El Ing. Félix Sosa, presidente de la ANDE, explicó que los sectores gastronómicos, hoteles y turismo fueron beneficiados con el diferimiento de pagos del servicio eléctrico de los meses de marzo, abril, mayo y junio de 2021.

“Según los datos que nos proporcionaron, son 681 clientes los afectados. Ahora nuevamente solicitaron la consideración y luego de una reunión interinstitucional se decidió nuevamente postergar los cobros a este grupo de usuarios hasta junio de este año”, expresó en comunicación con radio 1080 AM.

Sosa mencionó que de los 681 clientes, unos 386 pagaron sus facturas hasta febrero, es decir, que no todos solicitaron el fraccionamiento. La exoneración de intereses corresponde a G. 1.650 millones según especificó.

Por último, confirmó que el posterior refinanciamiento será en cuotas de hasta 24 meses sin intereses o recargos por mora.

El Gobierno presentó oficialmente la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) 2026–2031, un plan de acción interinstitucional diseñado para fortalecer la resiliencia económica de los ciudadanos e impulsar la productividad en el país.

El acto, desarrollado en el Salón de Convenciones del Banco Central del Paraguay (BCP), contó con la presencia del presidente de la República, Santiago Peña; el ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos; además de altas autoridades del BCP y del Instituto Nacional de Cooperativismo (Incoop).

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Durante los últimos años, el país registró un avance significativo en materia de bancarización, pasando del 20% de acceso en 2012 a casi el 62%. Sin embargo, las autoridades señalaron la necesidad de dar un paso más allá para evitar el sobreendeudamiento, problema que aqueja tanto a las familias como a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) que apelan a créditos de consumo con altas tasas para financiar sus operaciones.

Para responder a estos desafíos, la estrategia trazada para el quinquenio 2026–2031 centrará sus acciones en tres ejes principales:

• Educación financiera: Programas de capacitación orientados a la administración eficiente del presupuesto familiar y empresarial.
• Protección al consumidor: Transparencia en los servicios financieros y resguardo frente a abusos en el sector formal.
• Uso seguro e innovador del dinero: Promoción de canales digitales, incentivo al ahorro y líneas de crédito adaptadas a la capacidad real de pago.

Con este nuevo marco, el Estado apunta a consolidar un sistema financiero inclusivo que funcione como una herramienta real de desarrollo social y económico en todo el territorio nacional.

Para este viernes 21 de agosto, a las 10:30 hs, está fijada la ceremonia oficial para despedir al grupo de 87 alumnos de la Universidad Politécnica Taiwán-Paraguay, previo a su viaje a la República de China (Taiwán).

El acto se llevará a cabo en el Salón de los Espejos del Comando de Comunicaciones del Ejército y contará con la participación del embajador de Taiwán en Paraguay, Iván Yueh-Jung Lee, y del rector de la UPTP, Jorge Duarte, junto con otras autoridades de la universidad.

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Los estudiantes que harán este viaje forman parte de la Cohorte 2024 e irán a complementar su formación académica en la National Taiwan University of Science and Technology (NTUST), ubicada en Taipéi.

La delegación está integrada por jóvenes que cursan las carreras de Ingeniería Civil, Ingeniería Electromecánica, Ingeniería Industrial e Ingeniería Informática.

Varios grupos de compatriotas ya han tenido la oportunidad de ir a capacitarse en Taiwán, en el marco del convenio de cooperación académica entre la UPTP y la Taiwán Tech, que fue suscrito como parte de la creación de la universidad.

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Durante su permanencia en el país asiático, que tendrá una duración aproximada de 1 año, los estudiantes paraguayos cursarán dos semestres académicos en la NTUST y podrán y fortalecer sus competencias académicas, interculturales y profesionales.

El viaje de este grupo de jóvenes compatriotas a la República de China (Taiwán) está previsto para el próximo 1 de septiembre.

El diputado liberal Adrián Vaesken planeó el pedido con el fin de conocer el impacto que tienen los amparos judiciales sobre los recursos públicos y determinar las causas que llevan a los pacientes a recurrir a la vía judicial para acceder a medicamentos, además de obtener información sobre el abastecimiento, las compras y las obligaciones pendientes con proveedores.

Entre los principales puntos, el documento solicita informar el monto total de dinero público ejecutado durante los últimos cinco años para la adquisición de medicamentos e insumos ordenados mediante amparos, discriminado por año, mes, tipo de patologías y medicamentos.

También requiere una relación detallada de los amparos judiciales presentados contra el Ministerio de Salud durante el mismo período, especificando el estado de cada proceso —en trámite, cumplido o incumplido— y el tiempo promedio transcurrido entre la notificación de la orden judicial y la provisión efectiva del medicamento.

Asimismo, se pide explicar “los motivos específicos que impiden al ministerio dar cumplimiento oportuno a las órdenes judiciales”, además de detallar las medidas implementadas para disminuir la necesidad de recurrir a la Justicia y reducir los tiempos de respuesta ante los amparos.

El proyecto también apunta a conocer la estrategia y el plan de acción de la cartera sanitaria para reducir las compras de medicamentos vía amparos, incluyendo las políticas de planificación de adquisiciones, los mecanismos de alerta temprana ante posibles desabastecimientos y la situación de las deudas con proveedores que pudieran afectar el normal suministro.

Stock de medicamentos y situación de proveedores

Otro de los requerimientos contempla un “Listado actualizado de medicamentos oncológicos y de alto costo que se encuentran con stock crítico o en falta en la red de servicios de salud del Ministerio”.

En cuanto a los proveedores, se solicita un listado nominal de todas las empresas farmacéuticas y proveedoras que mantuvieron contratos vigentes con el Ministerio de Salud en los últimos cinco años.

Para cada firma se requiere consignar la razón social y RUC, los montos facturados y percibidos, discriminados por año y tipo de medicamento o insumo, además de los números de licitación, contrato y orden de compra correspondientes.

También se deberá informar el estado actual de cada relación contractual, indicando si se encuentra vigente, suspendida, rescindida o finalizada.

El pedido incluye, además, información sobre empresas que, pese a contar con contratos vigentes u órdenes de compra emitidas, hayan interrumpido total o parcialmente la provisión de medicamentos e insumos.

En estos casos, se solicita precisar los productos afectados, la fecha aproximada de interrupción y los motivos alegados, como falta de pago, problemas de importación o conflictos judiciales.

El legislador solicita una relación detallada de las firmas proveedoras que hayan presentado protestas o impugnaciones contra los pliegos de licitaciones convocadas por el Ministerio de Salud, especificando los procesos afectados y el estado actual de cada impugnación.

Con este pedido de informes, la Cámara Baja busca contar con datos actualizados sobre el uso de recursos públicos, el abastecimiento de medicamentos y las dificultades que enfrenta el sistema sanitario para garantizar oportunamente el acceso a tratamientos, particularmente aquellos de alto costo.