Jorge Brítez, el diputado que en un momento se opuso al uso obligatorio del tapabocas, ayer martes sufrió la sanción de la red social Facebook por haber compartido allí su proyecto de ley para autorizar la elaboración, comercialización, suministro y uso de dióxido de cloro como tratamiento del Covid-19, pese a que no existen datos científicos al respecto. El castigo consiste en la suspensión de su cuenta por un mes.

“Facebook se convirtió en una red de censura. Voy a visitar la oficina de Facebook para escracharles”, dijo el polémico político en entrevista con Abc Cardinal.

Pese a la censura, el esteño no piensa quedarse callado y ya anunció que presentará un nuevo proyecto, esta vez para multar a las redes sociales que censuran a sus usuarios.

Las posturas de Britez suelen generar rechazo en sus colegas y en la ciudadanía, ya que durante mucho tiempo negó la existencia de la pandemia e hizo campaña en contra del uso del tapabocas. Hace poco nomás había dicho que presentaría un proyecto que legalice el robo de hasta 10 mil guaraníes. También dijo que no se aplicará la vacuna contra el Covid, ya que prefiere otro tipo de alternativas.

El doctor Pablo Lemir, director de Medicina Legal de la Fiscalía, este martes dio a conocer los resultados de la autopsia al cadáver de Alba Eulogia Rodríguez de Michalak (59).

“No es una muerte violenta”, afirmó el médico forense en conversación con los medios, confirmando que no se detectaron signos de violencia externa, fracturas ni lesiones en el cuerpo de la ciudadana uruguaya.

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Estas evidencias hacen suponer que pudo haberse tratado de “una muerte de tipo natural”, indicó, aunque aún quedan pendientes algunos estudios por realizarse.

Al respecto, Lemir precisó que se tomaron muestras de tejidos y órganos, los cuales serán sometidos a estudios hemopatológicos para arrojar más luz sobre este trágico suceso.

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Los resultados laboratoriales permitirán conocer las circunstancias del fallecimiento de la extranjera, cuyo cuerpo fue hallado en su vivienda, ubicada en el barrio Villa Industrial de la ciudad de San Lorenzo.

Víctor Martin Fernández Zaracho (43), empleado de confianza de la víctima, había sido detenido por la Policía luego de ser sindicado en un primer momento como principal sospechoso por la muerte de Rodríguez.

Se trata de Robert Alter, quien se encargará de seguir avanzando en el compromiso del fortalecimiento de las relaciones entre Estados Unidos y Paraguay.

Rob Alter comenzó su misión en Paraguay como ministro consejero, asumiendo ahora las funciones de Encargado de Negocios en la Embajada de EE.UU.

Recientemente, se desempeñó como director de la Oficina de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley en la Embajada en San José, Costa Rica. Anteriormente, fue subdirector de política y director interino de la Oficina de Planificación y Coordinación de Políticas en la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado en Washington, D.C.

En etapas anteriores de su carrera diplomática, Rob prestó servicios como subdirector político en la Embajada de EE.UU. en Buenos Aires; fue funcionario principal a cargo de los asuntos de Colombia en Washington; funcionario económico en la Embajada en Caracas; asistente del Secretario Adjunto de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental; asistente especial del Embajador y funcionario consular en la Embajada en París; y funcionario económico en la Embajada en Bagdad. Entre otros logros destacados, apoyó los esfuerzos de EE.UU. para ayudar al gobierno colombiano a alcanzar su acuerdo de paz de 2016 con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Antes de incorporarse al servicio diplomático, Rob trabajó como secretario de juzgado en el Tribunal de Distrito de los EE.UU. para el Distrito Sur de Florida y como abogado litigante en un bufete de abogados con sede en Cleveland. Nacido y criado en Youngstown, Ohio, posee una Licenciatura en Historia de la Universidad de Ohio State, un Doctorado en Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad de Notre Dame, y una Maestría en Servicio Exterior de la Universidad de Georgetown. Habla español y francés.

La Coordinadora de Víctimas de la Mafia de los Pagarés, grupo conformado por numerosos afectados por esta mega estafa, realizó este martes una manifestación pacífica frente al Palacio de Justicia de Asunción.

Con pancartas y carteles, las víctimas —entre las que se encuentran docentes, funcionarios públicos, enfermeros y jubilados, entre otros— exigen a las autoridades judiciales alguna solución a sus reclamos.

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Aprovecharon la ocasión para solicitar vía nota una audiencia con los ministros de la Corte Suprema de Justicia, a fin de abrir un canal de diálogo y plantearles una serie de inquietudes y pedidos de manera formal.

Los manifestantes representan a las miles de víctimas de esta rosca mafiosa, que involucra a jueces, funcionarios judiciales, abogados y hasta casas de créditos y empresas de cobranza, quienes utilizaron pagarés sin retirar para ejecutar embargos salariales.

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Exigen una respuesta inmediata a sus reclamos, sobre todo para frenar los descuentos compulsivos que sufren mes a mes, además de un severo castigo a los responsables y una investigación transparente. A la par, plantean la creación de un tribunal especializado para atender sus casos.

La Coordinadora de Víctimas convocó a una nueva manifestación para el 21 de julio, teniendo nuevamente como punto de convocatoria la sede del Poder Judicial.