En entrevista con el canal GEN, la legisladora Rocío Vallejo indicó que el Poder Ejecutivo debe retirar su proyecto de Ley que establece penas carcelarias por vacunación vip y multas por violación de las disposiciones sanitarias, y presentar otra iniciativa diferente.

La congresista aseguró que la propuesta es completamente inaplicable e innecesaria. “No podemos permitir más aprobar leyes que no pueden ser aplicadas”, agregó.

Entre los “vicios” del planteamiento, según citó la legisladora, figura que no se puede autorizar un allanamiento por medios telemáticos, no existe una estructura suficiente para aplicar la normativa y demás la misma no prevé un castigo penal al que recibe la vacuna.

Respecto a la sanción penal a los funcionarios infieles de Salud que vacunan irregularmente, la entrevistada advirtió que con esta propuesta incluso los mismos podrían no ser excluidos del Ministerio. En ese sentido explicó que el sumario administrativo se suspende a la resulta del proceso penal, el cual puede terminar en un sobreseimiento definitivo al hacer alguna donación de leche o lo que considere la Fiscalía. Con ese resultado, el funcionario desleal puede ir a su trabajo y pedir librarse de la sanción administrativa al obtener a su favor el beneficio de la justicia.

Al parecer de Vallejo, las autoridades del Poder Ejecutivo deben abocarse a mejorar su gestión y así recuperar la confianza de la ciudadanía, y no seguir con el garrote. “Acá el Gobierno debe recuperar la credibilidad de la gente. Debe hacerlo con gestión, como el intendente de Villa Elisa, que no era conocido y se hizo conocer por su gestión”, puntualizó.

El Crio. José Luis Noguera Orrego, asignado a la jefatura policial del Ministerio Público, participó del evento “El PAcCto 2.0″ en Panamá, durante el cual, según la denuncia, acosó a una funcionaria de la delegación y hasta la manoseó.

Al respecto, el Ministerio Público comunicó que el comisario pertenece a los cuadros de la Policía Nacional, por lo tanto, la que debe brindar atención es la institución policial.

La Fiscalía reconoce que una nota “descriptiva” del hecho fue enviada el 18 de abril pasado al embajador de la Unión Europea y, posteriormente, de la UE al Ministerio Público, a través de Relaciones Exteriores.

A esta notificación “se dio atención positiva el mismo día”, mediante la remisión de los antecedentes a la Comandancia de la Policía. Todo lo realizado fue nuevamente comunicado a la UE.

Ante esto, la Comandancia derivó el caso a la división de Asuntos Internos para la implementación de medidas legales. La Fiscalía anuncia que se mantendrá atenta a nuevas peticiones y a la propia denunciante.

La victima fue identificada como Jorge Manuel Medina, quien contaba con antecedentes por violencia familiar y robo agravado en el año 2018.

Medina se encontraba en el patio de su casa al momento en que irrumpieron dos hombres encapuchados a bordo de una motocicleta.

Intuyendo la intención de los extraños, el hombre corrió hacia su habitación, pero lo alcanzaron y comenzaron a realizar disparos con arma de fuego.

El asesinato se verificó a las 00:30 de hoy, martes en 35 Proyectadas y Napoleón Ortigoza, del barrio San Ignacio de la capital. Los intervinientes levantaron algunas imágenes de de circuitos de cámaras de la zona, para intentar llegar hasta los criminales. Se estima que el crimen se encuadra dentro del esquema de “ajuste de cuentas” entre madinales, principalmente ligados al tráfico de estupefacientes.

Este nuevo episodio se verifica luego de varios meses de “paz” instaurada después del desmantelamiento del clan Rotela en la cárcel de Tacumbù, que desde el reclusorio controlana episodios de sicariatos en barrios de bañados de Asunción. Si bien los casos criminales se redujeron drásticamente en la zona, las autoridades policiales sostienen que quedaron varios elementos dispersos de la pandilla Rotela.

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El ministro de Urbanismo, Juan Carlos Baruja, habló del tercer desembolso de Taiwán para las viviendas destinadas a las parcialidades indígenas y explicó de qué manera se trabaja con las demás instituciones.

“Este es in trabajo integral en equipo. Antes se reducía a la distribución de tierra, pero para poder generar arraigo, se necesitan las viviendas. A nosotros nos aboca la provisión de una vivienda digna”, expresó Baruja, en una entrevista con el canal Gen-Nación Media.

Por su parte, el INDI se encarga de informar cuáles son las comunidades con mayor necesidad habitacional y en base a eso, se establece un parámetro de prioridades.

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Además, el diseño de las viviendas se realiza en base a las costumbres y a la cultura, conforme a los conceptos y criterios del INDI. Una vez aprobados, se procede a la ejecución.

“Es un abordaje integral, no es simplemente la construcción de vivienda, sino el entorno los accesos, los conceptos de educación, de salud, para que el arraigo se genere en estas comunidades”, indicó el ministro.

Todos los ministerios y secretarías, entre ellos, Niñez, están incluidos en la misión de que las comunidades indígenas permanezcan en sus tierras y no tengan la necesidad de deambular por la capital en busca de atención.

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