Seitz explicó que tres meses después de la firma del contrato,  la empresa Estructura Ingeniería SA (EISA) fue inhabilitada por la Dirección de Contrataciones Públicas (DNCP) y el caso relacionado al nuevo tren de molienda en la planta alcoholera de Petropar en Mauricio José Troche (Guairá), fue remitido para una verificación.

Dicha verificación consiste en un monitoreo constante en atención a los problemas iniciales que surgieron durante la etapa de adjudicación y así poder determinar el “eventual retraso” en las obras.

Asimismo, Seitz indicó que existe un límite de tolerancia en cuanto al retraso, que se traduce en multas hasta llegar a una rescisión del contrato.

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“Si se rescinde el contrato, es importante mencionar que hay una póliza de seguro, que indica que se debe reembolsar el 100% del anticipo abonado”, sostuvo Seitz en conversación con Universo 970 AM de Nación Media.

▶️ Adelantan USD 6.000.000 pero la obra de Petropar nunca se concretó

🗣️ “Es importante mencionar que hay una póliza de seguro, que indica que se debe reembolsar el 100% del anticipo abonado” sostuvo Pablo Seitz, Director de Contrataciones Públicas

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EL CASO 

La promesa del nuevo tren de molienda que adjudicó en diciembre del 2021 quien hasta hace una semana era todavía presidente de Petropar, Denis Lichi, se tradujo en un clavo para la empresa estatal y para los miles de cañicultores que tenían la esperanza de contar con una moderna planta de molienda que devore su producción.

Según el contrato, el plazo de entrega de la obra era de 12 meses; “incluidas todas las pruebas, habiéndose satisfecho todos los requerimientos indicados”, pero a dos meses de fenecer el tiempo contemplado en el documento, no se ha colocado un solo material en el lugar.

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Lichi había beneficiado con el contrato por valor de G. 195.299 millones, unos US$ 28,7 millones a la empresa Estructura Ingeniería SA (EISA), firma atribuida al señor Alberto Palumbo, amigo del vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, en tiempos en que este estaba en una fuerte campaña como precandidato a la Presidencia de la República para el 2023. La adjudicación fue muy cuestionada porque su costo es 6 veces más caro que infraestructuras del mismo tipo erigidas en el mercado brasileño.

El millonario contrato contempla un jugoso anticipo equivalente al 20% del monto total del convenio, que se desembolsó con celeridad sin que se vieran mayores avances en contrapartida.

El abogado Edgar González manifestó que su cliente es una persona trabajadora que dedicó toda su vida a la ropería y a la agricultura, como todas las familias de Villa Ygatimi.

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Desmintió que Selva Hũ forme parte de una organización mafiosa y que sea la persona que decide “quién vive y quién no”, teniendo en cuenta que la mujer es sindicada como líder de los sicarios en el departamento de Canindeyú.

“Ella es madre de familia y tiene a su cargo dos hijos que van a la escuela. Ella está nerviosa, con antidepresivos y temerosa. A ella se le involucra que está metida en homicidios. En portales. La Fiscalía da declaraciones sin aportar pruebas”, expresó el abogado González en conversación con radio Ñandutí.

Para la Fiscalía, Selva Hũ es sospechosa de ser la autora intelectual de la muerte de su padrastro y de otras personas en Canindeyú. Aparentemente, estaría vinculada al presunto líder narco Felipe Santiago Acosta, alias Macho.

La mujer está prófuga y días atrás, se ordenó su detención. Según Edgar González, esa acción es ilegal por lo que, presentó un Habeas Corpus preventivo ante la Corte Suprema de Justicia.

“Con irresponsabilidad dicen que tienen pruebas. Se basan en una orden de captura ilegal basado en un informe incompleto. Buscamos no eliminar la supuesta causa, sino que nos den la garantía procesal para que ella pueda presentarse ante la justicia sobre los supuestos hechos”, agregó el abogado.

En la noche de ayer se registró un incendio en un depósito situado en el barrio Las Carmelitas de Ciudad del Este, Alto Paraná.

Se trata de un tinglado que, a juzgar por las evidencias halladas, funcionaba como granja de criptomonedas, teniendo en cuenta que había varias máquinas mineradoras en el lugar.

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Tras recibir la alerta, acudieron al lugar bomberos voluntarios de Ciudad del Este, quienes trabajaron arduamente para poder sofocar el fuego.

Un total de 18 máquinas mineradoras de criptomonedas fueron afectadas por las llamas, de acuerdo al informe del diario La Clave.

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Dicha propiedad pertenece a Yselia Kronbauer (64), quien confirmó a la Policía que había alquilado el local a un brasileño de nombre Tiago Costa Márquez Varela (36). El mismo le había mencionado que utilizaría el espacio para la instalación de una carpintería.

El extranjero se encontraba en el depósito al momento de iniciar el siniestro, pero luego se fugó cuando llegaron los uniformados.

La intervención fue realizada de manera conjunta con técnicos de la Dirección Especializada de Delitos Ambientales, de la Municipalidad de Asunción y de técnicos del Instituto Forestal Nacional.

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Durante el allanamiento, verificaron la distancia entre el inmueble denunciado y el cauce hídrico del arroyo lambareño para determinar si el predio forma parte del bosque protector. También si la tala a ser realizada, correspondería al bosque protector referido.

Según los vecinos, el lugar ayuda a evitar que el cauce del arroyo Ferreira se desmorone en días de lluvias intensas, por lo que, piden frenar con la supuesta intención de talar los árboles,

La inspección incluyó la toma de puntos de georreferenciamiento, verificación del cauce hídrico y sus inmediaciones, a los efectos de corroborar el hecho denunciado. Por otra parte, los técnicos intervinientes manifestaron que se expedirán en los informes correspondientes, dando respuesta detallada sobre los puntos objeto de allanamiento.

Los intervinientes realizaron un cotejo con las documentaciones obrantes en el cuaderno de investigación fiscal, a fin de determinar si las autorizaciones emanadas de las autoridades administrativas se hallan conforme a los trabajos realizados hasta el momento y los que van a ser ejecutados.