Peirano Basso enfrenta un juicio con los ahorristas del Fondo Mutuo Banalemán. La detención fue ordenada el pasado viernes por la jueza Ana de Salterain, ante el riesgo de fuga del acusado.

De acuerdo a lo publicado por el diario ABC, el juez Raúl Florentín confirmó que la extradición de Peirano Basso se dará el próximo sábado 30 de octubre a las 13:40 horas.

Sin embargo, Canal 12 de Uruguay informó que el abogado del acusado, Pablo Donnángelo, presentará un documento a la Fiscalía de Paraguay para consultar si todavía están interesados en la extradición, puesto a que la deuda que se mantenía años atrás, se ha ido saldando.

En junio de 2013 la Justicia uruguaya condenó a tres de los cuatro hermanos Peirano Basso a penas de entre 6 y 9 años de prisión por la quiebra del Banco de Montevideo en el año 2002, si bien no ingresaron en prisión porque ya pasaron allí de forma preventiva entre 2002 y 2007.

Esta estafa bancaria, de unos 800 millones de dólares, desató una crisis de confianza en el sistema financiero de Uruguay en 2002, la peor en la historia del país.

Los banqueros fueron detenidos en agosto 2002 junto con su padre Juan Peirano, quien falleció en la cárcel en el año 2003 mientras esperaba juicio, mientras que su hermano mayor, Juan Peirano Basso, huyó a los EE.UU, que lo extraditó a Uruguay en 2008 y está siendo juzgado por otro tribunal.

Además de la situación de Paraguay, en 2014 la Justicia argentina también había solicitado la extradición de José Peirano Basso por la quiebra del Banco Velox, aunque esta no podía efectuarse hasta tanto el acusado no terminara la condena en Uruguay.

Los hermanos Peirano eran los directores y propietarios del 30 % de las acciones del Grupo Peirano, mientras que su padre poseía el 70 % restante.

En el exterior, era propietario del Trade & Commerce Bank, de las Islas de Gran Caimán, en quiebra y liquidado, y del Grupo Velox argentino. En Paraguay adquirieron en 1989 el Deutsche Bank, que pasó a denominarse Alemán, las financieras Fondos de Inversiones Guaraní, Velox Inversiones, Sociedad de Bolsa y Garantías, Planeamiento Financiero y Pensiones.

Además, también eran propietarios de empresas bancarias en Chile y Brasil, como también de cadenas de supermercados en Argentina.

La Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) puso en marcha un despliegue de fiscalización sin precedentes sobre el sector del transporte de cargas.

En un esfuerzo conjunto con la Dirección Nacional de Transporte (DINATRAN), equipos de inspectores comenzaron a intervenir operativas de logística local, interdepartamental e internacional con el objetivo de garantizar que cada kilómetro recorrido esté debidamente respaldado ante el fisco.

En los procedimientos realizados se controló el cumplimiento de obligaciones formales, como el estado del RUC, la actualización de los datos declarados en el RUC, la exhibición de la Constancia del RUC y la posesión de comprobantes de venta con timbrado vigente, así como el control de los requisitos preimpresos y del llenado de estos.

Según informaron, esta primera fase de controles in situ está siendo ejecutada por la Coordinación de Operaciones Especiales (COE) Jeroviaha, brazo operativo de la Gerencia General de Impuestos Internos.

Instan a los contribuyentes dedicados a este rubro al cumplimiento de las normas tributarias vigentes.

De acuerdo con el balance institucional, una sola llamada puede alertar sobre varios afectados y distintos tipos de vulneración. Del total de comunicaciones, 249 fueron realizadas por familiares y 140 por agentes comunitarios, entre ellos docentes, vecinos y profesionales de salud. Además, en 27 casos fueron los propios niños y adolescentes quienes solicitaron asistencia.

La violación del deber de cuidado encabezó la lista de situaciones denunciadas, con 459 reportes. También se registraron 406 casos de maltrato y 192 situaciones de riesgo social relacionadas con pobreza extrema o falta de atención médica.

El informe agrega que fueron contabilizados 125 casos de niños y adolescentes en situación de calle y 102 denuncias de presunto abuso sexual.

Central y Asunción concentran más reportes

En cuanto a la distribución geográfica, el departamento Central registró la mayor cantidad de denuncias, con 266 casos, seguido de Asunción con 113 e Itapúa con 38 reportes. Por otro lado, Alto Paraguay y Boquerón presentaron la menor incidencia, con un caso cada uno.

Según los datos del Minna, 595 de los afectados corresponden al sexo femenino y 515 al masculino. La institución señaló además que el grupo más vulnerable sigue siendo el de la primera infancia.

Tras cada denuncia, el Minna realizó derivaciones a instituciones del Sistema de Protección Integral, principalmente al Ministerio Público, Ministerio de la Defensa Pública y las CODENI locales, con el objetivo de garantizar la protección y restitución de derechos.

Finalmente, la institución recordó que la protección de la niñez es una responsabilidad compartida e instó a denunciar cualquier situación de violencia o vulneración de derechos a través de la línea 147 Fono Ayuda, el 911 de la Policía Nacional o el 133 de la Defensa Pública.

Uno de los principales factores de riesgo sigue siendo el consumo de alcohol al volante. En ese sentido, las autoridades recomendaron designar un conductor responsable o utilizar medios alternativos de traslado en caso de ingerir bebidas alcohólicas.

Las sanciones por conducir bajo los efectos del alcohol varían según el nivel detectado. Las multas van desde tres jornales mínimos diarios, equivalentes a G. 334.506, para niveles de 0,001 a 0,199 mg/l, hasta diez jornales mínimos diarios, unos G. 1.115.020, para niveles entre 0,200 y 0,250 mg/l.

A partir de 0,251 mg/l, la sanción asciende a veinte jornales mínimos diarios, equivalentes a G. 2.230.040. Además, cuando el resultado supera los 0,400 mg/l, los antecedentes son remitidos al Ministerio Público para el procedimiento judicial correspondiente.

La institución también recordó la importancia de respetar los límites de velocidad para prevenir siniestros viales, especialmente en rutas con alta circulación. La Ley Nacional de Tránsito y Seguridad Vial N.º 5016/14 establece que todo conductor debe adecuar su velocidad a las condiciones del camino, del clima y del vehículo.

Exceder los límites permitidos puede derivar en multas que oscilan entre G. 430.508 y G. 1.115.020, dependiendo de la gravedad de la infracción.

Antes de emprender un viaje, la Patrulla Caminera recomienda verificar el estado general del vehículo, especialmente frenos, neumáticos, luces, limpiaparabrisas y niveles de aceite y refrigerante.

Asimismo, recordó que todos los ocupantes deben utilizar correctamente el cinturón de seguridad, mientras que los motociclistas deben portar casco protector y chaleco reflectivo.

Controles y asistencia en rutas

La Patrulla Caminera informó que mantendrá controles preventivos y patrullajes permanentes en distintos puntos del país durante los días festivos, con el objetivo de ordenar el tránsito y reforzar la seguridad vial.

Finalmente, el MOPC exhortó a la ciudadanía a conducir con responsabilidad, descansar adecuadamente antes de viajar y evitar maniobras imprudentes, recordando que una conducción segura contribuye a proteger la vida propia y la de los demás usuarios de las rutas nacionales.