El ministro de Hacienda, Oscar Llamosas; el viceministro de Tributación, Óscar Orué; el viceministro de Economía, Iván Haas; y el viceministro de Administración Financiera, Marco Elizeche, participaron de un programa televisivo, donde analizaron la coyuntura actual y la que se viene el próximo año en materia económica.

Durante el programa, el ministro Llamosas detalló sobre el proyecto de Ley de Presupuesto General de la Nación (PGN) para el 2023, indicando que recién el lunes el Poder Ejecutivo recibió el documento final por parte del Congreso Nacional. En ese contexto, comentó que hoy el equipo técnico está analizando las alternativas que tiene el Ejecutivo y reafirmó que el Ministerio de Hacienda no está conforme con algunas cuestiones que fueron aprobadas, como el aumento de las estimaciones de ingresos, las creaciones de cargos y los aumentos salariales a ciertos sectores.

“Hoy lo que estamos analizando son tres opciones: una es el veto total, que ya haciendo el análisis el equipo descartó esa opción, porque el Presupuesto de este año es muy distinto al del año que viene, y si vetamos totalmente, en caso de que se acepte, queda vigente el Presupuesto de este año”, explicó. Agregó que la otra opción es el veto parcial, que hay que ver técnicamente qué cuestiones se puede retrotraer de las decisiones que tomó el Congreso, y finalmente cuánto sería el impacto que eso generará el año que viene. “Ésta sí es una de las alternativas más fuertes que estamos analizando”, dijo.

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Como la tercera opción citó la promulgación de la Ley, con un agregado que el Poder Ejecutivo y el Ministerio de Hacienda pudieron incorporar dentro de la Ley de PGN, que es un artículo que permite de alguna manera a Hacienda administrar las decisiones que se tomaron en torno a los aumentos salariales y las creaciones de cargos.

“El PGN 2023 aprobado por el Congreso está en torno a los USD 14.800 millones, si comparamos con la versión del Ejecutivo hay una diferencia de USD 30 millones”, detalló el ministro Llamosas.

Por su parte, el viceministro de Tributación recordó que en el proyecto de PGN 2023 se envió con una estimación de crecimiento del 9% en ingresos tributarios. Advirtió que el aumento de la estimación de ingresos, aplicado por el Congreso al proyecto de PGN 2023, puede traer una incertidumbre y ocasionar que varios proyectos no puedan ser financiados. “Eso desbalancea el equilibrio presupuestario, porque hay que recordar que el equilibrio presupuestario es ingresos + financiamiento = a gastos”, manifestó Orué.

A su vez, el viceministro de Economía, Iván Haas, se refirió sobre la estimación de crecimiento económico, que sirvió como base para la construcción del proyecto de PGN. Aseveró que para el año que viene las proyecciones son alentadoras, ya que tanto el BCP como algunos agentes económicos prevén una expansión de la economía en torno al 4,5% y 5%. “Las perspectivas son mejores, principalmente basadas en una mejora de la producción agrícola”, resaltó.

Por último, el viceministro de Administración Financiera, Marco Elizeche, indicó que, ante los incrementos introducidos por el Congreso al proyecto de PGN 2023, el impacto sobre el déficit fiscal no será muy significativo el próximo año, pero alertó que mirando el 2024, esos cambios sí ponen en riesgo la convergencia fiscal trabajada por el Ministerio de Hacienda.

“Nosotros para este año tenemos que cerrar con 3% de déficit fiscal, estamos encaminados a eso; el año que viene ya tenemos la meta establecida de 2,3% y para el 2024 volver al 1,5%. El impacto que podría tener estos incrementos que hicieron, que sería leve para el año que viene, podría ser el triple para el 2024, estamos hablando de un aumento de gastos rígidos de USD 100 millones para el 2024”, expresó Elizeche.

Con esto quedan sin efectos las demandas por difamación y calumnia, que tenían dichos actores políticos, que se sumergieron en una seguidilla de acusaciones verbales en las que resaltaban, en gran parte, alusiones a cuestiones íntimas.

La “guerra” la había desatado la parlamentaria liberal, que en redes sociales afirmó una supuesta relación extramatrimonial qué afectaba al jefe comunal asunceno, ademàs de que supuestamente Nenecho consumía drogas. La réplica de este se tradujo en un comentario que aludía a la presunta relación íntima que mantuvo con Amarilla. En idas y venidas de epítetos, ingresó luego la senadora Valiente, demandando a su colega por difamaciòn.

Cuando todo indicaba que las querellas llegarían a instancia de definición en el ámbito judicial, amistades comunes de los implicados intermediaron para llegar a conciliación.

Cabe indicar que entre las exigencias de resarcimientos, había requerimientos de fuertes sumas de dinero como reparación ante daño moral. Uno de estos montos era de indemnización de hasta 1000 millones de guaraníes.

Por otro lado cabe indicar que la senadora Amarilla se vio de nuevo envuelta en un fuerte cruce de acusaciones en el seno del parlamento. Está vez con su colega Javier Zacarías Irún, de quien dijo, habría utilizado fondos públicos para pagar estudios de su hijo en el exterior. El aludido reaccionó desmintiendo la acusación y retrucando que la legisladora se enriqueció ilícitamente gracias a almuerzo y merienda escolar.

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En la jornada de ayer, una comitiva fiscal y policial encabezó una serie de allanamientos en la ciudad de Minga Guazú, departamento de Alto Paraná.

Dichas diligencias se llevaron a cabo en el marco de la investigación abierta tras la denuncia de explotación a menores de edad por parte de supuestas monjas pertenecientes a la que denominan como Congregación “Hijas de la Virgen de Caacupé”.

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Las autoridades están tras los pasos de una falsa religiosa imputada por trata de personas, identificada como Rufina Salinas Acuña (54), quien permanece en calidad de prófuga.

Los allanamientos, a cargo de los fiscales Vivian Coronel, Luis Trinidad y Diana Gómez, resultaron infructuosos, puesto que no lograron hallar a la mujer en ninguna de las viviendas visitadas.

Pese a ello, encontraron algunas evidencias que hacen suponer que Salinas estuvo en uno de estos lugares el día anterior, de acuerdo al informe del diario La Clave.

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En uno de los domicilios intervenidos, constataron la presencia de un adolescente en estado de abandono y con una enfermedad, quien es hijo de la propietaria. La misma será investigada igualmente por la Fiscalía en otra causa penal.

Rufina Salinas Acuña fue imputada junto con Olga Bogado Cubas (quienes se presentaban como religiosas) luego de haber sido denunciadas por una adolescente de 14 años, quien las acusó de someterla a trabajos forzosos, además de maltratos físicos y psicológicos.

Magalí Bazán comentó al canal GEN que, en noviembre del año pasado, desconocidos se habían comunicado con su esposo haciéndose pasar por empleados de la empresa Tigo. “Primero le llamaron de un número y luego le escribieron al WhatsApp de otro número”.

En aquel momento, le habían dicho que supuestamente fue adjudicado con un premio, por lo que le solicitaron algunos datos para cotejar su identidad. Gracias a ello, lograron acceder a su banca web del banco Itaú, entidad de la que la víctima es cliente.

A partir de ese momento, los delincuentes tuvieron posibilidad de hacer la solicitud de un préstamo por la suma de G. 28.300.000, sin que el titular de la cuenta haya dado su consentimiento, indicó la denunciante.

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Posteriormente, los estafadores bloquearon el número de la víctima para evitar que haga un nuevo contacto, a lo que Bazán decidió utilizar su número particular para volver a escribirles y reclamarles lo ocurrido.

Según relató, la persona que estaba del otro lado amenazó con “hacer lo mismo con su cuenta”, haciendo alusión a que supuestamente también intentarían acceder a sus datos para robarle dinero.

La mujer cuestiona el hecho de que los ciberdelincuentes pudieran solicitar el préstamo sin que el banco se haya contactado con el titular de la cuenta o hecho las verificaciones de rigor para este tipo de casos. “A él no le llamaron, ni siquiera le mandaron un correo, al entrar en su aplicación recién se dio cuenta”.

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En este caso, el monto total fue transferido en dos partes, a nombre de Natividad Nancy y Ever Hugo Rodríguez, respectivamente. “Cómo al banco no le llamó la atención que se hizo esa transacción y que automáticamente se transfirió el dinero a otras cuentas”, repudió.

Tras varios meses de este episodio, los afectados siguen sin tener ningún retorno por parte del banco Itaú, por lo que reclaman la falta de interés, así como el hecho de tener que encargarse de pagar mensualmente el préstamo, pese a no haber hecho la solicitud del mismo y no disponer de ese dinero.

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😮Hicieron un préstamo a través de la App del banco y no fue el titular: "Desde el año pasado nos dicen que nos darán una respuesta desde la entidad y nada".

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