El diputado colorado Óscar Tuma presentó, hace más de un año, un proyecto de ley para modificar la Ley que establece el indulto presidencial, de modo a que no sean beneficiados los reos que ingresaron al sistema penitenciario por haber cometido crímenes.

El parlamentario señaló este viernes que el objetivo será prohibir dicha amnistía en casos de homicidio doloso, coacción sexual, violación, delitos de genocidio, de lesa humanidad y crímenes de guerra. De aprobarse este documento, solamente podrán ser indultados los internos de las cárceles que cometieron delitos y demuestran que desean reinsertarse a la sociedad.

Este pedido reflota tras el macabro asesinato de la niña Iluminada Ruiz Díaz (8), quien fue arrojada con vida a las aguas del río Paraná, luego de ser violentada sexualmente. El presunto agresor es Agustín Anzoategui, quien fue indultado por el entonces presidente de la República, Fernando Lugo, en el año 2011.

“Es fundamental, porque es como un premio el indulto, pero no puede ser otorgados para los que cometieron crímenes porque salen a delinquir nuevamente. Hay muchos casos de personas que cometieron feminicidios, por eso es el planteamiento es la modificación, que lo presenté hace mucho tiempo”, resaltó.

Óscar Tuma lamentó que el texto se encuentra en las comisiones asesoras y estas aún no están dictaminando, por lo que se dilata el estudio en la Cámara Baja.

SALDRÁN EN LIBERTAD

Por otra parte, este viernes, el presidente de la República, Horacio Cartes, emitió la lista de las personas indultadas. Esto se da tras el pedido expreso del papa Francisco al mandatario paraguayo, para que conceda la libertad a los presos que están arrepentidos de los hechos ilícitos cometidos.

La nómina está integrada por Liz del Carmen Espinoza Coronel, Natividad Antúnez, Alba Lilian Espínola Antúnez, Matilde Larrea Riquelme, Cynthia Mariela Lezcano Bedoya, María Esther Servín y Felicita Giménez de Retamozo, todas ellas de la correccional de mujeres “Casa del Buen Pastor”.

La lista continúa con Luisa Victoria Franco y Floriana Fariña Escurra, ambas de la correccional “Juana María de Lara”. Con Mirna Miguelina Román Salinas, de la penitenciaría regional de Encarnación, se cierra la lista de mujeres indultadas.

Otros beneficiados son Walter Daniel Giménez Echagüe, Laureano Silver Jara, Ramón Darío Sánchez Villalba e Isabelino Franco Benítez, todos de la penitenciaría de Tacumbú. Antonio Delvalle y Tomás Federico Gómez González, ambos de la granja penitenciaría Itá Porâ, también saldrán en libertad gracias al indulto.

Cansado de los constantes reclamos a la Municipalidad de Asunción, nace la plataforma Asu Reclamos, impulsada por un ciudadano asunceno, Ever Escalante.

Según el creador, la aplicación nace desde un barrio, donde los vecinos padecen un montón de situaciones que muchas veces no son escuchadas por la comuna. Con la app Asu Reclamos cada reclamo podrá tener su seguimiento y gestión.

La plataforma permite reportar baches, basura, problemas de alumbrado y espacios públicos. Además de registrar los reclamos con ubicación georreferenciada y acompañar el proceso de cada caso, promoviendo la rendición de cuentas.

Cada reporte es registrado, clasificado y acompañado, con el compromiso de gestionar ante las instancias correspondientes y mantener informada a la ciudadanía.

La aplicación ya se encuentra disponible como una herramienta abierta para todos los vecinos de Asunción y del país.

La Licitación Pública Nacional N.º 164/24, para la “Contratación de servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, con provisión de repuestos a demanda para ascensores del Hospital Central” fue adjudicada por un monto de 3.500 millones de guaraníes, con una vigencia de 25 meses a la empresa Renfe.

Los trabajos comenzaron el año pasado y continuaron por tres meses, hasta que una empresa presentó una protesta a la cual hizo lugar la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas hace ocho meses. Finalmente ayer, la protesta fue rechazada.

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“Hoy tenemos seis ascensores parados por falta de mantenimiento correctivo. Estamos esperando la liberación de la parte documental para que esta empresa retorne, creemos que a mediados de la otra semana ya van a presentarse”, explicó Juan Penayo, jefe del Departamento de Mantenimiento del IPS Central.

Al momento de la suspensión del contrato, se estaba haciendo el mantenimiento de dos ascensores. Sin embargo, los seis ascensores quedaron fuera de servicio “recién” hace 30 días. Los elevadores descompuestos son de uso de familiares y visitantes, no así por los pacientes, aclaró.

“Hoy tengo dos ascensores que deberían estar funcionando en 24 horas por el tipo de repuesto que necesita, pero otros que tardarían un poco más porque entran en mantenimiento del sistema, pero una vez que tengamos disponible el contrato, estos seis ascensores que tenemos parados ya estarían funcionando”, afirmó.

Los representantes de la empresa adjudicada empezarán a trabajar a partir del miércoles de la próxima semana. Desde ese momento podrá contarse el plazo de 24 horas.

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El suboficial Superior (SR) Carlos Silvero, presidente de la Asociación e Integración de Suboficiales Retirados de la Policía Nacional, dijo que están de acuerdo con la aplicación de una reforma, pero no con el planteamiento del Ejecutivo respecto a la edad mínima de jubilación.

“Nosotros estamos de acuerdo en los 35 años de servicio, pero en la edad mínima a ver si nos podrían tener compasión porque el 70 % de las fuerzas públicas entraron a los 17 o 18 años, y no se puede cambiar las reglas cada seis meses o un año”, cuestionó Silvero, en un contacto con radio Universo 970 AM.

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Además de la aplicación de una tasa sobre el usufructo de tierras, proponen un aporte especial proveniente de Itaipú Binacional, para su destino a la Caja Fiscal.

El gremio además propone modificar el esquema de aportes obligatorios, elevándolos al 24%, distribuido de la siguiente manera: 18% a cargo del afiliado y 6% como contribución patronal del Estado. La propuesta del Ejecutivo plantea 19% a cargo del afiliado y 3% a cargo del Estado (22% total)

Pese a que el Ministerio asegura que se respetarán los derechos adquiridos, el gremio sostiene que el artículo 14 del proyecto deroga la ley 4.493/11 que establece los montos de la escala de sueldo básico mensual y otras remuneraciones.

Sin embargo, el ministro de Economía explicó que la ley no es retroactiva y que, quienes ya se jubilaron con otras condiciones, mantendrán sus derechos adquiridos. No obstante, los policías creen que aquí existe una pequeña laguna jurídica.

Todo cotizante que, al momento de la promulgación de a ley, haya reunido los requisitos exigidos por la normativa vigente para acceder a la Jubilación o al retiro, podrá regirse por las disposiciones establecidas en la Ley N.º 2345/2003 y sus modificaciones, así como por las leyes especiales que regulan cada régimen específico del sistema, sin quedar sujeto a las nuevas disposiciones.

Los derechos consolidados forman parte del patrimonio de sus titulares y no pueden ser modificados ni desconocidos por normas posteriores. El nuevo marco normativo regirá únicamente para los futuros servidores públicos y para aquellos que aún no hayan configurado su derecho a la jubilación o al retiro, permitiendo así una transición ordenada, gradual y sin efectos retroactivos.