Quintana en la nota remitida a la Presidencia de Diputados reclama la inactividad del fiscal Isaac Ferreira ante el pedido realizado por su defensa consistente en la solicitud de informes al Registro Público, Banco Central, Contraloría y a instituciones del Estado.

“Cualquiera puede darse cuenta que su intención (del Ministerio Público) es poner freno a la investigación, en la causa que se me sigue, para evitar que surjan elementos y hechos que desvirtúen la imputación apresurada, exagerada e irresponsable formulada en mi contra, y para tenerme encarcelado por tiempo indefinido (marketing institucional)”, manifiesta Quintana, recluido en la Penitenciaria de Viñas Cue.

Además, citó las disposiciones legales que supuestamente le son violentadas por la no realización de las diligencias solicitada. Sostiene también que el derecho a la defensa del imputado “es inviolable” en ese sentido.

Finalmente instó a la Cámara de Diputados que pida el informe a la Fiscalía sobre el estado de la investigación y todas las diligencias que fueron solicitadas de su parte al Ministerio Público.

Quintana se encuentra imputado por tráfico de influencias, asociación criminal, enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y tráfico de drogas en carácter de cómplice por sus nexos con el presunto narcotraficante Reinaldo Javier Cabaña alias “Cucho”.

Este fin de semana se registró un incidente -con balacera incluida- durante una fiesta celebrada en la Compañía Cororo’i del distrito de Santa Rosa del Aguaray, departamento de San Pedro.

Los invitados de un festejo de 15 años, que se llevó a cabo una cancha de volley del barrio, se vieron sorprendidos por una ráfaga de disparos efectuados por un inesperado visitante.

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Se trata de Roberto Cantero Benítez, de 33 años, quien trabaja como guardia de seguridad en un silo de la zona y que irrumpió en el sitio cuando se encontraba en estado de ebriedad.

Según reportan medios locales, este sujeto había intentado ingresar minutos antes a la fiesta sin ser invitado, ocasionando molestias entre los participantes al actuar influenciado por el alcohol. A raíz de ello, no tuvieron de otra más que echarlo a la fuerza del lugar.

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Esta situación habría provocado la molestia de Cantero, quien decidió tomar su arma de fuego y regresar al evento, ya con intenciones de efectuar disparos contra los demás invitados.

Cuatro personas resultaron heridas durante el tiroteo y posteriormente fueron trasladadas al Hospital General de Santa Rosa del Aguaray. Las mismas son: Alexis Daniel Arévalos Vázquez (19), Ada Antonia Martínez (33), Pedro Pablo Cano Rotela (24) y Alberto Anastacio Cardozo Cabral (40).

El titular del Indert, Francisco Ruiz Díaz, recibió una vez más el respaldo del presidente Santiago Peña en Mburuvicha Róga. Fue tras el informe que brindó sobre la Tercera Ronda de Entrega Masiva de Títulos de Propiedad en Caaguazú, con lo que se dará cumplimiento a la meta de 4.000 títulos este mes de abril.

Hoy, 800 familias se convirtieron en propietarias de una tierra. Con Francisco Ruíz Díaz, presidente del INDERT, verificamos los avances en la gestión de la institución, que hoy incorpora a la tecnología que agiliza los procesos para que los paraguayos accedan a una tierra. pic.twitter.com/Jn2dfW3SWL

— Santiago Peña (@SantiPenap) April 23, 2024

A través de sus cuentas oficiales, el mandatario compartió el siguiente mensaje de apoyo: “Hoy, 800 familias se convirtieron en propietarias de una tierra. Con Francisco Ruíz Díaz, presidente del INDERT, verificamos los avances en la gestión de la institución, que hoy incorpora a la tecnología que agiliza los procesos para que los paraguayos accedan a una tierra”.

En ese sentido, la institución puso en marcha el tercer gran operativo de entrega de títulos, a través de una gira de na semana por cuatro departamentos para entregar unos 815 nuevos títulos. “Arrancó este lunes en las colonias de Caaguazú, luego seguiremos en Canindeyú, Alto Paraná y finalizaremos el domingo en Caazapá. Por instrucciones del presidente de la República, Santiago Peña, el método es llegar en forma directa a los beneficiarios en sus chacras, colonias, y se superará la meta con la entrega de más de 4.000 títulos de propiedad este mes de abril, gracias al trabajo en equipo realizado entre el ente rural, Registros Públicos y Catastro Nacional”, señaló Ruiz Díaz en conferencia de prensa.

El titular del Indert resaltó que se trata de un hecho considerado muy importante, porque en promedio se entregaban 927 títulos en 12 meses; sin embargo, el Gobierno actual, en tan solo 8 meses entregará 4 veces más de lo que se entregaba anteriormente.

Por otro lado, a la fecha, el Indert obtuvo 62% más de recaudación de enero a abril de este año, en comparación a años anteriores en el mismo periodo. Este logro se debe a la digitalización en el sistema de pago y la creciente recuperación de la confianza de los beneficiarios hacia la gestión del ente rural.

Otro punto que informó Ruiz Díaz al presidente de la República es el trabajo de modernización del proceso de titulación de tierras en el Chaco. Hay un avance en el registro de la cantidad de expedientes y documentos a digitalizar, para mejorar la seguridad documental. Por instrucciones del titular del Ejecutivo, se trabajará con MITIC para el efecto.

La Cámara de Senadores convocó para este martes a una audiencia pública, con representantes tanto del sector público como privado, para analizar los alcances del proyecto de ley “Que prohíbe temporalmente la creación, conservación, almacenamiento y comercialización de activos virtuales o criptoactivos, criptomonedas y la instalación de granjas de criptominería en territorio paraguayo”.

Durante el evento, los senadores e invitados especiales expresaron sus posiciones respecto a esta propuesta legislativa, que plantea una restricción a la actividad de la criptominería y a la instalación de nuevas granjas de criptomonedas en nuestro país.

El senador Enrique Salyn Buzarquis afirmó que, más que prohibir la actividad, se debe establecer un marco regulatorio más efectivo para impedir el robo de energía eléctrica. “Sería un trágico error castigar a las empresas legales”. En otro momento, habló sobre el impacto positivo mediante los ingresos obtenidos por las empresas legalmente constituidas, que abonan un precio diferencial por la energía suministrada.

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Uno de los que se expresó en contra del proyecto es el senador Eduardo Nakayama, quien considera imprudente la aprobación de una propuesta que impediría obtener más recursos para el país y promover el aumento de inversiones. “Tiene que haber un análisis previo”.

Por su parte, el senador José Oviedo explicó que no se puede prohibir la tenencia de criptomonedas, lo cual es uno de los errores conceptuales planteados en el documento. A su vez, adelantó que prepara otro proyecto que buscará regular el uso intensivo de energía eléctrica en el país.

Mauricio Bejarano, viceministro de Minas y Energía, dijo que se debe analizar si es que los empresarios del rubro de criptominería quieren realizar una inversión a largo plazo y si quieren darle un valor social. “Es intolerable en un país como el nuestro el robo de energía, el que lo hace tiene que tener una sanción criminal”, añadió.

Asimismo, resaltó que desde el gobierno se apunta a promover una política tarifaria para esta y cualquier tipo de industria, además de fijar un marco normativo que permita determinar cuál es el tipo de inversión para promover el desarrollo del país. A su criterio, no será oportuno tomar una determinación tan radical como esta, por lo que insta a que se haga un análisis minucioso sobre los beneficios que podría traer la criptominería.

Víctor Arévalos, técnico especialista en máquinas mineradoras, aseguró que la suspensión de la criptominería podría poner en riesgo la inversión y generación de fuentes de trabajo, además del potencial de innovación que este sector puede aportar al país. “Las medidas propuestas podrían perjudicar a las empresas que intentan cumplir con las regulaciones, afectando a toda la industria detrás de ella”.

Ricardo Prieto, de la Cámara Paraguaya de Blockchain, sostuvo que un proyecto como este prácticamente “podría destruir todo lo que ha construido en este rubro”, tanto en Paraguay como a nivel mundial, por lo que lo considera como “un contrasentido”. Desde el gremio buscan aportar conocimiento y desarrollar el sistema de este nuevo modelo de negocios, agregó.

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Los representantes de la ANDE volvieron a hacer énfasis en la sustracción ilegal de energía, que genera pérdidas millonarias. En ese sentido, destacaron que las empresas legalmente constituidas y registradas permiten obtener un importante flujo de caja a la institución, por lo que el debate debe centrarse en el combate a la actividad ilegal.

Derlis Gregor, investigador en tecnología, aseguró que la suspensión de actividades de criptominería supondría pérdidas para las empresas y también para la propia ANDE, además de sobrevenir en disputas legales y demandas por incumplimiento. Concentrar los esfuerzos para combatir la ilegalidad sería mucho más efectivo, a su parecer, además de establecer un marco regulatorio para las nuevas granjas de criptominería.