El ministro de Hacienda, Oscar Llamosas; el viceministro de Tributación, Óscar Orué; el viceministro de Economía, Iván Haas; y el viceministro de Administración Financiera, Marco Elizeche, participaron de un programa televisivo, donde analizaron la coyuntura actual y la que se viene el próximo año en materia económica.

Durante el programa, el ministro Llamosas detalló sobre el proyecto de Ley de Presupuesto General de la Nación (PGN) para el 2023, indicando que recién el lunes el Poder Ejecutivo recibió el documento final por parte del Congreso Nacional. En ese contexto, comentó que hoy el equipo técnico está analizando las alternativas que tiene el Ejecutivo y reafirmó que el Ministerio de Hacienda no está conforme con algunas cuestiones que fueron aprobadas, como el aumento de las estimaciones de ingresos, las creaciones de cargos y los aumentos salariales a ciertos sectores.

“Hoy lo que estamos analizando son tres opciones: una es el veto total, que ya haciendo el análisis el equipo descartó esa opción, porque el Presupuesto de este año es muy distinto al del año que viene, y si vetamos totalmente, en caso de que se acepte, queda vigente el Presupuesto de este año”, explicó. Agregó que la otra opción es el veto parcial, que hay que ver técnicamente qué cuestiones se puede retrotraer de las decisiones que tomó el Congreso, y finalmente cuánto sería el impacto que eso generará el año que viene. “Ésta sí es una de las alternativas más fuertes que estamos analizando”, dijo.

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Como la tercera opción citó la promulgación de la Ley, con un agregado que el Poder Ejecutivo y el Ministerio de Hacienda pudieron incorporar dentro de la Ley de PGN, que es un artículo que permite de alguna manera a Hacienda administrar las decisiones que se tomaron en torno a los aumentos salariales y las creaciones de cargos.

“El PGN 2023 aprobado por el Congreso está en torno a los USD 14.800 millones, si comparamos con la versión del Ejecutivo hay una diferencia de USD 30 millones”, detalló el ministro Llamosas.

Por su parte, el viceministro de Tributación recordó que en el proyecto de PGN 2023 se envió con una estimación de crecimiento del 9% en ingresos tributarios. Advirtió que el aumento de la estimación de ingresos, aplicado por el Congreso al proyecto de PGN 2023, puede traer una incertidumbre y ocasionar que varios proyectos no puedan ser financiados. “Eso desbalancea el equilibrio presupuestario, porque hay que recordar que el equilibrio presupuestario es ingresos + financiamiento = a gastos”, manifestó Orué.

A su vez, el viceministro de Economía, Iván Haas, se refirió sobre la estimación de crecimiento económico, que sirvió como base para la construcción del proyecto de PGN. Aseveró que para el año que viene las proyecciones son alentadoras, ya que tanto el BCP como algunos agentes económicos prevén una expansión de la economía en torno al 4,5% y 5%. “Las perspectivas son mejores, principalmente basadas en una mejora de la producción agrícola”, resaltó.

Por último, el viceministro de Administración Financiera, Marco Elizeche, indicó que, ante los incrementos introducidos por el Congreso al proyecto de PGN 2023, el impacto sobre el déficit fiscal no será muy significativo el próximo año, pero alertó que mirando el 2024, esos cambios sí ponen en riesgo la convergencia fiscal trabajada por el Ministerio de Hacienda.

“Nosotros para este año tenemos que cerrar con 3% de déficit fiscal, estamos encaminados a eso; el año que viene ya tenemos la meta establecida de 2,3% y para el 2024 volver al 1,5%. El impacto que podría tener estos incrementos que hicieron, que sería leve para el año que viene, podría ser el triple para el 2024, estamos hablando de un aumento de gastos rígidos de USD 100 millones para el 2024”, expresó Elizeche.

La víctima fue identificada como Belén Cardozo, quien manifestó que había reclamado la devolución de su ahorro ubicado en la asociación de mujeres “Kuña Aty”.

Cardozo responsabilizó a las hermanas García, Águeda y Celia, de citarle a un lugar bajo la promesa de devolución. Sin embargo, al llegar al sitio acordado, una de las mujeres le derramó agua caliente por el rostro.

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Tras el hecho, la mujer fue asistida en el Hospital Regional de Encarnación. Posteriormente radicó su denuncia ante la Fiscalía.

“Pido justicia por lo que me hicieron. Es algo que ningún ser humano se merece, ni siquiera los animales. Pudimos haber hablado civilizadamente, pero me destruyeron la cara”, indicó en charla con corresponsal de Nación Media en Encarnación, Rocío Gómez.

El ministro Baruja defendió el proyecto de presupuesto para el 2025 que fue asignado al MUVH. La suma asciende a G. 985.479.100.185, monto que incrementó 14.94% con respecto a lo presupuestado en el 2024.

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Con estos recursos, el MUVH llevará adelante la gestión de más viviendas, con la mirada puesta en alcanzar una meta de 10.000 soluciones habitacionales, en beneficio de familias en todo el territorio nacional.

Para el siguiente año, se prevé entregar un total de 9.265 viviendas que serán ejecutadas a través del programa Fondo Nacional para la Vivienda Social (Fonavis).

Otras acciones previstas en el proyecto presupuestario son la culminación de obras en el proyecto de construcción de viviendas en el barrio San Blas y la construcción de 428 soluciones habitacionales para Pueblos Originarios, a través del Programa Che Tapýi.

Según el MUVH, el presupuesto también contempla recursos para seguir con el Programa de Mejoramiento de las Condiciones de Habitabilidad del barrio Chacarita Alta y con el mejoramiento y ampliación de viviendas del Área Metropolitana de Asunción (AMA), a través del Proyecto AMA/BID.

El informe señala que de enero a septiembre de este año, la Conajzar registró un ingreso acumulado de G. 127.855 millones, según el informe emitido por la institución dependiente de la Gerencia General del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

El monto percibido en ese lapso, en comparación al mismo periodo del año pasado, presentó un incremento de 9,8%, ya que en los nueve meses de 2023 Conajzar percibió unos G. 116.380 millones en concepto de canon por la explotación de juegos de azar a nivel nacional.

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Cabe señalar que, por mandato de la Ley 1016/1997, los recursos provenientes de los juegos de azar serán destinados en todos los niveles de la administración oficial a los sectores de la salud pública, educación escolar y bienestar social.

La institución tiene a su cargo la planificación, el control y la fiscalización de los juegos de azar, de las actividades de las personas físicas o jurídicas dedicadas a su explotación, al igual que las relaciones interjurisdiccionales emergentes de la actividad.