Bajo el acuerdo operativo firmado por ambos socios de la Itaipú Binacional, la ANDE contrata casi el 52 % de energía garantizada que necesita, mientras que, el 48 % restante es la energía excedente, la cual, cuesta casi cinco veces menos. El precio de la energía garantizada es de USD 32, y el excedente, apenas llega a los USD 6.

Si el documento que vence a fin de año, no se renueva o negocia en alguno de sus componentes, Paraguay tendrá que modificar su forma de contratación y duplicar la energía garantizada contratada.

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Así lo explicó el ex gerente técnico de la ANDE, Fabián Cáceres, quien advirtió de la necesidad de renovar cuanto antes dicho acuerdo.

“Esto puede afectar en los costos de compra de energía de Itaipú, entonces, una de las prioridades que tiene la ANDE para el 2024 es negociar ese acuerdo operativo para ver la posibilidad de renovación”, opinó Cáceres, en una entrevista con radio Universo 970 AM – Nación Media.

Los beneficios del acuerdo son: la posibilidad de traer todos los excedentes generados (a USD 6 el Kw) y entrar al contrato de la ex Eletrobras en ciertos horarios de demanda máxima, lo cual permite que la ANDE contrate en niveles inferiores.

“La ANDE va a tener que contratar más de esa energía cara y hay que ver a qué precio queda, porque, así como están las cosas, la tarifa probablemente va a disminuir el año que viene”, señaló.

Para Cáceres, la ANDE ya se encuentra en una situación financiera complicada, por lo tanto, si el acuerdo llega a vencer, tendrá que analizar reajustes en la tarifa al público, pues, no tiene otra forma de financiar sus necesidades, fuera de la tarifa misma.

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Zárate Jiménez, de 29 años, fue capturado el pasado miércoles en la madrugada durante un operativo en el barrio Virgen del Carmen de Katueté, departamento de Canindeyú. El fiscal solicitó al juzgado que ordene la prisión preventiva del imputado.

La imputación detalla que Zárate Jiménez, desde el 22 de junio de 2024 y en un período anterior, habría formado parte de la estructura delictiva liderada por Acosta. Este grupo se dedicaría a la producción, acopio y tráfico ilícito de sustancias estupefacientes a nivel nacional e internacional.

El 22 de junio de 2024, alrededor de las 07:25 horas, en una vivienda ubicada en la compañía Karupera II, distrito de Yby Pytâ, Zárate Jiménez habría estado en posesión de presunta marihuana.

Entre los elementos de sospecha arrimados por el Ministerio Público contra el detenido, se encuentran 24 fardos incautados, que contenían 238,415 kilogramos de presunta marihuana prensada.

Los fiscales especializados en Delitos Económicos y Anticorrupción, Belinda Bobadilla, Jorge Arce y Leonardi Guerrero, presentaron imputación contra magistrados y funcionarios de Juzgados de Paz de Asunción.

La imputación abarca a los actuarios judiciales, como presuntos cómplices en el prevaricato, producción y uso de documentos públicos de contenido falso, así como a los ujieres notificadores de los juzgados de Paz de La Encarnación, La Recoleta, Catedral del 2do. turno y San Roque.

Se identificaron numerosas inconsistencias, como notificaciones supuestamente realizadas por ujieres en la misma fecha y horario, incluso en ciudades diferentes, así como mandamientos diligenciados por oficiales de justicia en condiciones similares.

Los jueces habrían dictado resoluciones fraudulentas beneficiando a empresas actoras, especialmente de cobranzas, incluso cuando sabían que las notificaciones para reconocer firmas y oponer excepciones no se habían realizado. En muchos casos, los procesos avanzaban hasta llegar a sentencias definitivas de remate y embargos con descuentos compulsivos de salarios.

Los actuarios, por su parte, habrían contribuido elevando informes procesales indicando falsamente el cumplimiento de notificaciones, aun cuando estas coincidían en tiempo y espacio imposibles o incluso eran notificadas en días inhábiles.

Abogados vinculados habrían instado el avance de procesos, pese a conocer que las diligencias no se realizaron conforme a la ley, afectando garantías como el derecho a la defensa y el principio de igualdad procesal.

Ujieres y oficiales de Justicia habrían reportado falsamente la realización de diligencias que, en los hechos, no ocurrieron.

En una ceremonia celebrada en la sede del ministerio, el ministro Nicora destacó las cualidades y la experiencia del nuevo viceministro, quien asume en vacancia del cargo de Víctor Benítez.

“La incorporación del doctor Maciel fortalece a la Institución, siendo un abogado de excelencia, graduado con honores, de una vasta experiencia en el sistema penitenciario, calidad humana sobresaliente y, por sobre todo, de buenos principios y valores”, señaló.

Además, subrayó que Maciel Guerreño se une al ministerio en un momento crucial para la política criminal del país, dada la importancia de afrontar los desafíos actuales en el sistema de justicia desde el Nuevo Modelo de Gestión y la necesidad de implementar estrategias efectivas que promuevan el respeto a los derechos humanos y la seguridad de la ciudadanía.

Por su parte, el nuevo viceministro Maciel, se comprometió a aportar su experiencia y visión innovadora para enfrentar los retos que representa la política criminal en Paraguay y defender un enfoque que priorice la justicia y la legalidad.

Resalta la trayectoria de Rubén Maciel Guerreño. Abogado de profesión, con una sólida formación académica y una vasta experiencia en el ámbito del derecho penal, lo que lo posiciona como un profesional idóneo para asumir el rol de viceministro de Política Criminal del Ministerio de Justicia, cargo que ya ocupó del 2020 al 2022. Su compromiso con la justicia, son garantía de su desempeño en este importante cargo.