En una mesa de mediación con la fiscal Estela Mary Ramírez, de la Unidad Especializada contra Hechos Punibles contra Niños, Niñas y Adolescentes, y cerca de 30 comunidades indígenas dieron un gran paso positivo en favor de los derechos de las mujeres y niñas indígenas.

En el Derecho Consuetudinario de los Pueblos Indígenas, a partir de hoy las niñas quedarán fuera de una norma milenaria que anteriormente habilitaba a que hombres adultos o jóvenes podían tomar por esposa a una mujer desde el inicio de su regla menstrual (que incluye a edades desde los 9 años) lo cual es en contravención de las normas y derechos de los niños, niñas y adolescentes.

A partir de ahora, con el cambio de la norma en forma consensuada, recién a partir de 15 años y con consentimiento, las mujeres podrán tener autorización o venia para contraer matrimonio. Además, los diferentes líderes se comprometieron a trabajar con sus comunidades sobre esta nueva norma interna, que fue suscrita por los líderes.

Las reuniones se llevaron a cabo durante 3 días, en la Comunidad Indígena Punta Porã, distrito de Juan Manuel Frutos, Caaguazú.

Participaron los miembros de la Asociación Territorial Pueblos Originarios, Asociación Ñogueroi Pave’i y las Comunidades Independientes. Así también, representantes de la Codeni, del Ministerio de la Niñez y Adolescencia, de la Gobernación y de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia.

La agente fiscal calificó como “un paso importante e histórico en protección de las niñas, puesto que el cambio de esta norma ayudará a crear más conciencia contra el Abuso Sexual Infantil contra las niñas indígenas”

Derecho Consuetudinario

El Derecho consuetudinario de los pueblos indígenas, también llamado usos o costumbres, es una fuente del Derecho. Son normas que no están escritas, pero se cumplen porque en el tiempo se ha hecho costumbre su cumplimiento, es decir, se ha hecho uso de esa costumbre.

El derecho consuetudinario es considerado como una parte integral de la estructura social y cultural de un pueblo, por lo que para la comprensión de su alcance es fundamental el conocimiento de las culturas indígenas, a través del tiempo.

Ministerio de Salud, a través del Programa Nacional de Diabetes, anunció que se descentraliza la entrega de medicamentos, permitiendo a los pacientes recibir atención especializada en hospitales de su comunidad.

Este nuevo enfoque posibilita que los diagnosticados con diabetes reciban su tratamiento y medicación, entre ellos las insulinas, en los centros hospitalarios más cercanos a su hogar, eliminando la necesidad de desplazarse hasta la Capital, al Centro de Salud N° 9.

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Esta medida no solo facilita el acceso al tratamiento, sino que también reduce la carga y el tiempo de viaje para los pacientes y sus familias impactando así positivamente en su calidad de vida.

Además, informó que se ha puesto en marcha un servicio de mensajería instantánea a través de WhatsApp (0962) 320-536, donde los pacientes pueden realizar consultas y recibir orientación personalizada acerca de los servicios de salud más cercanos donde pueden acudir para recibir su tratamiento y medicación correspondiente.

Así también, la página del Programa Nacional de Diabetes usando el acceso ¿Dónde puedo consultar? www.mspbs.gov.py

Estos canales de comunicación proporcionan una vía rápida y efectiva para resolver dudas y obtener información útil sobre el cuidado y manejo de la enfermedad, destacó la cartera sanitaria.

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El fiscal Luis Albertini, junto con sus colegas Francisco Martínez y Ever Wiliams, resolvió formular imputación contra el intendente de Jesús de Tavarangue, Víctor Bernardo Garay Olmedo.

El mismo fue procesado por el hecho punible de lesión de confianza, a raíz de una denuncia por supuesta malversación de fondos en el año 2020 con los llamados “fondos especiales”.

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El daño patrimonial a la municipalidad asciende a más de G. 835 millones, refirió Albertini. “Existen obras que tendrían que haber sido llamadas a licitación, sin embargo, se hicieron adjudicaciones directas”, precisó.

En igual sentido, la Fiscalía detectó irregularidades en lo que respecta a pagos de honorarios y expedición de cheques por sumas millonarias, los cuales no poseen documentación respaldatoria que avale su destino final.

Así también, se detectaron desembolsos por continuaciones de obras que no cuentan con órdenes de pago y que, por si fuera poco, tampoco presentan ningún avance en los trabajos, refirió.

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Albertini precisó que, de momento, aún no se hizo el análisis sobre el uso de recursos de FONACIDE y royalties, por lo que el perjuicio patrimonial podría ser aún mayor.

Cabe recordar que Garay ya había sido imputado en diciembre del año pasado por producción de documentos falsos y producción inmediata de documentos públicos de contenido falso.

«Ellos le juegan directo al objetivo que tenían en mente. Las otras personas no le importaban. Le siguieron cuando salieron del banco. No hace falta ser Policía para saber (que conocían la información sobre la operación bancaria que realizó) porque le pidieron el monto exacto”, expresó el jefe de Investigaciones de la Policia, comisario Cèsar Diarte a la emisora Ñandutì.

El mismo remarcó que si bien existen protocolos de seguridad para intentar frenar los episodios de atracos ligados a operaciones bancarias, los escenarios en donde se perpetran tienen flancos por donde se deslizan casos.

“Siempre hay que mantener cautela e ir acompañado de una persona. La gente del banco siempre pregunta la hora, día y monto que van a retirar pasando cierto monto. Conste que algunos se cuidan y van acompañados, pero al tener (los delincuentes) la información exacta, es difícil dudar de todo”, acotó Diarte.

En ámbito de la investigación, relevaron datos acerca de las personas que manejaban la información en torno al monto de dinero que se iba a extraer de la sede bancaria.

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