En entrevista con la 970 AM, Granada Salaberry habló sobre el proyecto de modificación del Art. 19 del Código Penal Paraguayo presentado por el diputado liberal Édgar Ortiz y que pretende evitar que una persona que mate a un delincuente en legítima defensa sea imputado o termine preso.

Sobre este punto, recordó que generalmente el legislador toma la inquietud de la ciudadanía y la plantea a través de una propuesta, tal y como sucede en este caso en el que una gran parte de la población ha manifestado su preocupación por el aumento de los hechos delictivos.

Pese a ello, aseguró que “el Código Penal es muy bueno” y, por ende, considera como innecesario que se plantee alguna modificación en la normativa vigente actualmente.

“Si de alguna manera la aplicación no es entendida por los operadores de justicia o la sociedad reclama otro tipo de respuestas al Código Penal, es necesario sentarse a dialogar sin necesidad de agredir o imponer a la fuerza criterios”, afirmó.

El abogado penalista confirmó que efectivamente existe un aumento en la criminalidad que se refleja en las situaciones que vemos a diario, por ello suele haber una reacción de las personas que intentan defenderse, en varios casos inclusive una vez terminado el ataque cuando van en busca del asaltante y hacen “justicia por mano propia”.

A su criterio, la defensa deja de ser legítima una vez que termina el ataque y la víctima va tras el delincuente, por ende la persona no puede acogerse a los presupuestos que se consideran en ese tipo de situaciones.

Indistintamente a que se acepte o no el proyecto del diputado Ortiz, considera que es necesario sentarse a dialogar sobre esta cuestión y que se fijen algunas pautas, sobre todo “que los jueces pueden entender cuál es el sentir de la población que es víctima de los delincuentes”.

En otro momento de la entrevista, Granada Salaberry sostuvo que el tema de la legítima defensa “es un problema de aplicación”, coincidiendo con lo que había expresado la exjueza María Carolina Llanes sobre este mismo planteamiento. “Los especialistas en derecho penal coinciden en que el Artículo 19 cumple con todos los requisitos que tiene que tener la legítima defensa, la buena preparación y el buen entendimiento de los jueces es fundamental al respecto”, acotó.

Finalmente, celebró el hecho de que se genera una debate en la sociedad respecto a este tema pues permitirá ver en qué estamos fallando. “Si nos percatamos que la ley está fallando pues bien, cambiémosla”, sentenció.

El procedimiento fue realizado por técnicos de la institución con acompañamiento del Ministerio Público y en cumplimiento de una orden judicial, en el marco de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental y la Ley de Recursos Hídricos del Paraguay.

Durante la inspección, los fiscalizadores verificaron intervenciones dentro de la franja de protección hídrica de la laguna, entre ellas la remoción de suelo para adecuar áreas recreativas y modificaciones del terreno para la construcción de isletas. Según el MADES, estas obras no estaban contempladas en los instrumentos ambientales aprobados.

Además, se detectó una disposición inadecuada de residuos sólidos, como botellas de vidrio, latas y materiales plásticos, depositados en fosas a cielo abierto dentro de sectores con vegetación, lo que representa un potencial riesgo para el ecosistema.

El Ministerio informó que continuará con las diligencias administrativas para determinar las eventuales responsabilidades y aplicar las medidas previstas en la legislación ambiental vigente.

La institución señaló que este tipo de intervenciones busca fortalecer las tareas de fiscalización y garantizar la protección de los recursos naturales mediante el cumplimiento de las normas ambientales.

Inicialmente, el Consorcio Palma había solicitado autorización para retirar 34 ejemplares en el marco del proyecto de revitalización del espacio público. Sin embargo, tras las inspecciones, la Comuna aprobó la remoción de solo 17 árboles dentro de la plaza y otros cinco en sus alrededores.

Según la Dirección General de Gestión Ambiental (DGGA), la decisión responde a que los ejemplares presentan un avanzado deterioro que compromete la seguridad de las personas o corresponden a especies exóticas invasoras.

El director de Gestión Ambiental, Máximo Barreto, señaló que cada árbol fue evaluado de manera individual y aseguró que la prioridad es preservar el patrimonio arbóreo sin descuidar la seguridad de quienes utilizan diariamente la plaza.

Entre los ejemplares autorizados para su remoción figuran cipreses secos, ficus con problemas estructurales y leucaenas, consideradas especies invasoras.

La Comuna recordó que la Plaza Uruguaya cuenta actualmente con 401 árboles y confirmó que todos los ejemplares retirados serán compensados con la plantación de especies nativas, como tarumá, guaviyú, agua’í, ñandypa y araticú, entre otras.

Las nuevas plantaciones se realizarán en la propia Plaza Uruguaya y, una vez cubierta su capacidad, continuarán en otros espacios públicos cercanos, como la Costanera Norte y plazas de la zona.

Los asegurados interesados en utilizar este servicio ya pueden acceder a la plataforma a través del sitio web oficial de la institución, www.portal.ips.gov.py, o remitir sus consultas al correo electrónico institucional habilitado para soporte técnico: subsidiosreposos@ips.gov.py.

El sistema guía al usuario paso a paso durante la carga de la solicitud, facilitando la presentación de los documentos requeridos según la particularidad de cada caso médico y disminuyendo los márgenes de error durante el proceso.

Entre las principales mejoras técnicas se destaca la generación inmediata de un número de trámite, el cual permite al asegurado realizar el seguimiento de su expediente en tiempo real con solo ingresar su número de cédula.

En caso de que la documentación presente algún error o requiera observaciones, el portal detalla de manera específica qué aspectos deben corregirse, lo que evita que el beneficiario tenga que reiniciar todo el trámite desde cero.

Con esta modernización, la previsional apunta a transparentar la gestión de los subsidios económicos y optimizar la respuesta administrativa para este beneficio de la seguridad social.