En sesión extraordinaria, la Cámara Alta trató este miércoles el Proyecto de Ley “Que declara Estado de Emergencia en todo el territorio del Paraguay ante la pandemia declarada por la OMS a causa del COVID-19 y se establece las medidas administrativas, fiscales y financieras”.

Durante más de 10 horas, los senadores analizaron cada uno de los puntos incluidos dentro del proyecto presentado por el Poder Ejecutivo con el objetivo de hacer frente al impacto económico del coronavirus.

En primera instancia, la propuesta fue aprobada en general con modificaciones. Posteriormente, se hizo un análisis de cada uno de los artículos que forman parte del texto.

La propuesta sufrió algunas modificaciones importantes en relación a su versión original, presentada ayer por representantes del gobierno.

Uno de los puntos más resaltantes tiene que ver con la exoneración en el pago de los servicios básicos. En el caso de la ANDE, se aprobó exonerar el cobro de la factura durante los meses de marzo, abril y mayo para aquellos clientes cuyo consumo sea menor a G. 250.000. Los que superen ese monto podrán trasladar el pago fraccionado en 18 meses.

En el mismo artículo 17, se decidió que, además de la Essap, también sean incluidas las aguaterías privadas y juntas de saneamiento de todo el país, teniendo en cuenta que varios de los afectados cuentan con la provisión de agua potable de estos proveedores.

En lo que se refiere a la gratificación especial para el personal de blanco durante la actual pandemia de coronavirus -establecido en el Art. 5-, se votó por aumentar a tres salarios mínimos el tope establecido.

Otro de los puntos en los que se incluyeron modificaciones fue el Art. 41 que habla sobre la intervención de la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac) para el control de los recursos a ser utilizados durante la vigencia de la Ley de Emergencia. En este apartado, se decidió agregar un apartado que establece la creación de una Comisión Bicameral de Investigación y Control, a ser conformada por seis senadores y seis diputados.

Para el caso del Art. 47 -que habla sobre la convergencia al límite del déficit fiscal del 1,5% y la prohibición de aumentos salariales al sector público-, a propuesta del senador Stephan Rasmussen (PQ) se decidió testar el artículo completo.

Posteriormente en el Art. 49, se aprobó testar la última parte que refiere: “…los organismos y entidades priorizarán especialmente las medidas de seguridad para la protección de datos de carácter sensible”, esto a fin de evitar la divulgación de resultados de análisis clínicos.

A propuesta del senador liberal Víctor Ríos, se aprobó extender hasta el 1 de julio del 2020 el plazo establecido para que los bancos de plaza se abstengan de comunicar a la Superintendencia de Bancos sanciones de inhabilitación de cuentas corrientes que derivaren de cheques rechazados por insuficiencia de fondos.

El proyecto de ley será remitido a la Cámara de Diputados para su respectivo tratamiento, a realizarse en la jornada de este miércoles.

La Cámara de Senadores convocó para este martes a una audiencia pública, con representantes tanto del sector público como privado, para analizar los alcances del proyecto de ley “Que prohíbe temporalmente la creación, conservación, almacenamiento y comercialización de activos virtuales o criptoactivos, criptomonedas y la instalación de granjas de criptominería en territorio paraguayo”.

Durante el evento, los senadores e invitados especiales expresaron sus posiciones respecto a esta propuesta legislativa, que plantea una restricción a la actividad de la criptominería y a la instalación de nuevas granjas de criptomonedas en nuestro país.

El senador Enrique Salyn Buzarquis afirmó que, más que prohibir la actividad, se debe establecer un marco regulatorio más efectivo para impedir el robo de energía eléctrica. “Sería un trágico error castigar a las empresas legales”. En otro momento, habló sobre el impacto positivo mediante los ingresos obtenidos por las empresas legalmente constituidas, que abonan un precio diferencial por la energía suministrada.

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Uno de los que se expresó en contra del proyecto es el senador Eduardo Nakayama, quien considera imprudente la aprobación de una propuesta que impediría obtener más recursos para el país y promover el aumento de inversiones. “Tiene que haber un análisis previo”.

Por su parte, el senador José Oviedo explicó que no se puede prohibir la tenencia de criptomonedas, lo cual es uno de los errores conceptuales planteados en el documento. A su vez, adelantó que prepara otro proyecto que buscará regular el uso intensivo de energía eléctrica en el país.

Mauricio Bejarano, viceministro de Minas y Energía, dijo que se debe analizar si es que los empresarios del rubro de criptominería quieren realizar una inversión a largo plazo y si quieren darle un valor social. “Es intolerable en un país como el nuestro el robo de energía, el que lo hace tiene que tener una sanción criminal”, añadió.

Asimismo, resaltó que desde el gobierno se apunta a promover una política tarifaria para esta y cualquier tipo de industria, además de fijar un marco normativo que permita determinar cuál es el tipo de inversión para promover el desarrollo del país. A su criterio, no será oportuno tomar una determinación tan radical como esta, por lo que insta a que se haga un análisis minucioso sobre los beneficios que podría traer la criptominería.

Víctor Arévalos, técnico especialista en máquinas mineradoras, aseguró que la suspensión de la criptominería podría poner en riesgo la inversión y generación de fuentes de trabajo, además del potencial de innovación que este sector puede aportar al país. “Las medidas propuestas podrían perjudicar a las empresas que intentan cumplir con las regulaciones, afectando a toda la industria detrás de ella”.

Ricardo Prieto, de la Cámara Paraguaya de Blockchain, sostuvo que un proyecto como este prácticamente “podría destruir todo lo que ha construido en este rubro”, tanto en Paraguay como a nivel mundial, por lo que lo considera como “un contrasentido”. Desde el gremio buscan aportar conocimiento y desarrollar el sistema de este nuevo modelo de negocios, agregó.

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Los representantes de la ANDE volvieron a hacer énfasis en la sustracción ilegal de energía, que genera pérdidas millonarias. En ese sentido, destacaron que las empresas legalmente constituidas y registradas permiten obtener un importante flujo de caja a la institución, por lo que el debate debe centrarse en el combate a la actividad ilegal.

Derlis Gregor, investigador en tecnología, aseguró que la suspensión de actividades de criptominería supondría pérdidas para las empresas y también para la propia ANDE, además de sobrevenir en disputas legales y demandas por incumplimiento. Concentrar los esfuerzos para combatir la ilegalidad sería mucho más efectivo, a su parecer, además de establecer un marco regulatorio para las nuevas granjas de criptominería.

“Es muy vergonzoso y lo digo como un legislador más y alguien que milita en el movimiento Honor Colorado. No podemos agredir a los trabajadores de prensa que están haciendo su trabajo”, declaró el senador Basilio Núñez, ante la consulta de su parecer sobre lo acontecido.

El referente del oficialismo y de HC, señaló que, a poco de recordarse el Día del Periodista, solamente puede calificar este hecho como lamentable y expresar su solidaridad con las comunicadoras agredidas.

“A Yamil le considero un amigo del movimiento, pero no tenemos que involucrar ni al movimiento ni al partido, es una cuestión personal y seguramente los diputados lo van a tratar mañana”, opinó Núñez.

Por su parte, Yamil Esgaib emitió un comunicado en el que sostiene que, su intención no fue ni será la de agredir a una mujer, sin embargo, aseguró ser víctima de hostigamientos y agresiones.

“Las imágenes registradas durante el incidente son prueba evidente del acoso y las agresiones verbales dirigidas tanto a mi hija como a mí”, afirmó.

Lejos de arrepentirse o pedir disculpas, el diputado Esgaib espera que el incidente “sirva” para reafirmar la importancia del respeto mutuo y para recordar la necesidad de la integridad periodística en el ejercicio de las funciones.

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Se trata del remolcador “Belén B” y una barcaza portacontenedores denominada “PAR 13001″ (la más grande, hoy día, en operación), cuyas incorporaciones representan la mayor inversión de la historia del sector naviero local, de unos USD 13 millones.

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Autorizadas en fecha 6 de marzo por la ministra Claudia Centurión mediante resolución ministerial N.º 206/2024, la firma Paranave S.A. de esta manera pone en operación sus dos nuevas unidades importadas de Malasia y que están pensadas para el transporte de contenedores de carga seca y refrigerada. Además, cuentan con tecnología de punta y cumplen estrictamente con las últimas reglamentaciones que rigen para la navegación internacional.

El director de la Marina Mercante, Patricio Ortega, informó que hoy día, la flota paraguaya cuenta con más de 2.500 unidades, por lo que es considerada la más grande en la modalidad de transporte de contenedores que actualmente navega la Hidrovía Paraguay – Paraná. “Paraguay y su comercio internacional dependen del 80% con la modalidad fluvial para la importación y exportación de productos, hecho que hace muy significativo el aporte de estas unidades”, subrayó.

El remolcador Belén B cuenta con una eslora (longitud) de 34 metros, una manga (ancho) de 10,5 metros y una potencia de 3.600 HP, mientras que PAR 13001 posee una eslora de 106 metros y una manga de 30 metros y cuenta con una capacidad de transporte de hasta 748 TEUs (unidad de medida expresada en contenedores) o unas 13.000 toneladas.

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