En coincidencia con el aniversario de los 34 años de la caída de la dictadura, el 2 de febrero a las 18:30 hs. se presentará el libro Ventanas Abiertas. Informe de la Comisión de Verdad y Justicia sobre la dictadura en Paraguay 1954 – 1989. Versión esencial, con el objetivo de rescatar y difundir información sobre las violaciones de derechos humanos durante el régimen militar de Alfredo Stroessner.

El Abog. Hugo Valiente, investigador de la Codehupy, mencionó a la radio Universo que el libro presenta un resumen del informe de la Comisión de Verdad y Justicia, en un formato de narrativa visual (comics) que pretende impactar en la población joven.

“El objetivo es acercar esa lucha de resistencia a una generación que nació en el periodo posdictatorial, de gente de 35 años para abajo, que está expuesta a discursos negacionistas o nostálgicos reivindicadores de la dictadura”, expuso.

Valiente indicó que la información estará disponible en formato impreso, en una plataforma y redes sociales, además de una guía pedagógica para que los docentes puedan utilizar en sus aulas.

“Es una historia que hay que recuperar y reivindicar la gesta heroica de lucha contra la dictadura, no hay que olvidar eso”, desarrolló el entrevistado.

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Ventanas Abiertas, iniciativa impulsada por la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy) y la Fábrica Memética, condensa información imprescindible del Informe Final, compuesto por ocho tomos, que la Comisión de Verdad y Justicia (CVJ) —órgano creado por el Estado para investigar los crímenes cometidos por el Estado durante la dictadura— publicó en agosto de 2008.

Ventanas Abiertas busca resignificar el pasado para cambiar el presente y el futuro, tomando la muletilla de los nostálgicos del autoritarismo que repetían que en tiempos del stronismo «se dormía con las ventanas abiertas». Con este libro se pretende abrir y mantener abiertas las ventanas, para que alumbren y permitan mirar a las nuevas generaciones lo que ocurrió en el pasado, para evitar que se repita en el futuro.

“Una ventana abierta no solamente se abre generosamente a la mirada exterior, también permite el ingreso de la luz y el aire, dos elementos fundamentales para la vida.”, escribió en el prólogo el Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia y la reparación de las Naciones Unidas, Fabián Salvioli.

La creación de la Comisión de Verdad y Justicia (CVJ) fue una de las medidas adoptadas de mayor relevancia e impacto para saldar las cuentas pendientes del pasado autoritario. El Informe Final. Anive haĝuã oiko fue entregado a los presidentes de los tres poderes del Estado.

Se trata del documento oficial más importante sobre los crímenes de la dictadura de 1954 a 1989. Sin embargo, su difusión fue deficiente y por eso, quince años después, se apostó a rescatar el contenido esencial mediante 21 artículos con contenido narrativo sobre patrones, contextos, secuencias históricas; 10 casos emblemáticos de luchas y resistencias, narrados como historias gráficas (cómics); 7 fichas infográficas de sitios de represión; y 11 infografías con datos duros, a través de diagramas, mapas, líneas de tiempo y más.

Todo el contenido se interconecta entre sí, incluyendo recursos para navegar dentro del mismo libro y por enlaces externos accesibles desde códigos QR, permitiendo a la audiencia descubrir información relacionada con la mayor libertad posible.

Participación de protagonistas

Del evento de presentación participarán numerosas personas que fueron víctimas directas o indirectas de la dictadura en distintos momentos de los 35 años que duró. Muchas y muchos de ellos son protagonistas de historias emblemáticas, como el caso Caaguazú o la represión en Costa Rosado. Estará también Apolonia Flores, quien el año pasado fue distinguida por su lucha contra la dictadura con el Premio Dignidad a la Trayectoria.

Las personas presentes podrán conversar con ellos, intercambiar y compartir en torno a la presentación de este esfuerzo por el rescate de la memoria.

Ese día, se distribuirá el material de forma gratuita a los presentes. Ventanas Abiertas fue elaborado en el marco del proyecto “Ñamombarete Yvypóra Derécho Paraguáipe” con el apoyo de Diakonia y la Unión Europea.

Los padres de la pequeña Jazmín, una bebé de 6 meses, acudieron esta mañana a la Fiscalía de Encarnación en compañía de su abogada para formalizar una denuncia por presunta negligencia médica.

De acuerdo al informe de la corresponsal de Nación Media, Rocío Gómez, los mismos acusan a los médicos del Hospital Pediátrico Municipal de haber sido responsables de la muerte de su pequeña hija, luego de llevarla allí para recibir atención médica.

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Según el relato, habían acudido a este centro asistencial el pasado 6 de abril debido a que la menor presentaba un cuadro de vómito y fiebre alta. Al ser atendida por el personal del blanco, le administraron una inyección buscando mejorar su condición.

Luego de aproximadamente 40 minutos, tiempo estimado para que el medicamento haga efecto, los mandaron nuevamente a casa. Al llegar a la vivienda, se percataron que su hija ya no respiraba, por lo que rápidamente volvieron al hospital.

“Llegamos corriendo y le metieron a urgencias, le hicieron la reanimación, la doctora llamaba a todos lados. Después le liaron (con una sábana) y ya le llevaron en la morgue. Nada no me dijeron”, afirmó Analía Acevedo, madre de la pequeña Jazmín.

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La misma asegura que su hija era una bebé sana, consumía solo lecha materna y tenía todas sus vacunas al día, además de que la sometían a controles clínicos de forma periódica. Por ello, les extraña la forma en que se produjo el deceso.

Los padres esperan que el Ministerio Público dé seguimiento a su denuncia y se encargue de hacer las diligencias pertinentes, a modo de dilucidar en qué circunstancias se produjo la muerte de su hija.

En conversación con periodistas, Javier Fernández, asesor jurídico de la administradora de electricidad estatal, indicó que la operación se encuadra en el plan de lucha contra la piratería eléctrica, que ocasiona ingentes pérdidas al ente.

“Procedimos al corte de las conexiones directas que se daban a través de los conductores principales dejando el lugar sin energía eléctrica, posterior de ello conversamos con los directivos del asentamiento y nos dijeron que se van a acercar a las autoridades para ver si encuentran una solución para que se les pueda proveer del servicio”, expresó el funcionario.

Dijo que son más de 200 personas los ocupantes el inmueble de manera irregular, y que estaban conectados a la red eléctrica de maneera ilegal.

“Nos acercaron un mapa donde se encontraban supuestamente las viviendas de los funcionarios de la ANDE (presuntos autores de la piratería colectiva). En algunos casos si encontramos efectivamente viviendas, pero no pudimos identificar a los dueños, pero sí pudimos constatar que estaban conectados directamente. Según declaraciones de los vecinos serían realmente funcionarios de la ANDE, pero no nos consta eso. En otros puntos que teníamos localizados se trataron de patios baldíos, por lo que no correspondía la denuncia que se hizo”, acotó.

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En la jornada de ayer, una comitiva fiscal y policial encabezó una serie de allanamientos en la ciudad de Minga Guazú, departamento de Alto Paraná.

Dichas diligencias se llevaron a cabo en el marco de la investigación abierta tras la denuncia de explotación a menores de edad por parte de supuestas monjas pertenecientes a la que denominan como Congregación “Hijas de la Virgen de Caacupé”.

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Las autoridades están tras los pasos de una falsa religiosa imputada por trata de personas, identificada como Rufina Salinas Acuña (54), quien permanece en calidad de prófuga.

Los allanamientos, a cargo de los fiscales Vivian Coronel, Luis Trinidad y Diana Gómez, resultaron infructuosos, puesto que no lograron hallar a la mujer en ninguna de las viviendas visitadas.

Pese a ello, encontraron algunas evidencias que hacen suponer que Salinas estuvo en uno de estos lugares el día anterior, de acuerdo al informe del diario La Clave.

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En uno de los domicilios intervenidos, constataron la presencia de un adolescente en estado de abandono y con una enfermedad, quien es hijo de la propietaria. La misma será investigada igualmente por la Fiscalía en otra causa penal.

Rufina Salinas Acuña fue imputada junto con Olga Bogado Cubas (quienes se presentaban como religiosas) luego de haber sido denunciadas por una adolescente de 14 años, quien las acusó de someterla a trabajos forzosos, además de maltratos físicos y psicológicos.