El subsecretario de Estado manifestó en contacto con 1020 AM, que realizarán controles aleatorios sorpresivos debido a que los choferes, cuando llegaban a las barreras estáticas de supervisión, hacían sentar en el piso a los usuarios para evitar ser multados.

“Se llegó a publicar que los conductores hacían sentar en el suelo a los pasajeros al momento de pasar los lugares de control. Es por eso que usaremos el factor sorpresa en distintas zonas además cambiaremos los horarios de control”, expresó el viceministro.

Indicó al mismo tiempo, que cerca de 40 empresas de transportes fueron multadas por GS 14 millones por incumplimiento.

Asimismo, sostuvo que también realizan el descenso de todos los usuarios que están de más y en caso de que haya una reincidencia por no cumplir con la norma sanitaria, como medida severa se lleva el colectivo al corralón, refirió Britos.

“Yo lamento mucho esa situación porque es bastante incómodo pero se debe cumplir”, enfatizó.

En cuanto a las denuncias, el viceministro relató que a diferencia de los primeros días del inicio de cada fase, hubo una notable disminución.

“Vemos cierta relajación en horarios picos, porque todos quieren regresar a sus hogares”, puntualizó.

El protocolo sanitario establece que el chofer de transporte público tiene permitido llevar todos los pasajeros sentados y un máximo de 10 personas paradas.

El procedimiento encabezado por el fiscal Ysrael Villalba  tuvo lugar en un depósito ubicado en el octavo piso del edificio Golden Asia, del microcentro de Ciudad del Este.  

Los artículos decomisados son juguetes consistentes en máscaras, muñecas, muñecos, transformers, entre otros, de las marcas Marvel, Hasbro y Disney, que totalizaron 13.662 unidades.

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La denuncia sobre el hecho fue radicada por el área de Lucha contra la Piratería y Falsificación de la Dirección Nacional de la Propiedad Intelectual (DINAPI).

En otro operativo similar, realizado también en el centro de la capital del Alto Paraná, la Fiscalía igualmente requisó gran cantidad de cargadores, audífonos, cables y capas de teléfonos celulares presuntamente falsificados. La denuncia en este caso fue presentada por representantes de la marca Apple.

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Todo lo decomisado en ambos procedimientos fue trasladado al depósito del Ministerio Público para su custodia. Mientras tanto, las investigaciones continúan con el objetivo de establecer la responsabilidad de los propietarios de los locales intervenidos.

El procedimiento estuvo encabezado por el agente fiscal Jorge Arce, en prosecución a la investigación y en cumplimiento de un mandamiento judicial que autorizó la entrega vigilada. 

Según la investigación, el funcionario habría solicitado la suma de 1.300.000 guaraníes, para agilizar trámites en el IPS a los efectos de acceder a beneficios jubilatorios.

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El operativo se realizó en una estación de servicio ubicada en Azara esquina Brasil, Asunción, donde en poder del detenido, se incautó la mencionada suma, como también documentos supuestamente expedidos por la Dirección del Registro Civil, con la finalidad de ser utilizados en el citado trámite.

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La víctima menciona en su denuncia que acudió a la Dirección de Jubilaciones del IPS, a fin de solicitar obtener beneficio jubilatorio para su padre, tras el fallecimiento de su madre, ocasión en que el investigado le habría solicitado dinero para iniciar los trámites y poder acceder en el menor tiempo posible a esos haberes.

“Se confunde a la gente. Usan como sofisma los números. La realidad es que el IPS es transparente”, indicó Vicente Bataglia, en conversación con Radio Nacional del Paraguay, al tiempo de agregar que la Previsional está obligada a comunicar todas las operaciones.

“El que de verdad quiere saber lo que hay en el IPS, tiene que entrar a los portales públicos. No hay nada escondido”, subrayó.

Asimismo, dijo que “es mentira que se usan los fondos y que la reserva se va a acabar”, en relación al uso del remanente de rentas de los años 2021 y 2022, correspondiente al Fondo Común de Pensiones.

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Bataglia señaló además que desde el IPS están abiertos a revisión de las cuentas. “Estamos tranquilos, no hacemos nada fuera de la legalidad”, expresó.

La postura de la Previsional al respecto es que la resolución representa una herramienta legal para hacer frente a los pagos de jubilaciones y que, viene siendo utilizada desde el 2020, para paliar el impacto negativo de la pandemia del COVID-19 en los fondos de la institución.

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En ese mismo sentido se pronunció el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, quien aseguró que “no se puede tocar, es ilegal tocar los fondos”.

El mandatario enfatizó que los fondos de los jubilados no están en riesgo y el uso se enmarca dentro de la ley.