Termos de “alta gama” para zafar de un alcotest positivo, 25 millones para eludir la apertura de juicio por homicidio doloso en grado de tentativa (o en su defecto una mesa de pino para quincho) con una parrilla para asado, cesión de terrenos para acelerar acción de fiscalía para desalojos de personas de inmuebles de propiedades en litigio.

La lista de costos y formas de pago por coimas, que figura en el expediente de acusación contra la fiscal Ana Girala y otros cinco implicados, es tan amplia como reveladora de cómo operan fiscales y funcionarios venales del Ministerio Público.

El caso que hizo desvelar el modus operandi de la acusada, fue el relacionado al padre de Richard Hermosilla, quien está procesado por homicidio doloso en grado de tentativa. La fiscal, presuntamente, pidió 25 millones de guaranies, a abonarse en dos pagos. Como el progenitor del imputado le señaló que no contaba con dicha suma, la representante del Ministerio Público le exigió a cambio una mesada para quincho y una parrilla para asado (Hermosilla realiza trabajos de carpintería y herrería).

La propuesta indecente fue grabada por la fiscalía (a instancia de la persona objeto de la coima) y fue el fin de la serie de supuesta venta de resoluciones de la fiscal Girala, a cambio de “cualquier cosa” que se ajustara al bolsillo de la víctima.

Las otras personas acusadas en el mismo caso son Christi Magalí Ortega Domínguez, asistente fiscal de Girala y Griselda Beatriz Acha Alcaraz, secretaria de la unidad fiscal de San Lorenzo. Estos están como coautoras y cómplices. Igualmente la acusación implica a los abogados Liz Elena Martínez Robles, presunta autora de extorsión, trafico de influencias y asociación criminal; Marcos Aurelio Velazco Mendoza, por supuesto soborno agravado, trafico de influencias y asociación criminal y Nélida Vicenta Alcaraz Bogarín, como supuesta autora del hecho punible de tráfico de influencias.

Momento en que una de las acusadas por coima es detenida por parte de la policía.

Ambos gremios dejaron en claro a la opinión pública que no tolerarán ni respaldarán ninguna conducta delictiva por parte de los funcionarios de la institución.

Además, subrayan que no asumirán responsabilidad alguna por terceras personas que pretendan hacerse pasar por trabajadores de la Fiscalía.

El comunicado enfatiza que, en caso de que se confirme cualquier indicio o sospecha respecto a la participación de funcionarios en actividades delictivas, estos deberán rendir cuentas y enfrentar las consecuencias legales correspondientes.  

Este pronunciamiento surge en respuesta a las publicaciones, en los medios de prensa y en redes sociales, referentes a supuestos funcionarios del Ministerio Público involucrados en actividades al margen de la ley, generando preocupación y especulaciones en la opinión pública.

En la tarde de este jueves se compartieron las imágenes del circuito cerrado que captaron el momento exacto en el que Bazán fue emboscado y luego recibió los nueve balazos que acabaron con su vida.

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El video revela que el ex director penitenciario antes de ser asesinado, disparó contra los sicarios que lo interceptaron a bordo de una motocicleta.

En el primer ataque, logró repeler a los dos hombres y resultó herido. Quedó sin proyectiles y se vio obligado a escapar a pie, sin embargo, fue perseguido hasta que, finalmente, lo asesinaron en una propiedad privada.

El antecedente más inmediato de amenaza se remonta al año 2021, cuando un integrante del clan Rotela envió una nota de voz y pidió un pabellón para todos sus secuaces.

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La denuncia fue realizada por Carolina Mareco Villalba, de la localidad de Capiibary, quien acusa al personal policial Julio Escobar de trabar un proceso judicial por filiación en el caso de una menor de 2 años de edad.

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Escobar, a través de su nueva pareja, Elsa Vargas, una funcionaria del Poder Judicial de Santaní quien se encuentra ternada para Jueza de Paz, estaría incurriendo en un hecho de tráfico de influencia para trabar la causa de filiación que se encuentra sin avances desde hace 8 meses.

#INFO➕ | Tráfico de influencia y amedrentamiento traba filiación de una menor en Santaní.

🖥️ Carolina Mareco Villalba, madre denunciante.

👉 El padre sería policía, involucrado en el supuesto apriete a secretario de "Macho" y posterior rescate hecho por el propio capo narco… pic.twitter.com/onbqmPM6Lz

— GEN (@SomosGEN) November 30, 2023

Por otra parte, el personal policial es acusado de haber participado en el confuso episodio de supuesto apriete y posterior rescate del presunto criminal, Santiago Acosta, alias Macho.

Escobar se desempeña como subjefe de Automotores Policía Nacional de Coronel Oviedo.

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“Él nunca se quiso hacer cargo de mi hija y tuve que salir a reclamar el derecho de ella. Inicié el juicio de filiación y su actual señora que trabaja en el Poder Judicial tiene amistades y empezaron a recusar el caso. Incluso, me dijeron que si no me muero en un accidente de tránsito, ella misma me va a matar, me tienen amenazada”, comentó la denunciante, Carolina Mareco, en conversación con el canal GEN de Nación Media.