeres arrastradas por el agua.

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Esta situación motivó a los ediles luqueños a declarar la ciudad en emergencia y determinar qué acciones tomar para ayudar a los pobladores afectados y prever que otra situación similar, no vuelva a ocurrir.

Para buscar una salida a los inconvenientes ocasionados por las intensas lluvias, la concejala Belén Maldonado planteó como primera medida, crear un Comité de Emergencia, lo cual fue aprobado por los demás miembros de la Junta.

Este comité estará conformado por dos representantes liberales y dos representantes colorados, quienes serán los encargados de determinar qué acciones tomar ante una crisis.

Luque fue golpeada este miércoles luego de que Sara Benítez (48) y su hija Nilda Lujan Barrios Benítez (19) murieron tras ser arrastradas por un raudal hasta un arroyo ubicado detrás del Club Valderrama.

En conferencia de prensa tras reunión entre representantes de gobernadores, intendentes y autoridades del Poder Ejecutivo, se dio anuncio de la reglamentación de la ley «Que crea el Fondo Nacional de Alimentación Escolar para la Universalización Equitativa de la Alimentación Escolar (Hambre Cero en Nuestras Escuelas y Sistema Educativo)”.

Al respecto, el ministro de Desarrollo Social, Tadeo Rojas, comentó que la reglamentación establece el delineamiento general de la implementación de la alimentación escolar, aspectos legales y la intervención de las autoridades competentes.

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“Con esto arranca el gran desafío de llevar adelante esto. El objetivo va a ser empezar la provisión de la alimentación escolar a partir de los primeros días de agosto, después de las vacaciones de invierno”, sostuvo el ministro Rojas.

Señaló además que en una primera fase, la provisión se hará en 75 distritos de 7 departamentos con mayor prioridad, conforme a los indicadores de mapa de pobreza del Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

Anunció también que el llamado a licitación se estaría dando entre el 6 y 10 de mayo.

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Por su parte, el ministro de Educación, Luis Ramírez, manifestó que el objetivo es llegar con alimentos los 280 días de actividad escolar. “Es un día de mucha alegría para la educación paraguaya, para las escuelas y sobre todo para nuestras familias. Aquí hay un trabajo en conjunto en beneficio de nuestros niños”, indicó

“Sin alimentación, no puede haber aprendizaje. Hoy los que estamos en educación tenemos que estar muy felices. Es un día de celebración para todos”, subrayó Ramírez.

La muerte súbita se produjo sobre Tavyterã casi Avda. Fernando de la Mora, del barrio San Pablo de Asunción.

Al respecto, el agente fiscal Hernán Galeano, de la Fiscalía Barrial 1, solicita la colaboración de la ciudadanía para localizar a los familiares del hombre.

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Tras las diligencias de la representación fiscal y de acuerdo al informe dactiloscópico, se trata de Lorenzo Samaniego Olivera, de 37 años, oriundo de la localidad de Ypané, cuyo cuerpo se encuentra en la Morgue Judicial.

Para cualquier información, comunicarse a los teléfonos (021) 550 – 649 / 550 – 810 / 550 – 640, o bien al +595 981 507598, perteneciente a la morgue.