Legisladores de varios partidos firmaron el proyecto de ley que modifica los artículos 72,128, 130, 131 y 135 de la ley 1160/97 del Código Penal, el cual pretende aumentar la pena privativa de libertad y reemplazar la figura de delito, por la de crimen, a los que cometen abuso sexual o acciones que involucren actos sexuales a niños u otras personas de edad superior.

En el artículo 72 vigente, que habla de las clases de medidas, que podrán ser privativas o no de libertad y que serán de vigilancia, mejoramiento o seguridad, se introduce en el inciso segundo, apartado 4, la castración química de por vida, al cumplir la pena privativa de libertad correspondiente, por hechos punibles establecidos (128.130,135) en esta ley.

En el artículo 128, sobre coacción sexual y violación, se estipula un castigo con pena privativa de libertad de 20 años en adelante, cualquiera sea la edad de la víctima.

El numeral cuatro de este mismo artículo indica que luego de cumplir la pena carcelaria, será aplicada la castración química, como medida de vigilancia.

La misma pena se prevé cuando las víctimas son personas indefensas, que se encontrasen en estado de inconsciencia o que por cualquier otra razón estuviesen incapacitadas para ofrecer resistencia. También se incluye la castración química una vez cumplida la pena de cárcel.

En cuanto al artículo 135, de abuso sexual en niños, se prevé una pena de libertad de 10 a 25 años. Cuando se diera más de una circunstancia, la pena irá de 20 a 25 años.

Respecto al 135, sección B, referente al abuso por medios tecnológicos, sobre el que por medio de comunicaciones electrónicas o cualquier transmisión de datos solicite o exija a un niño que realice actos sexuales o envíe imágenes de sí mismo, recibirá de 5 a 10 años de cárcel. También se castigará la tentativa.

La imputada está identificada como Érika Melgarejo González (28), quien se encuentra privada de libertad y enfrenta cargos por los delitos de producción de riesgos comunes y amenaza de hecho punible.

El hecho ocurrió en una residencia donde funciona un consultorio odontológico ubicado en el kilómetro 5,5 del referido barrio de la capital del Alto Paraná, propiedad de la Dra. Myrian Vanesa Cabral González.

Según la investigación, la presunta autora llegó al lugar con un recipiente en mano que contenía combustible, tras cerciorarse de que nadie estaba dentro del local, derramó el líquido inflamable y le prendió fuego. Todo el movimiento de la sospechosa quedó registrado en la filmación del circuito cerrado del local.

La dueña del lugar, quien pudo observar a través de las grabaciones lo que estaba ocurriendo, acudió rápidamente hasta el sitio, donde fue agredida por la atacante, quien además la amenazó. La afectada alertó a los agentes policiales de la jurisdicción, quienes fueron al sitio y procedieron a la aprehensión de Melgarejo.

El asunto tendría como trasfondo una venganza contra los padres de la doctora Cabral, quienes tiempo atrás le habían alquilado una habitación a Melgarejo -que funciona al costado de la clínica odontológica- y luego la desalojaron por algunos problemas.

Los decomisos se realizaron en comercios y supermercados de Capiatá, según informaron desde el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES).

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Aparentemente, los locales intervenidos no cumplían con las medidas establecidas por la Ley de Pesca y Acuicultura para comercializar productos pesqueros. Igualmente, hallaron como piezas de animales silvestres, tampoco sin los permisos.

Se decomisaron aproximadamente 130 kilos de surubí pintado que, según el Mades, serán donados a entidades benéficas para su consumo.

La intervención fue llevada a cabo por técnicos de la dirección de Pesca y Acuicultura y la dirección de Fiscalización Ambiental del Mades.

Desde la institución recuerdan que la venta de animales silvestres y pescados sin medidas está sujeta a sanciones administrativas y penales.

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Vecinos de la zona dieron aviso a la Policía Nacional sobre la presencia de la recién nacida, tras escuchar el llanto de la misma.

Los uniformados se acercaron al lugar y constataron que aún tenía el cordón umbilical.

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La recién nacida fue derivada de inmediato al hospital distrital, donde se encuentra fuera de peligro y en estado de observación.

La interviniente es la fiscal María Angélica Insaurralde, quien se encargará de indagar a la madre.