En charla con radio Ñanduti, Graciela Barreto, de la Secretaría Nacional Antidrogas, explicó que una sustancia puede considerarse droga social cuando la percepción social lo ve normal, tal como se pretende hacer con el alcohol. Contó que algunas incluso están tipificadas dentro de las culturas, porque se hace uso de las mismas en los ritos religiosos, como el vino.

Al consultársele sobre si la cocaína puede etiquetarse en ese apartado, indicó que “claro que no es social, es una de las drogas más peligrosas que tenemos y que te lleva a una enfermedad mental”.

Comentó que no se puede calificarla en ese aspecto solamente por una cuestión comercial, ya que forma parte de un gran negocio. “De ninguna manera, ninguna droga que perjudica el organismo puede llegar a ser social”, lanzó.

“Esa rayita que no parece nada, lo que tiene es demasiado dañino. No podemos posicionarla una droga social”, consideró.

En cuanto a las situaciones más llamativas que observó al estar al frente de su dependencia, Barreto contó que ve en adolescentes de la frontera el uso excesivo de pastillas metanfetaminas, que estimulan, deshidratan y comprometen el corazón.

“Vi en otros lugares cuando tienen sensación de sed, pero el agua está más cara, entonces corre éxtasis. Cuando la desesperación es tan grande por la sed, tiran la cadena y toman agua del inodoro”, lamentó.

La entrevistada resaltó que la franja etaria de mayor riesgo es la que está comprendida entre 14 y 19 años de edad. Calificó que es el limbo en cuanto a las drogas, ante la falta de control.

La recomendación a las familias que notan que sus hijos consumen algún tipo de sustancia ilegal, es que no se niegue el problema y que se busquen grupos de ayuda.

Por otra parte, se mostró a favor de la autorización del aceite de cannabis para tratar a pacientes que sufren de epilepsia refractaria. “Si eso sirve para aminorar la convulsión, sirve”, celebró.

En conversación con periodistas, Javier Fernández, asesor jurídico de la administradora de electricidad estatal, indicó que la operación se encuadra en el plan de lucha contra la piratería eléctrica, que ocasiona ingentes pérdidas al ente.

“Procedimos al corte de las conexiones directas que se daban a través de los conductores principales dejando el lugar sin energía eléctrica, posterior de ello conversamos con los directivos del asentamiento y nos dijeron que se van a acercar a las autoridades para ver si encuentran una solución para que se les pueda proveer del servicio”, expresó el funcionario.

Dijo que son más de 200 personas los ocupantes el inmueble de manera irregular, y que estaban conectados a la red eléctrica de maneera ilegal.

“Nos acercaron un mapa donde se encontraban supuestamente las viviendas de los funcionarios de la ANDE (presuntos autores de la piratería colectiva). En algunos casos si encontramos efectivamente viviendas, pero no pudimos identificar a los dueños, pero sí pudimos constatar que estaban conectados directamente. Según declaraciones de los vecinos serían realmente funcionarios de la ANDE, pero no nos consta eso. En otros puntos que teníamos localizados se trataron de patios baldíos, por lo que no correspondía la denuncia que se hizo”, acotó.

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Con esto quedan sin efectos las demandas por difamación y calumnia, que tenían dichos actores políticos, que se sumergieron en una seguidilla de acusaciones verbales en las que resaltaban, en gran parte, alusiones a cuestiones íntimas.

La “guerra” la había desatado la parlamentaria liberal, que en redes sociales afirmó una supuesta relación extramatrimonial qué afectaba al jefe comunal asunceno, ademàs de que supuestamente Nenecho consumía drogas. La réplica de este se tradujo en un comentario que aludía a la presunta relación íntima que mantuvo con Amarilla. En idas y venidas de epítetos, ingresó luego la senadora Valiente, demandando a su colega por difamaciòn.

Cuando todo indicaba que las querellas llegarían a instancia de definición en el ámbito judicial, amistades comunes de los implicados intermediaron para llegar a conciliación.

Cabe indicar que entre las exigencias de resarcimientos, había requerimientos de fuertes sumas de dinero como reparación ante daño moral. Uno de estos montos era de indemnización de hasta 1000 millones de guaraníes.

Por otro lado cabe indicar que la senadora Amarilla se vio de nuevo envuelta en un fuerte cruce de acusaciones en el seno del parlamento. Está vez con su colega Javier Zacarías Irún, de quien dijo, habría utilizado fondos públicos para pagar estudios de su hijo en el exterior. El aludido reaccionó desmintiendo la acusación y retrucando que la legisladora se enriqueció ilícitamente gracias a almuerzo y merienda escolar.

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En la jornada de ayer, una comitiva fiscal y policial encabezó una serie de allanamientos en la ciudad de Minga Guazú, departamento de Alto Paraná.

Dichas diligencias se llevaron a cabo en el marco de la investigación abierta tras la denuncia de explotación a menores de edad por parte de supuestas monjas pertenecientes a la que denominan como Congregación “Hijas de la Virgen de Caacupé”.

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Las autoridades están tras los pasos de una falsa religiosa imputada por trata de personas, identificada como Rufina Salinas Acuña (54), quien permanece en calidad de prófuga.

Los allanamientos, a cargo de los fiscales Vivian Coronel, Luis Trinidad y Diana Gómez, resultaron infructuosos, puesto que no lograron hallar a la mujer en ninguna de las viviendas visitadas.

Pese a ello, encontraron algunas evidencias que hacen suponer que Salinas estuvo en uno de estos lugares el día anterior, de acuerdo al informe del diario La Clave.

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En uno de los domicilios intervenidos, constataron la presencia de un adolescente en estado de abandono y con una enfermedad, quien es hijo de la propietaria. La misma será investigada igualmente por la Fiscalía en otra causa penal.

Rufina Salinas Acuña fue imputada junto con Olga Bogado Cubas (quienes se presentaban como religiosas) luego de haber sido denunciadas por una adolescente de 14 años, quien las acusó de someterla a trabajos forzosos, además de maltratos físicos y psicológicos.