La Cámara de Senadores tenía 19 puntos en la extraordinaria de hoy martes, la última del 2022, ya que la ordinaria del jueves fue suspendida “por las internas” y la siguiente ya será el receso parlamentario. 

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Sin embargo, apenas iban a empezar a debatir el quinto punto, cuando la sesión quedó sin quórum. El proyecto que “hizo correr” a los legisladores, es el que deroga la vigencia de la ley 6.659, que aprueba el Convenio de Financiación entre la Unión Europea y Paraguay para el programa de apoyo a la transformación del Sistema Educativo en nuestro país.

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A las 13:42, el presidente del Congreso, Óscar “Cachito” Salomón verificó la falta de quórum y se vio obligado a levantar la sesión.

El tiempo alcanzó para tratar pocas propuestas.El proyecto de Reforma y Modernización de la Policía Nacional fue aprobado en general, pero postergado en particular hasta el 16 de marzo, como primer punto en el orden del día.

Además, el proyecto de “Tren de Cercanías en el tramo entre Asunción e Ypacaraí, a cargo del MOPC y Fepasa, fue devuelto a comisiones para su dictamen.

El proyecto de resolución que pide informe al Ministerio del Interior-Policía Nacional fue aprobado y comunicado al Ejecutivo.

También aprobaron el proyecto de resolución que acusa ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) a los fiscales Lorenzo Lezcano, Alicia, Sapriza, Federico Delfino y Manuel Doldán, por mal desempeño de sus funciones en el marco de la investigación del asesinato de Marcelo Pecci.

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Asimismo, el Senado reunión los 23 votos y se ratificó en su versión inicial del Presupuesto General de Gastos 2023.

Las jornadas serán del 17 al 19 de marzo, de 08:00 a 15:00, en el salón auditorio del ministerio, ubicada en Asunción.

Los interesados podrán realizar el registro en REPSE y recibir orientación sobre los requisitos establecidos por la normativa vigente.

La inscripción se realiza en cumplimiento al Artículo 11 de la Ley N.º 7613/2025, que establece la obligatoriedad de registro para los prestadores de servicios de belleza.

La normativa tiene como objetivo regular las relaciones entre los propietarios de salones de belleza y los profesionales que prestan servicios en el sector.

La convocatoria está dirigida a prestadores de servicios de belleza y actividades afines, incluidos tanto dueños de salones como profesionales independientes del rubro. No obstante, se aclaró que los trabajadores que se encuentren en situación de dependencia laboral quedan exentos de la inscripción en el REPSE.

Uno de los puntos principales del acuerdo es que Petropar garantiza la Zafra Alcoholera 2026 y la compra del 100% de la caña de azúcar de los productores censados.

Asimismo, el ente se comprometió a brindar asistencia técnica, insumos agrícolas y trabajo conjunto para avanzar hacia una futura planta de molienda.

“Este acuerdo fue posible gracias al trabajo del Gobierno del presidente Santiago Peña, apostando al diálogo y a la tranquilidad de las familias cañicultoras”, indicó Petropar.

Al respecto del acuerdo, el gobernador de Guairá, César Sosa, dijo al canal GEN que también se habló del compromiso de destrabar el problema judicial que impide el avance del proyecto del Tren de Molienda en la planta de Mauricio José Troche.

“Queremos que se solucione lo más rápido posible y se tenga una mejoría. Estamos muy esperanzados”, subrayó el gobernador.

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Cabe mencionar que el proyecto quedó paralizado debido a una presunta sobrefacturación gigantesca registrada durante la administración de Mario Abdo Benítez.

La denuncia de Petropar busca esclarecer los hechos para evitar que la situación genere más pérdidas para el Estado, ya que la obra, tal como está, no puede funcionar por problemas de diseño al no prever consideraciones ambientales y de aumento de la producción de caña, además de la correcta gestión del subproducto: la linaza.

Alfonso Jacobo, presidente del gremio, manifestó la preocupación del sector ante el plan que tendría el Ministerio de Economía para mejorar el gasto público y eliminar los innecesarios, porque la medida atenta directamente a los trabajadores.

La propuesta sería la de suspender todos los contratos con empresas de seguridad privadas en las instituciones del Estado, y dar a la Policía Nacional el trabajo de vigilancia, sin embargo, esta eventual medida podría dejar sin empleo a unos 50 mil guardias.

“Estamos preocupados como gremio porque vamos a ser muy perjudicados, muchas fuentes de trabajo en juego”, expresó Jacobo a la radio Universo 970/Nación Media.

Si bien aclaró que aún no existe una comunicación oficial sobre la intención, sostuvo que tienen información de fuentes cercanas al Gobierno.

Piden que no se excluya de las licitaciones el servicio de seguridad privada dentro de las instituciones, y que la Policía solo se encargue de los alrededores.

“El trabajo de la policía es cuidar a la ciudadanía, esa es su naturaleza, ahora ellos van a desviar poniendo a los uniformados en las instituciones”, agregó.