Ángela Olmedo, una asegurada del IPS, utilizó su cuenta de Twitter para reportar que ayer hizo 219 llamadas al call center del IPS y que cuando entró su llamada, tuvo que esperar 32 minutos, ya que 77 llamadas antes estaban siendo atendidas, para finalmente recibir la información de que los 10 únicos turnos disponibles ya se reservaron y por lo tanto debía llamar de vuelta al día siguiente.

219 LLAMADAS.

Llamar al call center de @IPSParaguay es como buscar una respuesta del Estado paraguayo.

Siempre te va a dar “ocupado” aunque hagas todo bien (seguro al día, 219 llamadas desde las 07:02 am).#ParaguayDeLaGente pic.twitter.com/efLP3GM9fH

— Ángela Sofía Olmedo (@AngelaOlmedo_) January 12, 2021

Esta mañana nuevamente realizó el mismo procedimiento, y luego de 144 llamadas, cuando pudo ingresar al sistema esperó de vuelta unos 42 minutos, debido a las llamadas ingresadas anteriores a la suya que estaban siendo atendidas.

“Después de esperar unas 80 llamadas anteriores a la mía, por fin me atendió la operadora y me hizo las preguntas correspondientes para el agendamiento de acuerdo a la especialidad”, expresó Olmedo en entrevista con C9N.

A diferencia de ayer, la asegurada resaltó que para este día el IPS ya contaba con turnos disponibles de la especialidad médica que consultará dentro de 14 días. “Me pidió mi número de cédula y me confirmó la cita pero dentro del día establecido (14 días) mediante la teleconsulta”, comentó.

La entrevistada indicó que terminó la llamada 145 a los casi 47 minutos de haber realizado el proceso de ingreso al sistema, la espera y el agendamiento de la cita.

En total, Ángela Olmedo hizo 464 llamadas al call center del IPS, porque además de las 219 y 145 de los dos días, realizó otras 100 llamadas más a fin de grabar el audio que se reproduce cuando la persona es atendida pero sin tener respuestas.

Llamó más de 200 veces y no consiguió cita.

@AngelaOlmedo_ nos comenta el calvario que debió pasar para conseguir un turno en el @IPSParaguay “Luego de esas 219 llamadas, hice otras 100 más” nos relata.

#C9NParaguay
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— C9N Paraguay (@C9NParaguay) January 13, 2021

Alejandro Fernández, jefe del Centro de Atención al Usuario de IPS, explicó a Hoy Digital, mencionó que el inconveniente se debe a que solo la mitad de los 60 operadores que están a su cargo van al turno mañana para atender las llamadas, ya que están obligados por resolución sanitaria a trabajar por cuadrillas, por lo que también se redujo la cantidad de turnos disponibles, por ejemplo antes había 20 turnos disponibles para clínica médica y teleconsulta, pero ahora solamente dan 10 en cada categoría.

Otro inconveniente es que si bien a las 07:00 comienzan a trabajar los operadores, ya desde las 06:00 las personas llaman a esperar por turno. Es por ello que, según anunció, se harán modificaciones en el sistema de entrada de llamada para no generar más la cola de espera. De esta manera, recién desde las 07:00 entrarán las llamadas para agendamientos, mientras que para reposos, informes y reclamos se podrán hacer desde las 09:00.

Este está procesado por lesión de confianza referente  a un contrato de G. 8.000 millones a favor de la empresa Conserpar, para la construcción de empedrados y otras obras que, según la acusación, se pagó pero no se concretó.

El juez Delmàs abordó el caso en el que la fiscal Stela Mary Cano había  solicitado la desvinculación temporal del procesado en vista a que existen aún varias diligencias que se deben realizar para posteriormente formular la acusación contra el mismo.  O  en su defecto, dar el sobreseimiento definitivo.

El juez Delmàs sin embargo planteò un recurso de oposición al pedido, derivando el expediente a la instancia superior del Ministerio Plùbico, para que en ese estadio definan si los argumentos de la fiscal se ajustaron a derecho, de conformidad con la opinión de la fiscalìa.

En consecuencia será el Fiscal General Emiliano Rolòn, el que deberá decidir si ratifica el requerimiento de la agente fiscal Stela Mary Cano, para la desvinculación o no del proceso del exjefe comunal.

La acusación del Ministerio Público señala que existió una adjudicación de G. 8.199.571.925 para la construcción de desagüe pluvial, empedrados y adoquinados, contrato que se firmó en el 2016; sin embargo, las obras supuestamente no fueron terminadas y solo se logró ejecutar G. 6.063.405.010.

Debido al presente caso se llevó a cabo una pericia donde se logró probar que los trabajos ejecutados solo equivalieron a la suma de G. 4.466.652.321, por lo que el presunto perjuicio patrimonial sería de G. 1.596.752.689.

Al igual que meses atrás, el Poder Judicial vuelve a ser blanco de una amenaza de bomba, la cual, obliga a evacuar el Palacio de Justicia.

Si bien en la gran mayoría de los casos la amenaza es falsa, por una cuestión de protocolo, se debe cumplir con sacar a todos los funcionarios.

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El único antecedente real ocurrió el 29 de abril del 2009, cuando encargados de limpieza del edificio encontraron una bolsa negra en uno de los baños de la planta baja y que fue entregada a los efectivos policiales. Los uniformados depositaron el paquete sobre la calle Testanova (al costado del edificio) y posteriormente se produjo la explosión.

Por otro lado, el 29 de junio pasado, el fiscal Antisecuestros y Antiterrorismo, Joel Cazal imputó a Omar Darío Cristaldo Figueredo por los supuestos hechos punibles de coacción a órganos constitucionales y amenaza de hecho punible.

“Tío Rico les manda decir que hay una bomba en el Poder Judicial que va a explotar entre hoy y mañana”, había dicho el hombre en la llamada telefónica. En el caso de hoy, todavía no tienen pistas claras del origen de la amenaza.

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La agente fiscal Yeimy Adle imputó a Alberto Martín Ramírez Reyes por la supuesta comisión de los hechos punibles de apropiación y producción de documento no auténtico.

El hombre es acusado por el presunto robo de cheques pertenecientes al Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) y cuyo valor supera la suma de G. 48.000.000.

Antecedentes: Funcionario robó cheques del MEC y dejó a reemplazantes y jubilados sin cobrar

El ilícito fue detectado en agosto pasado cuando la jefa del departamento de Tesorería del MEC, Delia Lamas, se percató de la existencia de talones de varios cheques sin fechas ni firmas y uno fechado pero sin firma del funcionario que realizó el pago. Así también, notó que la planilla de pago estaba sin firma.

Ramírez Reyes cumplía funciones de “técnico” en esta área administrativa de la cartera educativa y era el encargado de ordenar los cheques pagados y no pagados, a fin de actualizar el registro de planilla de Excel.

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Luego de ser interrogado por su superior, el ahora procesado admitió haber sustraído de manera irregular un total de 24 cheques para posteriormente efectivizarlos y quedarse así con el dinero.

Los cheques robados por el funcionario del MEC debían ser destinados a pagos en concepto de Salarios y Reposo por Maternidad, por lo que el perjuicio económico afectó de manera directa a docentes reemplazantes y maestros jubilados.