En entrevista con la radio 650 AM, el ministro Emilio Fuster indicó que tomaron conocimiento de la irregularidad que está ocurriendo con respecto a la venta de combustible traído ilegalmente de la Argentina, donde los precios están muy bajos comparados con los de Paraguay.

“Hemos advertido y tomado intervención. Han desaparecido (los vendedores informales) por unos días y ahora penosamente volvieron y vamos a contraatacar con todo, porque no está permitido vender productos ilegales”, refirió la autoridad anticontrabando.

Fuster argumentó que por el precio se hace atractivo este tipo de negocio, pero reiteró es una infracción aduanera y por ende se puede incautar el producto.

Sobre la problemática actual indicó que dependen mucho de Argentina y Brasil, porque su devaluación de la moneda seduce mucho a los contrabandistas y socialmente es aceptado el contrabando y en todos los estratos termina permeando. “Vemos camionetas lujosas que compran combustible ilegal. Estamos trabajando para dar con financistas del contrabando para cortar el oxígeno y no ver más al último eslabón que vende los productos en la calle“, prometió.

El incremento del precio del combustible y la nula intervención de las instituciones que deberían luchar contra el contrabando fueron propicios para que las zonas de Falcón, Nanawa y Remansito estén minadas de puestos de venta irregular de combustible, según constató el equipo de investigación del Grupo Nación.

Con precios que giran en torno a los G. 5.000 el precio del die­sel y entre G. 5.500 a G. 6.000 el precio de la nafta, los vendedo­res reciben diariamente a una incontable cantidad de moto­cicletas y vehículos, incluso de alta gama, que llegan hasta sus puestos y reciben la carga de combustible en bidones de cinco y veinte litros.

La alta demanda hace que alrededor del mediodía ya no quede ni una gota de nafta, die­sel o gasoil; algunos vendedo­res reponen su stock, mientras que otros prometen que conta­rán recién con combustible al día siguiente y hasta reciben pedidos de cientos de litros, incluso para llenar el tanque de un camión de 800 litros.

En Falcón la venta de combustible de contrabando se da con total normalidad. La zona es supuestamente objeto de control por la UIC; sin embargo, automóviles y motocicletas se quedan uno tras otro al costado de la ruta a cargar sus tanques y lo hacen con total normalidad, en plena luz del día y a la vista de todos. Esto forma parte de la nueva normalidad, mientras las instituciones tienen los ojos vendados.

En bidones de 20 litros, y con la ayuda de embudos y mangue­ras, los vendedores cargan los combustibles a los vehículos. En este caso, en la zona de Nanawa, había puestos de venta uno tras otro y los clientes no paraban de llegar. Los precios de la nafta súper 97 van desde G. 5.500 a G. 6.000 el litro, y debido al octanaje es uno de los productos con mayor demanda y que se acaba con mayor rapidez.

Bajo el lema “Castrar también es cuidar”, la institución estatal anunció esta medida como parte de sus acciones para promover el bienestar animal y facilitar el acceso a servicios veterinarios esenciales a sectores con mayores necesidades socioeconómicas.

Las solicitudes para agendar las citas deben enviarse por correo electrónico a la dirección habilitada: castraciones@bienestaranimal.gov.py, mediante la cual los interesados podrán gestionar el turno para la intervención quirúrgica de sus mascotas.

Desde el organismo recalcaron su compromiso para evitar que las limitaciones financieras representen una barrera a la hora de garantizar protección, salud y una vida digna a las mascotas, asegurando que la tenencia responsable y el control poblacional ético deben ser accesibles para toda la sociedad.

La campaña está orientada a familias de escasos recursos con gatos y perros.

A partir de hoy, los interesados en becas para hacer maestrías, doctorados, posdoctorados, especializaciones y movilidad de grado en el exterior y para renovación de cursos de idiomas en Paraguay, a través del Programa Nacional de Becas “Carlos Antonio López” (BECAL) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Para iniciar el trámite, los interesados deben crear un usuario en la plataforma digital del CONACYT y completar las secciones requeridas, comenzando por los datos personales y la validación de la declaración jurada. Posteriormente, se deberán adjuntar en formato digital los documentos exigidos.

Las autoridades del programa recuerdan a los postulantes la importancia de no dejar el trámite para el último momento para evitar inconvenientes técnicos o imprevistos con la documentación. Además, aclaran que la omisión o falsificación de datos derivará en la exclusión directa del proceso o en la revocación del beneficio en caso de adjudicación.

Para consultas metodológicas o dudas sobre el proceso, los aspirantes pueden contactar a la organización vía correo electrónico a consultasbecal@mef.gov.py.

El juez penal de garantías Rodrigo Estigarribia dispone la prisión preventiva de Dionisio Manuel Cáceres Cabrera, alias Chiqui. La imputación fiscal atribuye al procesado los hechos de tráfico internacional de drogas, comercialización y asociación criminal dentro del caso denominado Nexus.

Nota relacionada: Detienen en Itacurubí a exsecretario de Sebastián Marset

Cáceres, de 38 años, permanecía prófugo y con declaración de rebeldía desde febrero. Agentes del Departamento Antinarcóticos de la Policía lo detienen en la ciudad de Itacurubí de la Cordillera. Tras la aprehensión, el magistrado extingue el estado de rebeldía.

Durante la audiencia de imposición de medidas, la defensa del imputado solicita el arresto domiciliario con tobillera electrónica y ofrece una fianza real. Sin embargo, el juez rechaza el pedido por el alto peligro de fuga, la posibilidad de obstrucción de las pesquisas y la elevada expectativa de pena, la cual supera los 15 años de cárcel.

Según la investigación de la fiscala Ingrid Cubilla, Dionisio Cáceres cumplía funciones de secretario y operador logístico de Sebastián Marset. El imputado negociaba la compra de drogas, coordinaba el transporte de los cargamentos y facilitaba la venta de la mercadería. La Fiscalía sostiene que la pareja del procesado y su hermano administraban comercios para ingresar el dinero ilícito al sistema legal.