El titular del Consejo de la Magistratura, Óscar Paciello, confirmó que en las próximas horas se encargarán de enviar la terna para la Fiscalía General del Estado luego de firmar el acta de conformación de la terna.

Según explicó, por reglamento se establece un plazo de 24 horas después de definir la terna para que cualquiera de los ternados presente un recurso de aclaratoria. Dicho plazo venció el martes a las 19:00 hs.

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Ya el día miércoles, no se pudo firmar el documento debido a que tres de los miembros del Consejo se encontraban de viaje en el interior del país, algunos por motivo de la campaña electoral y otros por cuestiones académicas. “Era imposible en la práctica suscribir el acta”.

Paciello aclaró igualmente que la ley exige que se adjunte el acta firmada por los 8 miembros del Consejo de la Magistratura a la comunicación formal que sea remitida al Ejecutivo. “Esta es la razón, no otra”, agregó.

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El presidente de la República tiene 30 días para definir a uno de los tres candidatos que integran la terna para la Fiscalía General del Estado y el Senado otros 30 días para confirmarlo. En caso de que la Cámara Alta no preste el acuerdo constitucional, se deberá volver a reiniciar el proceso.

Gustavo Santander (86,50), Cecilia Pérez (78,76) y Emiliano Rolón Fernández (73,87) son los tres integrantes de la terna final para la Fiscalía General del Estado que aspiran a reemplazar a Sandra Quiñónez.

Se trata del proyecto de Ley que modifica el artículo 207 del Código de la Niñez y la Adolescencia. La normativa establece actualmente un máximo de 8 años de medida privativa de libertad para adolescentes infractores. Sin embargo, la iniciativa aprobada en el Senado plantea elevar el máximo a 15 años.

La propuesta busca aumentar la duración de la medida privativa de libertad en casos en los que el hecho cometido por el adolescente sea considerado crimen según el derecho penal ordinario.

El proyectista, Javier Zacarías Irún, argumentó que esta modificación responde al crecimiento sostenido de casos de adolescentes infractores, según lo evidencian las estadísticas judiciales, lo cual también derivó en situaciones que generaron conmoción social, como los recientes casos de María Fernanda y el joven repartidor (delivery) asesinado.

El senador Javier Zacarías aseguró que el proyecto no vulnera preceptos constitucionales ni compromisos internacionales asumidos por el Estado paraguayo. “Existen antecedentes en países como Argentina o Costa Rica, donde las penas para adolescentes alcanzan hasta 20 años. En nuestro caso, se propone llevar la sanción a 15 años, cuando el máximo para adultos es de 30 años según el Código Penal”, acotó.

Para la elaboración del proyecto se mantuvieron reuniones con representantes de la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público y el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, con quienes se evaluaron alternativas para endurecer las penas y abordar integralmente la problemática.

La iniciativa pasa ahora a la Cámara de Diputados.

Las acciones jurídicas lograron obtener la declaración de caducidad en una demanda caratulada “José Luis Duarte Machuca y Mario Alberto Duarte c/ Alfredo Ramón López Ruggeri, Luis Alberto Ferriol, Rolando Isaac López y Entidad Binacional Yacyretá, sobre indemnización de daños y perjuicios por responsabilidad contractual”.

El expediente fue tramitado en el juzgado de primera instancia en lo Civil y Comercial del vigésimo turno, Asunción. Por parte de la EBY, intervinieron los abogados Alfredo González y Marcelo Codas Fontanilla, bajo la coordinación del Dr. Silvino Benítez.

Según los datos, el 19 de abril de 2022, José Luis Duarte Machuca y Mario Alberto Duarte, iniciaron un juicio contra la EBY, reclamando indemnización por un supuesto ataque perpetrado por parte de guardias de seguridad de la empresa, cuando los mismos se encontraban pescando en el río Paraná.

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Posteriormente, la EBY solicitó la intervención y contestó la demanda. Tras eso, se admitieron las pruebas, sin embargo, esta providencia fue recurrida por Yacyretá por considerar que las pruebas ofrecidas por la parte actora fueron realizadas en forma extemporánea.

El pasado 5 de mayo de 2025, el juzgado declaró la caducidad de la instancia, imponiendo las costas a la parte actora. La sentencia se encuentra firme.

Don Leo fue hallado en zona de Marina de Asunción, entre unas barcazas en el río Paraguay.

Su familia recibió información de que una persona con las características del hombre ingresó al parque Carlos Antonio López, y de allí a la Marina, donde se habría lanzado al río.

Estaba desaparecido desde el domingo, Día del Padre, cuando salió de su vivienda ubicada en el Barrio Obrero.

Su familia inició una búsqueda desesperada debido a que el hombre de 73 años padecía Alzheimer, diabetes e hipertensión.

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