Además, en su evaluación sobre la situación carcelaria, consignada en su Anuario Estadístico 2022, la entidad calculó que el hacinamiento en la penitencia de Tacumbú, la principal del país, es del 607 %.

“Hay un abuso de la prisión preventiva”, declaró a Efe el comisionado del MNP Orlando Castillo.

El MNP, que elaboró su informe a partir de estadísticas recopiladas entre enero y octubre pasado, detalló que la población carcelaria fue de 15.151 personas en 2021, de 13.821 de 2020 (año en el que se declaró la pandemia) y de 15.477 en 2019.

Castillo advirtió que el año pasado se superó el ritmo de ingresos a las cárceles, ya que al cierre de octubre se contabilizaban 1.400 nuevos reclusos, frente los 1.000 internos que se registraban cada año, con excepción de 2020.

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El porcentaje de mujeres privadas de la libertad en 2022 fue de 4,58 % (757 reclusas) y el de menores de edad de 1,2 % (205).

El experto señaló que un 87,88 % de los adolescentes privados de libertad -casi nueve de cada diez- está bajo prisión preventiva, frente a un 12,12 % que ya tiene una condena.

“Es mucho más riguroso el sistema penal juvenil que el sistema de adultos”, sentenció el funcionario, que subrayó la diferencia de unos 20 puntos entre la población de adolescentes recluida por prisión preventiva frente a la de adultos.

Sobre el periodo establecido para la prisión preventiva, Castillo explicó que “está determinado por el hecho punible” y el marco normativo aplicado.

Así, hay casos en los que se estipula una prisión preventiva de entre seis meses y un máximo de dos años, y delitos graves en los que la privación provisional de libertad puede extenderse a 4 o 5 años.

HACINAMIENTO

El MNP llamó igualmente la atención sobre el hacinamiento en las cárceles y sitúa a la penitenciaría de Villarrica, con una población de 511 reclusos, como la más afectada del país.

Los organismos de derechos humanos cifran en 964 % el hacinamiento en ese centro, frente al 176 % del Ministerio de Justicia.

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A su turno, Tacumbú, acoge a 2.914 reclusos, lo que representa, en cifras de las autoridades, un hacinamiento de 190 % y de los defensores de derechos humanos de 607 %.

Por otro lado, el Mecanismo alertó sobre la prevalencia de los contagios de tuberculosis en las prisiones locales.

Las cifras de este organismo señalan que unos 3.790 reclusos adultos contrajeron tuberculosis en 2022, siendo julio (405), agosto (432), septiembre (451) y octubre (448) los meses con mayor número de enfermos.

Al respecto, Castillo afirmó que se ha detectado que la tuberculosis en estos centros no solo corresponde a casos importados, sino que estos lugares se han vuelto “un foco de infección para la sociedad”. EFE

Autoridades del Ministerio de Defensa y la Fuerza Aérea Paraguaya confirmaron la exitosa interceptación de una aeronave ilícita en la zona norte del departamento de Concepción.

La intervención fue realizada por uno de los aviones Super Tucano recientemente adquiridos por el gobierno y que se encontraba realizando un patrullaje aéreo, en coordinación con el Radar de la Prefectura Aeronáutica.

Luego de intentar establecer comunicación con sus ocupantes, sin éxito, esta avioneta decidió aterrizar en un camino rural. Tras una verificación, se constató que cuenta con una matrícula boliviana que figura como cancelada.

En ese momento, las personas que iban a bordo de la misma descendieron rápidamente y subieron a dos camionetas de color blanco y gris, dándose a una rauda fuga.

Actualmente, las aeronaves Super Tucano y dos helicópteros continúan sobrevolando el sector, realizando labores de búsqueda en coordinación con el equipo táctico de tierra del Comando de Operaciones de Defensa Interna (CODI).

La Operación Escudo Guaraní fue desplegada en zonas fronterizas de nuestro país, en el marco de la lucha contra el crimen organizado transnacional y las organizaciones terroristas internacionales.

Durante una conferencia desarrollada en Mburuvicha Roga, el ministro de Desarrollo Social, Tadeo Rojas, anunció la ampliación de la cobertura del Sistema de Protección Social.

Unos 16 distritos priorizados de ahora en más pasan a formar parte de las “Mesas de Protección Social”, con lo que la cifra total de localidades beneficiadas con este programa gubernamental pasa de 26 a 42.

Según explicó Rojas, esta decisión teniendo en cuenta los últimos informes proveídos por el Instituto Nacional de Estadística (INE), basándose en el mapa de pobreza correspondiente al año 2025.

Los distritos incorporados son: José Félix López (ex Puentesiño) y San Alfredo (Concepción), Santa Rosa del Mbutuy y San Joaquín (Caaguazú), Mayor Otaño y Jesús de Tavarangué (Itapúa), Yasy Cañy y Villa Ygatimi (Canindeyú), Moisés Bertoni, 3 de Mayo y Tavaí (Caazapá), San Vicente Pancholo y Antequera (San Pedro), Gral. Eugenio A. Garay, Doctor Botrel y Paso Yobai (Guairá).

El ministro indicó que el objetivo es elaborar un plan de acción territorial e ir atendiendo las necesidades más importantes que tiene cada una de estas localidades, de manera a cumplir con las demandas de sus pobladores.

El propósito principal de las Mesas de Protección Social es asegurar que las personas y familias en situación de vulnerabilidad, pobreza extrema o afectadas por crisis (como desempleo, enfermedad o discapacidad) accedan a mejores condiciones de vida.

A través de comunicados, las empresas proveedoras del programa Hambre Cero están preocupadas por la falta de pago por parte del Gobierno. Incluso, advierten la posibilidad de interrumpir con el servicio prestado, debido a la situación financiera presentada en la actualidad.

Las proveedoras reclaman el cumplimento de los pagos pendientes por varios meses del presente año, por los servicios de desayuno, almuerzo y merienda escolar que fueron entregados hasta el 31 de octubre.

Al respecto, el ministro de Desarrollo Social, Tadeo Rojas, admitió la existencia de la deuda, pero señaló que es un tema que se está trabajando con el Ministerio de Economía, para ajustar los números y proceder a los pagos respectivos. “Este es un gobierno que tiene una alta responsabilidad en el manejo de las finanzas públicas. Eso no significa ignorar el pago a las empresas”, sostuvo en conferencia de prensa.

Rojas explicó que las Gobernaciones son las administradoras de contratos del programa y ellos tienen otros sistema de transferencia y es probable que haya algunos montos en retrasos. “Hay que reconocer que hemos iniciado el año en un sistema manual, hasta consolidar el sistema integrado de alimentación escolar. Por supuesto que empezamos a arrastrar procesos pendientes, incluso con falencias de las empresas que se atrasaron en el envío de documentos. A partir de ahí se empezaron a regularizar los pagos”, indicó.

Asimismo, comentó que Economía ya transfirió inicialmente el monto de G. 100.000 millones para un pago gradual hasta cancelar la deuda de casi G. 400.000 millones.

Por su parte, el ministro del Interior, Enrique Riera, destacó el valor del programa Hambre Cero, que actualmente beneficia con la alimentación a 1.000.000 de niños de todo el país.

“Cinco días a la semana el papá o la mamá no gasta en comida. A la vez, los niños aprenden más porque están sanos, el sistema de salud también se descomprime porque los niños se enferman menos. Como si fuera poco, el 40% de la agricultura campesina está abasteciendo Hambre Cero”, señaló Riera.