Alrededor de las 00:30 horas del lunes ingresó al servicio de urgencias del Hospital Regional de Concepción un joven de 24 años solicitando atención médica.

El mismo llegó con varias contusiones y heridas de arma blanca en los brazos, así como una fractura en uno de los dedos, de acuerdo al informe médico.

Minutos después de su ingreso, un grupo de aproximadamente 14 personas llegó al hospital a bordo de motocicletas exigiendo conocer el paradero del herido.

Según mencionó al canal GEN el doctor Pedro Acevedo, director interino del Hospital de Concepción, estas personas portaban objetos contundentes como machetillos, cuchillos, varillas y hasta armas de fuego, mostrándose en todo momento con una actitud amenazante.

Una de las personas que se encontraban armadas amenazó a la enfermera de guardia, forzándola a ingresar al sector de urgencias. Detrás de él entraron los demás motociclistas con sus respectivos biciclos. La intención que tenían era la de asesinar al joven de 24 años.

“Se armó un caos generalizado entre los pacientes y el personal de blanco, las enfermeras corrieron de aquí para allá, algunos se escondieron debajo de la mesa”, mencionó Acevedo.

La situación no pasó a mayores gracias a la presencia de efectivos de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), quienes coincidentemente se encontraban custodiando a otro paciente que estaba siendo atendido en el lugar.

La turba de motociclistas permaneció algunos minutos a las afueras del hospital hasta que finalmente llegó una patrullera de la Policía, lo cual los obligó a abandonar el sitio.

El Hospital Regional de Concepción no cuenta con guardias de seguridad y tampoco existe presencia policial permanente. Por su parte, el sistema de cámaras de circuito cerrado no funciona desde hace varios años.

Durante la ejecución de las obras, los conductores que circulen desde Fernando de la Mora a Asunción deberán girar a la derecha en la calle Mateo Estigarribia, continuar hasta Cerro Corá, luego girar a la izquierda y seguir hasta Casilda Insaurralde, por donde podrán reincorporarse a la avenida Mariscal López.

En tanto, quienes transiten en sentido contrario, es decir, desde Asunción hacia Fernando de la Mora, podrán continuar utilizando la avenida Mariscal López, ya que este sentido permanecerá habilitado.

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Con el fin de garantizar un tránsito ordenado y seguro, agentes de la Patrulla Caminera estarán apostados en la zona para orientar a los automovilistas y velar por el cumplimiento del nuevo circuito vial establecido.

Cabe recordar que estas intervenciones forman parte del plan de renovación vial impulsado por el Ministerio de Obras, con el objetivo de mejorar la infraestructura urbana, optimizar la circulación vehicular y mitigar los problemas de acumulación de agua en días de lluvia. Los trabajos estarán a cargo de la empresa contratista Tecnoedil S.A. bajo la supervisión del MOPC

El fiscal Silvio Corbeta confirmó a Universo 970 AM que fue recusado por los abogados de Miguel Prieto, coincidentemente a días de la realización de la audiencia preliminar por el actual intendente de Ciudad del Este.

Asimismo, señaló que tanto él como los otros dos fiscales de la causa y todo el equipo de trabajo investigativo fueron recusados, bajo el argumento de ser los supuestos responsables de la viralización de una declaración difundida en los medios de comunicación

“Nosotros somos plenamente conscientes de nuestra responsabilidad como agentes fiscales y en ningún momento hemos viralizado ninguna declaración. No tenemos nada que ver con esa filtración”, señaló el fiscal.

Corbeta manifestó que a raíz de esta situación, no podrán participar en la audiencia preliminar. “Es una suerte de estrategia defensiva para tratar de evadir a la justicia”, subrayó.

La causa se enmarca en una investigación que revela un esquema presuntamente fraudulento sostenido por la empresa Mocipar, que habría afectado a múltiples personas mediante contratos de adhesión para la adquisición de inmuebles que nunca se concretaron.

La investigación parte de la denuncia de una mujer que, entre 2011 y 2018, suscribió tres contratos consecutivos con MOCIPAR, abonando un total de G. 13.460.000 bajo la promesa de acceder a una vivienda o bienes sorteados. A pesar de cumplir con las cuotas estipuladas, nunca fue adjudicada con propiedad alguna, y fue inducida a firmar nuevos contratos con la promesa de no perder lo ya abonado.

El Ministerio Público concluyó que los contratos no establecían el precio real de los inmuebles y que el modelo de adjudicación era imposible de cumplir dada la magnitud de los adherentes versus la capacidad real de entrega.

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Además, según los elementos recolectados, la firma habría captado a sus víctimas, a través de un programa de televisión emitido por canales de aire, donde se sorteaban semanalmente bienes como electrodomésticos, muebles y vehículos. No obstante, en 22 años de funcionamiento, apenas se documentaron 16 adjudicaciones efectivas, mientras que miles de personas abonaban cuotas sin obtener retribución alguna. Las empresas involucradas tampoco contaban con autorización de la CONAJZAR para realizar sorteos, lo que agrava la situación legal de los acusados.

La acusación sostiene que los directivos acusados utilizaron esta estructura para captar fondos de personas de ingresos bajos y medios, y que tanto Durand como Román Fernández se beneficiaron personalmente con movimientos financieros positivos, mientras las empresas registraban reiteradas pérdidas.

El Ministerio Público considera que los hechos reúnen los elementos del tipo penal de estafa y que corresponde la apertura del juicio oral para el juzgamiento de los acusados.