Días atrás, el presidente de la República Mario Abdo Benítez promulgó la Ley Nº 6318, más conocida como “Ley de Desbloqueo de Listas Sábana”, que modifica la Ley N° 834/96 “Que establece el Código Electoral Paraguayo”, modificado a su vez por la Ley N° 3166/07 “Que modifica los Art. 106, 170, 246, 247, 248 y 258 de la Ley N° 834/96”.

De esta manera, se incorpora el sistema de listas cerradas, desbloqueadas y de representación proporcional para cargos pluripersonales, permitiendo al elector votar por la lista y el candidato de su preferencia en las elecciones, ya sean internas o generales.

La nueva ley recientemente promulgada por el Ejecutivo contempla el uso obligatorio de urnas electrónicas y la impresión de papeletas de votación al momento del sufragio, de manera a brindar mayor aplicabilidad al desbloqueo de listas.

Este aspecto ha sido duramente cuestionado por parlamentarios, referentes políticos, expertos en asuntos electorales y, principalmente, por una gran parte de la comunidad tecnológica que considera riesgoso el uso de la tecnología durante las votaciones.

Dentro de los que han expresado su cuestionamiento a la implementación de urnas electrónicas se encuentra TEDIC, una organización que promueve la defensa de los derechos civiles en Internet y que ha sentado postura sobre este tema a través de un posicionamiento oficial.

Eduardo Carrillo, director de Proyectos de TEDIC, sostiene que desde esta ONG ven con preocupación la más reciente aprobación de la ley que “Que dispone el uso exclusivo de Urnas Electrónicas y el Escrutinio Electrónico en las Elecciones Generales y de las Internas de los Partidos y Movimientos Políticos”, sobre todo porque se dio sin un debate previo con todos los sectores y sin todos los datos sobre la mesa.

La implementación de estos equipos informáticos en los comicios podría vulnerar dos principios establecidos en la propia Constitución Nacional, refirió, específicamente los del secreto del voto y el escrutinio público.

“Al hablar de urnas estamos hablando de computadoras, y cuando haces eso no hay un sistema 100% invulnerable a un ataque (hackeo) y eso pone en riesgo el secreto del voto, no hay nadie que pueda garantizarlo”, expresó Carrillo, quien sostuvo que la confidencialidad podría verse afectada con este sistema.

Otro aspecto cuestionado es que, al existir un alto grado de complejidad, solamente algunas personas con cierto grado de conocimiento técnico serán capaces de hacer un escrutinio realmente efectivo de los votos, dejando de lado el punto que habla sobre “un escrutinio público y fiscalizado” en el Art. 118 de la Carta Magna.

“No todos somos informáticos y todavía más porque inclusive los informáticos no entiendan del todo el uso de las urnas electrónicas porque para ello se debe tener conocimiento de criptografía, seguridad informática, etc. y no todos tienen el mismo grado de conocimiento”, precisó el experto de TEDIC.

Carrillo también mencionó que a nivel internacional se está viendo un cambio de tendencia en lo que respecta al uso de urnas electrónicas, principalmente por la falta de credibilidad que brindan este tipo de tecnologías a la hora de los comicios. Citó el caso de Alemania, donde se ha declarado su inconstitucionalidad, y otros países europeos donde Noruega, Dinamarca u Holanda donde están volviendo al sistema de papeletas.

“Hay que hacernos la pregunta de por qué estos países que están mucho más avanzados tecnológicamente que nosotros, tienen democracias mucho más sólidas e instituciones más eficientes están volviendo para atrás. Por qué ellos no pudieron sostener este tipo de sistemas y por qué nosotros sí podríamos”, afirmó.

Como ejemplo de la vulnerabilidad y los riesgos que existen con el uso de urnas electrónicas citó el caso de la República Democrática del Congo, donde se celebraron elecciones presidenciales en diciembre del año pasado. Una investigación del periódico Financial Times reveló que el candidato perdedor, Martin Fayulu, había logrado un 59,4% de los votos, mientras que su contrincante, Felix Tshisekedi, fue proclamado ganador pese a haber obtenido solo el 19%.

En vista a todas estas cuestiones, Carrillo pone en duda la fiabilidad que pueda tener la aplicación de la tecnología durante los comicios, pese a que es consciente de la noble intención que existe de fortalecer la democracia y la transparencia con el desbloqueo de listas.

Desde la organización piden que el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) se ponga a la altura de las circunstancias y que pueda evaluar todos los riesgos planteados, brindando el espacio necesario para que la comunidad tecnológica pueda acercarse a hablar y plantear sus inquietudes, a fin de buscar un consenso.

La Dinavisa emitió una nueva alerta sanitaria tras recibir reportes de otras agencias internacionales, en este caso puntual, de la Anvisa de Brasil y de la FDA de Estados Unidos.

La advertencia guarda relación sobre casos de falsificación de toxina botulínica Botox 100U (toxina botulínica A), utilizado en el ámbito de la cirugía estética.

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Desde el año pasado hasta la fecha, se han identificado unidades adulteradas o falsificadas de los lotes: C7746C3 (val. 04/2025); C7211C4 (val. 08/2026); C3709C3 (val.05/2025); C6835C3 (val. 10/2024 y 12/2024); y C7654C3F.

La Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) logró detectar versiones falsificadas e inseguras de Botox en varios estados y que llegaron a ser administradas a varias personas con fines cosméticos.

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Los síntomas en caso de recibir este tipo de productos adulterados incluyen visión borrosa o doble, dificultad para tragar, boca seca, estreñimiento, incontinencia, dificultad para respirar, debilidad y dificultad para levantar la cabeza después de la inyección, entre otros.

Dinavisa confirmó que, hasta el momento, no cuenta con registros sanitarios vigentes para la marca del mencionado producto, aunque de igual manera decide emitir esta alerta para poner en conocimiento a la población, principalmente a médicos cirujanos y pacientes.

Mediante gestiones hechas a través de Yacyretá, la Gobernación de Ñeembucú, las intendencias y el MOPC, el segundo del Ejecutivo, Pedro Alliana, concretó una serie de medidas para ayudar a los pobladores de este departamento.

“Hablamos con la ministra de obras, conseguimos más maquinarias para hacer la limpieza de los canales, por la cantidad de agua están inundados los campos y ciudades, es una situación muy difícil en Alberdi y Pilar”, comentó Alliana.

Lastimosamente, los cultivos se perdieron, prácticamente en su totalidad, con lo cual, los productores quedaron sin rubros de autoconsumo. Como un parche al problema fueron enviados kits de alimentos para abastecer a los afectados, a través de la SEN, Yacyretá y la Gobernación.

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Alliana reconoció que la situación es preocupante, no solamente en Ñeembucú, sino también en otros departamentos del sur del país.

Varios tramos de los caminos reparados tras el temporal nuevamente quedaron destrozados con las últimas lluvias y tormentas. “Esperemos que calmen las lluvias y podamos volver a trabajar”, expresó Alliana.

Una vez que el fenómeno dé una tregua, el Ministerio de Agricultura y Ganadería asistirá a los productores con semillas y mediante la preparación de suelos para que vuelvan a generar cultivos.

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La Sala Constitucional de la Corte admitió la acción de inconstitucionalidad de la exsenadora Kattya González, pero no hizo lugar a la medida cautelar que solicitó de suspender los efectos de la resolución de pérdida de investidura.

Los ministros de la Corte, Víctor Ríos, Gustavo Santander y César Diesel, fueron quienes rubricaron el documento dado a conocer en la fecha.

El 14 de febrero del 2024, la Cámara de Senadores aprobó la pérdida de investidura de Kattya González, por el uso indebido de influencias fehacientemente comprobado.

El 27 de febrero, la exsenadora del PEN presentó una acción de inconstitucionalidad en contra de su expulsión. Entre los argumentos esgrimidos figuran la falta de notificación sobre la acusación, la ausencia de plazo para la defensa, la alteración ilegítima de la composición del Senado, la defraudación de la voluntad popular.

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