Tres intentos y un feminicidio en menos de una semana: denuncias nunca fueron escuchadas

En la mayoría de los casos las víctimas realizaron denuncias contra su agresor sin lograr la protección ni apoyo por parte de las instituciones encargadas de garantizar su integridad y que salgan con vida del círculo de violencia.

Ya en diciembre pasado, Alicio Javier Ozuna agredió con golpes de puño y un machetillo a su pareja que se encontraba trabajando en una bodega y finalmente, este lunes la mujer decidió denunciarlo presentando imágenes de circuito cerrado donde se observa el momento en que el hombre intenta clavarla y la golpea. Ozuna fue detenidos dos días atrás.

El pasado lunes no fue intento sino que se consumó el feminicidio de una joven de 21 años, recibió un disparo por arma de fuego por parte de su pareja Juan David Morán de 29 años, ocurrió en el barrio La Amistad de J. Augusto Saldívar. Luego de matar a la joven, el feminicida su pegó un tiro y murió.

Dos días después, un nuevo intento de feminicidio se hizo público cuando Leandro Do Carmo Paes de 31 años ingresó a la casa de su expareja en la ciudad de San Antonio y le disparó en la cara con un arma de fuego calibre 38 y actualmente la víctima se encuentra internada en el Hospital de Trauma con un estado estable.

El siguiente se dio 24 horas después en la ciudad de Pedro Juan Caballero cuando Ronald Insaurralde de 29 años ingresó al lugar de trabajo de su expareja de 24 años, disparó y la bala alcanzó el cuello de refilón. Tras el intento por matarla se suicidó disparándose con la misma arma.

El último corresponde al agresor identificado como Eudes Fabián Argüello, un agente del Grupo Lince que tiene antecedentes de violencia contra su expareja, esta lo quiso denunciar y la amenazó con un arma, el violento vive a tres cuadras de su casa y violó en reiteradas ocasiones la orden de alejamiento sin intervención policial.

Según los registros, durante el 2020 fueron registradas más de 15.000 denuncias de violencia contra la mujer y 32 casos de feminicidios en el país. En el 2019, hubo 37 feminicidios. Y este año, en un lapso de mes y medio ya son cuatro las víctimas fatales, según el Observatorio de la Mujer.

Estas mujeres que denunciaron a su agresor, en algunos casos en reiteradas ocasiones, están amparadas por la Ley 5777/16 que contempla los diferentes tipos de violencia contra la mujer, entre ellas violencia feminicida, violencia física, sicológica, sexual, contra los derechos reproductivos, patrimonial, laboral, política, intrafamiliar, obstétrica, mediática, telemática, simbólica y contra la dignidad.

Las propias víctimas cuentan los malos tratos, la indiferencia e inclusive la burla que reciben por parte de quienes deberían tomarla la denuncia y actuar. Muchas no pudieron contar la historia y pasaron la engrosar la lista de víctimas fatales de la violencia machista.

Las denuncias contra este tipo de violencia puede realizarse en Ministerio de la Mujer que ofrece servicios gratuitos de atención integral y gratuita para las víctimas como orientación legal y psicológica con la derivación y seguimiento de los casos respectivos a través de un equipo multidisciplinario integrado por trabajadores sociales, abogadas y psicólogas que apoyan y orientan a las mujeres víctimas de forma gratuita.

El horario de atención es de 7:00 a 18:00 horas de lunes a viernes en el edificio Ayfra – Planta Baja ubicado en Presidente Franco y Ayolas. Se puede contactar al 021 452060 y el correo atención@mujer.gov.py.

También está habilitada la línea 137 SOS MUJER, un Sistema de Operativo de Seguridad para mujeres víctimas de violencia doméstica e intrafamiliar, el servicio tiene cobertura nacional las 24 horas inclusive los fines de semana y feriados.

A esta línea pueden llamar tanto las personas que tengan conocimiento de un hecho de violencia doméstica e intrafamiliar o las mismas víctimas.

Selva Hũ se dedica a vender ropas “Todo x 20 mil” y no a plantar marihuana, dice su abogado

Selva Elizabeth Portillo Rodas, alias Selva Hũ, está prófuga y pide garantías para presentarse ante la Fiscalía. La mujer es buscada por, supuestamente, formar parte de bandas criminales en Canindeyú y es sindicada como presunta jefa de sicarios, acusación que es desmentida por su abogado quien afirmó que ella solo es comerciante, vendedora de ropas.

El abogado Edgar González manifestó que su cliente es una persona trabajadora que dedicó toda su vida a la ropería y a la agricultura, como todas las familias de Villa Ygatimi.

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Desmintió que Selva Hũ forme parte de una organización mafiosa y que sea la persona que decide “quién vive y quién no”, teniendo en cuenta que la mujer es sindicada como líder de los sicarios en el departamento de Canindeyú.

“Ella es madre de familia y tiene a su cargo dos hijos que van a la escuela. Ella está nerviosa, con antidepresivos y temerosa. A ella se le involucra que está metida en homicidios. En portales. La Fiscalía da declaraciones sin aportar pruebas”, expresó el abogado González en conversación con radio Ñandutí.

Para la Fiscalía, Selva Hũ es sospechosa de ser la autora intelectual de la muerte de su padrastro y de otras personas en Canindeyú. Aparentemente, estaría vinculada al presunto líder narco Felipe Santiago Acosta, alias Macho.

La mujer está prófuga y días atrás, se ordenó su detención. Según Edgar González, esa acción es ilegal por lo que, presentó un Habeas Corpus preventivo ante la Corte Suprema de Justicia.

“Con irresponsabilidad dicen que tienen pruebas. Se basan en una orden de captura ilegal basado en un informe incompleto. Buscamos no eliminar la supuesta causa, sino que nos den la garantía procesal para que ella pueda presentarse ante la justicia sobre los supuestos hechos”, agregó el abogado.


Incendio consume granja clandestina de criptomonedas en CDE

Un incendio consumió una granja de criptomonedas que operaba de forma clandestina en Ciudad del Este. Se sospecha que las máquinas sufrieron un sobrecalentamiento.

En la noche de ayer se registró un incendio en un depósito situado en el barrio Las Carmelitas de Ciudad del Este, Alto Paraná.

Se trata de un tinglado que, a juzgar por las evidencias halladas, funcionaba como granja de criptomonedas, teniendo en cuenta que había varias máquinas mineradoras en el lugar.

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Tras recibir la alerta, acudieron al lugar bomberos voluntarios de Ciudad del Este, quienes trabajaron arduamente para poder sofocar el fuego.

Un total de 18 máquinas mineradoras de criptomonedas fueron afectadas por las llamas, de acuerdo al informe del diario La Clave.

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Dicha propiedad pertenece a Yselia Kronbauer (64), quien confirmó a la Policía que había alquilado el local a un brasileño de nombre Tiago Costa Márquez Varela (36). El mismo le había mencionado que utilizaría el espacio para la instalación de una carpintería.

El extranjero se encontraba en el depósito al momento de iniciar el siniestro, pero luego se fugó cuando llegaron los uniformados.



Intervienen obra para supermercado ante intención de talar árboles del “Bosque San Vicente”

Vecinos del barrio San Vicente denuncian la intención de una empresa privada de derribar los árboles que forman parte del bosque protector del arroyo Ferreira para levantar un supermercado mayorista. El Ministerio Público allanó el sitio e investiga un posible caso de delito ambiental.

La intervención fue realizada de manera conjunta con técnicos de la Dirección Especializada de Delitos Ambientales, de la Municipalidad de Asunción y de técnicos del Instituto Forestal Nacional.

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Durante el allanamiento, verificaron la distancia entre el inmueble denunciado y el cauce hídrico del arroyo lambareño para determinar si el predio forma parte del bosque protector. También si la tala a ser realizada, correspondería al bosque protector referido.

Según los vecinos, el lugar ayuda a evitar que el cauce del arroyo Ferreira se desmorone en días de lluvias intensas, por lo que, piden frenar con la supuesta intención de talar los árboles,

La inspección incluyó la toma de puntos de georreferenciamiento, verificación del cauce hídrico y sus inmediaciones, a los efectos de corroborar el hecho denunciado. Por otra parte, los técnicos intervinientes manifestaron que se expedirán en los informes correspondientes, dando respuesta detallada sobre los puntos objeto de allanamiento.

Los intervinientes realizaron un cotejo con las documentaciones obrantes en el cuaderno de investigación fiscal, a fin de determinar si las autorizaciones emanadas de las autoridades administrativas se hallan conforme a los trabajos realizados hasta el momento y los que van a ser ejecutados.


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