La empresa Infinium S.A. (FastPay), propiedad de la familia Trovato, se puso a disposición tanto de la Fiscalía como de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) luego de las publicaciones realizadas por el programa La Caja Negra en las últimas horas en relación a sus vínculos con la empresa de apuestas Apostala.

En este sentido, Marco Trovato habló hoy con Radio Uno y explicó que FastPay es “un prestador de servicio más” en la cadena de pagos electrónicos por el cual Seprelad activó la alarma de posible blanqueo de capitales.

“Somos una empresa de innovación y tecnología que se desarrolla por jóvenes paraguayos para cubrir una necesidad para hacer una pasarela digital, para cubrir un medio de pago. Es un servicio de interconexión. No es delito crear una empresa y operar al instante”, alegó el expresidente del Olimpia.

La empresa Fastpay es una multipasarela de pagos para cobros online con tarjetas y billeteras electrónicas. En un comunicado hecho público por la firma Apostala, se men­ciona a FastPay como un “medio electrónico de agi­lización de integración” que usa Tigo Money para hacer sus pagos.

El comunicado incluso habla de que se firmó un contrato con la firma de los Trovato para operativizar ese servicio.

“OPERAR AL INSTANTE”

La firma Infinium S.A. (FastPay) fue constituida en la ciudad de Asunción el 16 de marzo del 2018 ante el escribano público Justo Germán Denis. La inscripción de la firma en el Registro Público de Comercio se realizó en fecha 6 de abril del 2018. El capital de la firma es de Gs 120 millones confirmado por 12 acciones de 10 millones cada una. Entre los accionistas de la firma aparecen: Julio Cesar Trovato Retamozo y Marco Antonio Trovato Villalba, como director titular de la firma FastPay.

De acuerdo al reporte de la Seprelad el 17 de mayo del 2018, apenas un mes después de comenzar a operar, la empresa de los Trovato registra una transferencia Gs 100.826.816 a favor de la firma Apostala.

FastPay aparece con reporte de operaciones sospechosas de la Seprelad en calidad de actor principal. El reporte se genera el 15 de noviembre de del 2019 y se refiere a movimientos financieros llevados a cabo entre los meses de mayo a noviembre del 2019 por un total de Gs 9.168.155.565.

La alerta que se activó en el sistema bancario se registró tras la no contestación por parte de la empresa FastPay a los pedidos de informes hechos desde la entidad bancaria sobre el beneficiario final de las operaciones y el control que se aplican a las transacciones realizadas en la pasarela de pagos.

“Lastimosamente no tenemos todavía el informe (de Seprelad), pero no es que nosotros no contestamos lo que nos pidieron, sino que contestamos que no tenemos el control de la persona que paga. Nosotros ya no vemos si la persona que cargó la billetera apostó o no apostó. Nos llama la atención lo que dice este informe, porque no tiene ningún sentido. Nos causa un daño de imagen terrible. Se me expone de esta manera. Queremos que la persona que firmó el informe responda”, refirió.

CAPITAL TURBIO

Por otra parte, los investigadores de la Seprelad concluyen que los actuales directivos de la firma Apostala Carlos Giussepe Vega, Carlos Ariel Doldán y Gregorio Espinoza Herrera no registran patrimonio suficiente que justifique la adquisición de la firma DARUMA SAM S.A. (Apostala) y que los mismos serían prestanombres de los beneficiarios finales. Además, resulta sospechoso el vinculo de los accionistas con otros emprendimientos empresariales cuya creación y sustento estarían ligados al narcotráfico y al lavado de dinero.

La base de datos de premios de la firma Apostala -que corresponde al periodo comprendido entre el 29 de mayo de 2018 al 1 de mayo de 2019- se registra el pago de Gs. 26.475.856.880 consistente en un total de 241 premios otorgados presumiblemente en efectivo a un grupo de 80 personas que fueron ganando de forma repetida.

El más ganador de todos es Miguel Ángel López Báez, quien se embolsó Gs. 2.389.299.250, el mismo no posee bienes, ni vehículos a su nombre, es paraguayo, estudiante se dedica a la venta, mantenimiento y reparación de vehículos, motocicletas y venta al por menor de combustible. La última declaración jurada presentada corresponde al periodo de marzo del 2011 sin movimiento. No aparece como asegurado de IPS ni registra titularidad de bienes inmuebles ni rodados.

Seprelad destaca que con este vínculo con FastPlay se blanqueó parte de los ingresos de la firma.

Conforme a los datos recabados, se cree que la principal vulnerabilidad que fue aprovechada por la organización criminal sería la facilidad de colocación de sumas de dinero en efectivo a través del sistema de apuestas carentes de controles sobre el origen del dinero, la alta rentabilidad del negocio de apuestas electrónicas y el incipiente conocimiento del tema a nivel nacional.

A su vez, la Fiscalía emitió un comunicado donde señalan que efectivamente recibieron el reporte, pero que actualmente está en un análisis técnico.

El doctor Rubén Román, jefe médico del Hospital Regional de Encarnación, confirmó que hace unos días recibieron a un menor de edad con quemaduras de segundo grado en distintas partes del cuerpo.

Se trata de un niño de 10 años oriundo de la localidad de San Pedro del Paraná, en el departamento de Itapúa, que sufrió un accidente hogareño en la cocina.

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“Aparentemente estaba cocinando huevo frito y en un momento le salpicó (el aceite)”, confirmó el galeno a la corresponsal de Nación Media, Rocío Gómez.

Las zonas que resultaron más afectadas son el rostro, el torso y el brazo izquierdo, esto luego de que se le haya derramado encima el líquido hirviendo.

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El pequeño paciente recibió los primeros auxilios y la curación para sus quemaduras, además de analgésicos para aliviar el dolor. De momento, permanece estable y fuera de peligro.

Román indicó que el menor sería dado de alta en unos días y que podría quedar con algunas cicatrices, aunque existen bajas probabilidades de que tenga otra secuela.

La propuesta tuvo origen en la Cámara de Senadores y luego del visto bueno de la Cámara de Diputados, se remite al Poder Ejecutivo para su promulgación o veto.

Legisladores que se manifestaron a favor de la propuesta señalaron que la sanción marcará un hito, pues será el primer convenio tributario de este tipo entre Paraguay y un país miembro de la Unión Europea, lo que contribuirá al comercio entre los países.

El diputado colorado Juan Manuel Añazco, titular de la Comisión de Relaciones Exteriores, recomendó la aprobación de la iniciativa, teniendo en cuenta que este convenio facilitará la recepción y la promoción de las inversiones extranjeras.

“El presente convenio tiene por objeto evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta; y de esa manera facilitar el comercio transfronterizo y la inversión”, manifestó el legislador.

El fiscal Silvio Corbeta calificó el fallo como ejemplificador, ya que se trata de un caso muy grave en perjuicio al Estado en un momento de pandemia donde las personas eran afectadas en todos sus aspectos, al igual que la economía del país.

“La hipótesis del Ministerio Público quedó probada, que el dinero fue a parar a una cuenta de una empresa privada a los fines de cubrir una deuda. Mientras la gente se moría, se fraguó el hecho, con el único fin de enriquecerse. La empresa proveedora transfirió a un acreedor por instrucciones de José Costa y efectivamente actuó como pasamano del dinero de la institución para un beneficio patrimonial de saldar una cuenta de un pagaré”, expuso.

Un Tribunal condenó hoy a la expresidenta de Petropar, Patricia Samudio, a 4 años de pena privativa de libertad y a su esposo José Costa Perdomo, a 3 años 9 meses de cárcel, por el hecho de lesión de confianza. Es en torno al caso de sobrefacturación por la compra de “agua tónica” y otros insumos, ocurrido en un contexto de pandemia por el Covid-19 en mayo del 2020, que tuvo un perjuicio patrimonial de G. 359.700.000.

Los encausados formaban parte de un esquema de corrupción pública compuesto por otros funcionarios en complicidad con las empresas proveedoras del sector privado y terceras personas. Todas las operaciones de compra por licitación fueron basadas en la declaración de emergencia sanitaria y de las medidas impuestas en ese carácter, en el contexto de la mitigación a la propagación del Covid-19. La empresa proveedora devolvió el dinero íntegramente, incluso días antes de la imputación que fue presentada en mayo del 2020.

El Colegiado dispuso que Samudio y su marido deban presentar en el lapso de un mes, una fianza de 400 millones de guaraníes cada uno en el marco de la aplicación de las medidas alternativas a la prisión. En principio de la causa, la caución era de 50 millones de guaraníes, y fue aumentada a la suma actual ante un eventual peligro de fuga.